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Los 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía acusados ya han llegado a la Audiencia de Sevilla. En unos minutos les van a comunicar la sentencia de la pieza principal del caso de los ERE.  Poco después de las 11:30 de esta mañana llegaba el expresidente andaluz y del PSOE Manuel Chaves, que se enfrenta a una pena de inhabilitación de diez años por un presuntos delitos de malversación y prevaricación. Su sucesor en la Junta, José Antonío Griñán, se enfrenta además de inhabilitación a pena de prisión de hasta seis años de cárcel.

Con las declaraciones de 150 testigos además de los acusados. Como resultado, los fiscales anticorrupción consideran que los 680 millones repartidos por los exdirigentes de la Junta de Andalucía eran ilegales.

Los expresidentes socialistas, en su defensa alegaron un total desconocimiento y aseguraron que la resposabilidad le correspondía a la Consejería de Empleo. La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Manuel Chaves y 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para José Antonio Griñán.

La Audiencia de Sevilla comunicará este martes la sentencia sobre la llamada 'pieza política' del caso de los ERE, que juzga a 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por presuntamente haber creado y mantenido durante una década un procedimiento supuestamente ilegal para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que habría permitido -según sostiene la Fiscalía Anticorrupción- el reparto "arbitrario" de hasta 680 millones de euros.

La Fiscalía sostiene que este sistema de concesión de ayudas "totalmente opaco", que eliminó "todos los mecanismos de control establecidos", era una situación "conocida y buscada" por los 21 acusados, que no hicieron nada para acabar con él a pesar de los informes de la Intervención General de Andalucía que advertían de las irregularidades. A pesar de sus informes, el interventor también está acusado porque el Ministerio Público cree que debió tomar medidas no solo advertir.

Durante el juicio, Chaves se defendió asegurando que sabía que se daban ayudas sociolaborales pero que no correspondía a su "ámbito político de decisión" cómo se adjudicaban. Griñán aseguró que desconocía el programa de ayudas y que "jamás" fue alertado de las irregularidades porque en ningún informe de la intervención se requería que él actuara como consejero de Hacienda.

Echando la vista atrás, la macrocausa de los ERE supuso un punto de inflexión en la vida política de Manuel Chaves y de su sucesor en la presidencia de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. A mediados de 2016, ambos pidieron la baja voluntaria como militantes del PSOE. Antes, ya habían dejado sus escaños como diputado en el Congreso y senador respectivamente. Los cargos institucionales los abandonaron para que su formación pudiera cerrar con Ciudadanos un pacto de investidura para la Junta.

Fue un paso atrás con el objetivo de evitar la aplicación del Código Ético del PSOE, que obliga a sus militantes a abandonar sus cargos orgánicos e institucionales de forma cautelar ante la apertura de un juicio oral.

Dos empresarios denuncian haber sufrido una extorsión por parte de los gestores de la empresa Mercasevilla. Es el año 2009 y la investigación llega al juzgado de Mercedes Alaya, que detecta diversas irregularidades, entre ellas un intruso en un expediente de regulación de empleo (ERE), una persona que se benefició de una prejubilación sin haber trabajado allí nunca.

Comenzaron las comparecencias de empresarios e intrusos en estas y otras empresas. En noviembre de 2011 la jueza Alaya desveló que pretendía seguir subiendo escalones en la pirámide de los ERE, en forma de antiguos cargos de la Junta de Andalucía.

En septiembre de 2013 les puso nombre: Chaves, Griñán, dos consejeros y tres exconsejeros, todos ellos aforados en ese momento.

La causa volvío definitivamente a los juzgados de Sevilla en octubre de 2015, pero Alaya había pedido el traslado a la Audiencia Provincial. Su sucesora dividió la causa de los ERE en tres partes. Una de ellas, la pieza política, se falla hoy.

  • La investigación sobre el 'caso de los ERE' comenzó en enero de 2011 a raíz del 'caso Mercasevilla'
  • El primer juicio por la 'pieza política' se celebró siete años después con Chaves y Griñán en el banquillo

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha decidido abandonar la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento, al entender que, con su convocatoria en plena campaña electoral con motivo de los comicios generales del domingo, se trataba más bien de un "acto de campaña electoral" convocado por parte de determinados partidos políticos. Su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, no se ha presentado.

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha abandonado la comisión del Parlamento Andaluz que investiga el posible desvío de fondos de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe). Chaves sólo ha intervenido para criticar el uso electoralista que, según él, están haciendo PP, Ciudadanos y Vox de la Comisión.

El expresidente de la junta, Manuel Chaves, ha comparecido ya en la comisión que investiga el gasto de dinero público de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la Faffe. Después de un rifirrafe con el presidente de la comisión, Chaves se ha levantado y se ha ido sin declarar.
 

En el Parlamento andaluz están convocados a comparecer los expresidentes Chaves, Griñán, Susana Díaz y la ministra de Hacienda. Les reclama la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. No obstante algunos de ellos ya han anunciado que no estarán en la cámara autonómica.

El expresidente de la Junta de Andalucía y del PSO, Manuel Chaves, ha negado que el partido se financiara ilegalmente en Andalucía en la Comisión sobre la financiación de los partidos políticos del Senado. En esta comisión solo participa el PP, que además tiene mayoría absoluta en la cámara Alta. Al inicio de su declaración Chaves ha advertido de que no iba a responder a nada que le pudiese perjudicar en su defensa en el juicio de los ERE. Además, ha retado al PP a presentar alguna prueba que desmuestre una financiación ilegal en el PSOE.