- El Plan de Recuperación del Ejecutivo propone "un contrato estable, uno temporal y otro de formación"
- Las medidas en materia laboral irían acompañadas de 2.363 millones de euros hasta 2023
José Moisés Martín, economista, ha sostenido que la primera fase del Plan de Recuperación anunciado por el Gobierno “va en la dirección de las necesidades de la economía española”: innovación digitalización y transición ecológica. Además, ha indicado que las propuestas “están alineadas con las orientaciones que la Unión Europea lleva trasladando a los países desde el año pasado”. “El Plan de Recuperación cumpliría los objetivos acordados con Europa, el problema es cómo se va a ejecutar ese dinero”, ha explicado Moisés, que ha considerado “tan importante” la gestión será tan importante como la planificación. “La música suena bien, pero en la letra pequeña es donde nos la jugamos”, ha declarado en 24 horas de RNE.
El plan presentado consta de 212 medidas, de las que 102 corresponden a reformas y 110 a inversiones. El economista ha explicado que “las inversiones tienen que apoyarse en las reformas y las reformas tienen que hacerse para que las inversiones tengan sentido”. “Bruselas estaba pendiente de una reforma de las pensiones, fiscal y laboral, y es justo en lo que está el Ejecutivo español”, ha destacado.
- Los empleados públicos tendrán que acudir dos días presencialmente, según el acuerdo entre el Ministerio y los sindicatos
- En la España vaciada, los requisitos se flexibilizan con solo un 10 % de asistencia presencial al puesto de trabajo
Sobre los datos del paro que se han publicado este martes se ha pronunciado el Gobierno y todos los partidos. Mientras que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asegura que “poco a poco se ven los efectos de la reactivación” y la diputada de Unidas Podemos, Aina Vidal, pone en valor las medidas tomadas “están dando sus frutos”, la oposición critica al Gobierno y asegura que “estamos en las peores manos posibles”.
Foto: EFE/Prensa PP Génova/David Mudarra
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Marzo arrancó mal, pero la mejora en la segunda parte del mes le ha permitido cerrar como el tercer mejor marzo de la serie histórica, rebajando el umbral de los 4 millones que alcanzó en febrero. Desde septiembre no veíamos una caída del paro, pero los agentes sociales piden prudencia. En lo que respecta a la Seguridad Social, la afiliación media subió en casi 70.800 trabajadores, pero aún no alcanza los 19 millones, porque la mejoría se ha ralentizado con la tercera ola de la pandemia. Foto: EFE
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- El paro bajó en marzo en 59.149 personas, situándose por debajo de los 4 millones, y se creó empleo a menor ritmo
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- La tasa de desempleo española subió 2,5 puntos porcentuales en doce meses solo superada por Lituania (2,9)
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- El vicepresidente de la Comisión Europea espera que se refleje en el plan de recuperación de España
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- La cifra de trabajadores que se reincorporaron desde un ERTE bajó del 70 % de abril a junio al 32 % en el cuarto trimestre
- El Banco de España defiende que ha funcionado bien como mecanismo de ajuste temporal de los costes laborales
El secretario general de UGT en Bankia, Jesús Vázquez, ha mostrado su preocupación en 'Las mañanas de RNE' por las consecuencias laborales que puede tener la fusión entre Bankia y Caixabank. "Presumimos que va a ser el ERE más importante del sector financiero español. Las malas noticias para los trabajadores están aseguradas", ha dicho Vázquez, que confía en que el Estado, como accionista de Bankia, ayude a que todas las salidas de empleados sean voluntarias.
Podría parecer un despropósito que los trabajadores de una empresa soliciten tener una jornada laboral de 80 horas semanales, pero ese es el deseo de muchos empleados de Goldman Sachs, que, según unaencuesta interna filtrada en redes sociales, se acercan en el mejor de los casos a las 95 horas a la semana.
Muchos de los trabajadores de la firma aseguran que el estrés que les genera el trabajo les impide conciliar el sueño y duermen unas tres horas de media, algo que ya se daba durante la pandemia, pero que ahora se ha agudizado.
Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Washington, Fran Sevilla
La Coordinadora Estatal de Personal Público (CEPPT) ha convocado manifestaciones en varias ciudades españolas para reclamar "que se cumpla la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia del 19 de marzo de 2020 en la que se señala que estamos en abuso de temporalidad". Una temporalidad que llega, aseguran, "al 30%", lo que afecta a "alrededor de un millón de trabajadores, cerca de 700.000 ocupando puestos estructurales en administraciones públicas".
- La legislación vigente define que se está en abuso de la temporalidad a partir de tres años
- Reivindican que se pare toda la oferta de empleo público en curso que afecte a sus puestos
La paradoja de ser feliz en pandemia
- Bodas, nacimientos o firmas de contratos laborales amplificaron su efecto positivo poniendo en jaque el sino de 2020
- Un año del estado de alarma: así fueron los días de marzo de 2020 que llevaron al confinamiento
En más de treinta ciudades españolas, ha habido manifestaciones con caravanas de coches contra los abusos en la temporalidad de los contratos interinos, que son más de 800.000 en toda España. Exigen el cumplimiento de la normativa europea y nacional y contratos fijos. Son trabajadores temporales públicos de todos los ámbitos, como sanidad, educación, ayuntamientos o de la policía local. Después de años de trabajo en las administraciones públicas, los interinos aseguran que están sufriendo fraude de ley.
Foto: Empleados públicos de las distintas administraciones se han manifestado con una caravana de coches en Almería (EFE/Carlos Barba)
Los denominados 'riders', repartidores a domicilio de plataformas digitales, trabajan, en muchos casos, en condiciones precarias. El Gobierno y los agentes sociales han cerrado este jueves un acuerdo para que, a partir de ahora, sean considerados asalariados, trabajadores por cuenta ajena, y no por cuenta propia, como hasta ahora. Sin embargo, algunos aseguran que prefieren la independencia de ser autónomos.
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- Los asuntos de la negociación están incluidos en el plan de recuperación enviado a Bruselas
El equipo docente de las universidades públicas españolas está integrado por funcionarios y personal laboral contratado. Todos tienen en común una larga carrera de investigación. De media, hasta obtener una plaza estable pasan entre 15 y 20 años tras presentar la tesis.
En la mayoría de los casos, tanto los predoctorales como los doctores consiguen contratos temporales, tras los que no tienen derecho a prestación por desempleo. De esta forma, están abocados a periodos en paro en los que deben continuar con su investigación, pese a no tener respaldo ecónomico.
Las convocatorias son cada vez más exigentes debido a la escasez de vacantes y a la alta cualificación y formación de los profesionales. Ante la precariedad laboral, la opción para muchos es salir fuera de España para conseguir los méritos necesarios.
Hablamos con varios investigadores en diferentes puntos de su carrera: Nuria González, Sara Torres, Marta Gallardo, Ana Aldaz y Baltasar Fernández. Y conocemos la situación laboral del colectivo con José Manuel Pérez, de la Coordinadora de la Marea Roja; David Quinto, presidente de la Federación de Jóvenes Investigadores; e Isabel de la Cruz, portavoz del Profesorado Asociado de la Universidad de Valencia.
- Permitirá a familias con bajos ingresos o a víctimas de violencia de género contar con ayuda profesional para su cuidado
- Las comunidades autónomas serán las encargadas de gestionar los fondos, que llegarán a "todos los puntos del país"