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El vicesecretario de Organización del PPJavier Maroto, considera que el Gobierno ha reculado en el caso Llarena, tomando como postura definitiva la que desde el principio defendian los 'populares'. Entrevistado en Las mañanas de RNE, Maroto ha advertido de que ese cambio de criterio del Ejecutivo va a ser utilizado por los independentistas.

"Lo más relevante es que este bandazo permanente del Gobierno, también en la defensa del juez Llarena, es un argumento básico para Puigdemont y los suyos a la hora de atacar al Gobierno de España y a la hora de atacar la legalidad española. Ya ha anunciado que van a utilizar este 'ahora sí, ahora no', 'donde digo digo digo Diego', del Gobierno de Sánchez para reforzar la acusación contra Llarena en Bélgica", ha explicado.

Maroto ha añadido que "Sánchez es culpable de que Puigdemont hoy sea más fuerte en su querella contra Llarena, en su querella contra el Gobierno de España".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha subrayado este lunes respecto al juez Pablo Llarena que la defensa del sistema judicial español no es una cuestión privada, sino "de Estado" y, por tanto, ha atendido "desde el primer momento" los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial.

Sánchez ha respondido de esta forma en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Santiago de Chile junto al presidente del país, Sebastián Piñera, a la pregunta de si el Gobierno había rectificado su posición inicial sobre la defensa de Llarena ante la demanda civil contra él interpuesta por el expresident Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers.

El jefe del Ejecutivo español ha insistido en que el Gobierno escucha al órgano de gobierno de los jueces y ha atendido esos requerimientos en la medida en que se han ido planteando.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado en Las mañanas de RNE que el Gobierno haya cambiado de postura en el caso de la demanda contra el juez Llarena y ha insistido en que había que estudiar de qué manera se mantenía la integridad jurisdiccional de España.

"Defendemos al juez Llarena y lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias, porque está trabajando en este caso por la justicia española, pero tenemos que tener en cuenta otras posibles actuaciones fuera de España, para determinar cómo enfocar estratégicamente eso", ha explicado Delgado.

El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha dicho en Las mañanas de RNE que entiende, aunque no comparte, que el Estado quiera defender a la justicia, pero no lo que se defiende, en relación con el inicio de los trámites para defender al juez Llarena en Bélgica. Cleries ha insistido en que el magistrado ha actuado con imprudencia.

"Sin haber acabado precisamente toda la instrucción, ya daba por hechos unos delitos, y por tanto, lo que se demanda es la falta de neutralidad de ese juez por unas declaraciones en el ámbito privado", ha explicado.

Por otro lado, el político independentista ha condenado la agresión a una ciudadana ocurrida este fin de semana en el parque barcelonés de la Ciudadela. En su opinión, la gente debe de poder expresarse en libertad en un espacio público y pide respeto y ausencia de violencia.

El Gobierno ha anunciado este domingo que ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española, "en la que está inmerso el juez Llarena", en la demanda presentada en Bélgica por los investigados por el procés huidos a ese país contra el magistrado del Tribunal Supremo. Uno de esos mecanismos, según el Ejecutivo, es "la contratación de un despacho de abogados de ese país", algo que espera culminar "en breve".

Cinco asociaciones de jueces y fiscales han exigido al Gobierno, a través de un comunicado "en defensa de la soberanía jurisdiccional de España", que asuma la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la justicia belga.  En la misma nota han acusado al Ejecutivo de "dejación de funciones". La nota -publicada este viernes por la noche- está firmada por la asociación mayoritaria -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece el juez Llarena-, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, señala Efe. Las únicas que no han firmado son las progresistas Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), según señala Europa Press.

El juez de Gante (oeste de Bélgica) ha decidido este martes posponer la decisión sobre la euroorden de arresto emitida por España contra el rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc,  hasta el próximo 3 de septiembre. Según afirmaron los abogados de la defensa Simon y Paul Beckaert, el juez de guardia decidió posponer el asunto a la espera de recibir las alegaciones de la fiscalía.