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El Gobierno valenciano, reunido este jueves de urgencia, ha nombrado un nuevo director general para recuperar el control de la televisión autonómica cuyo cierre ha anunciado. Será Ernesto Moreno, con un claro perfil económico.

Los trabajadores de Canal Nou han seguido con la emisión de la cadena y han tomado las riendas de la programación después de que la Generalitat anunciara su cierre al quedar anulado el ERE por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

En Atenas, la policia ha desalojado la sede de la radiotelevision pública griega que estaba ocupada por los trabajadores. Las fuerzas de seguridad han entrado en todas las dependencias del edificio. Fuera de la sede, dos centenares de personas han protestado por la actuación policial. Se informa de que ha habido 3 detenidos. Los trabajadores ocupaban la televisión desde su cierre en junio. 2600 personas perdieron su puesto de trabajo.

Los trabajadores de la radiotelevisión valenciana han hecho esta tarde un programa con muchas conexiones en directo para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el cierre del canal autonómico.

Todo después de que el presidente Fabra anunciara que el cierre es innegociable porque ha insisitido el gobierno no puede asumir el coste de readmitir a los mil trabajadores afectados por un ERE ahora declarado nulo.

Los empleados del ente público piden que se cumpla una sentencia que anula el ERE y consideran que se han vulnerado derechos fundamentales.

La Radio Televisión Valenciana nació en 1989 con cerca de 700 trabajadores y un presupuesto, que entonces era en pesetas, de 41 millones de euros. Plantilla y dotación fueron engordando hasta que llegó al crisis, igual que la deuda. Si diez años después Canal Nou debía casi 80 millones, en 2008 esa deuda rondaba los 1.000. Para entonces, tenía más de 1.600 empleados y un presupuesto de 270 millones de euros que fueron menguado. Entre 2008 y 2012 se redujo un 40%, hasta los 154 millones. Y este año, la Generalitat volvió a recortarlo otro 40% y le asignó 86 millones.

Mientras, la radiotelevisión pública valenciana seguía perdiendo dinero, más de 800 millones hace dos años y su audiencia se desplomaba del 20 al 5%. El ente público destina el 25% su presupuesto a pagar los intereses de la deuda, que financia con créditos avalados por el ejecutivo valenciano.

Con estos números llega la reestructuración de Canal Nou. La Generalitat asume más de mil millones de deuda, dspide con un ERE a 1000 trabajadores y externaliza la producción de contenidos.

Según el presidente Fabra, si los readmite necesitaría 72 millones para pagar a una plantilla de 1.700. Y ese dinero es casi todo el presupuesto de la empresa pública para 2014.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha reiterado este miércoles su intención de cerrar Telemadrid si como en el caso de Canal 9 la justicia tumba el ERE y obliga a readmitir a los trabajadores. González asegura que si los sindicatos "hacen inviable" la continuidad de la televisión pública madrileña cerrará la empresa pública.

Canal Nou será la primera televisión autonómica que cierre, después de la sentencia judicial que anula el expediente de regulación de empleo para la mayor parte de su plantilla. Este miércoles ha sido el primer día de la cuenta atrás para sus 1.700 trabajadores, que esta mañana ya han realizado algunas movilizaciones.

El PSOE valenciano asegura que si vuelve al Gobierno habrá una nueva televisión pública. La oposición política se opone al cierre de Canal Nou. Piden responsabilidades y coinciden en que la culpa la tiene la mala gestión del Partido Popular. El Gobierno respalda a Alberto Fabra.

El presidente de la Comunidad Valenciana explicará esta mañana las razones que le han llevado a decretar el cierre de la radio televisión autonómica. Alberto Fabra ha tomado esta decisión tras el rechazo de la justicia al ERE que planteó el gobierno de la Comunidad. El fallo judicial obligaba a readmitir a los trabajadores despedidos.

  • La Generalitat anunció su cierre tras el fallo del TSJCV que anula el ERE
  • Argumenta que la readmisión de más de mil empleados "hace su continuidad inviable"
  • El Ejecutivo autonómico dice que tiene la obligación de priorizar los servicios básicos