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Nuestra compañera Isabel Jiménez ha hablado con Catalina Perazzo, portavoz de Save de Children y Xavier Puig del Colegio de Educadores Sociales de Cataluña, sobre lo que sería centro de menores migrantes adecuado en el reparto de Comunidades Autónomas. De entrada, hace falta una buena valoración inicial: si han sido víctimas de guerra, violencia o si tienen familia. "Armar un itinerario individualizado", nos cuenta Perazzo, para seguir su situación con mediadores culturales y educadores sociales de referencia que conozcan sus necesidades y faciliten su integración: "Estas personas vienen de una cultura con determinadas características y esto se tiene que traducir en la sociedad acogedora", asegura Xavier.

Sobre formación, todos necesitan aprender castellano para encontrar empleo, sin olvidar los programas para cuando cumplan la mayoría de edad: "Continuar sus procesos de inclusión para que tengan una red y una capacidad para ser autónomos", afirma la portavoz de Save de Children. Sobre el coste, dependerá de la Comunidad Autónoma, pero piden fijarse en la rentabilidad social. Y por último, reclaman que todos los niños tengan idénticos derechos independientemente de la autonomía que los tutele.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, cree que es “insultante” que el martes “amanezcamos con una ley aprobada y sin hablar nada con las comunidades autónomas” sobre el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias. Se ha referido al acuerdo del Gobierno con Junts. Ha lamentado que el Ejecutivo “no tiene política en migración” y que “el que manda es Puigdemont”. Ha afirmado, sin embargo, que la autonomía que preside será “solidaria”. Pero cree que la aplicación de esta ley acabará de forma “torcida y retorcida”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que la "amenaza" para la "prosperidad" y seguridad de España y de Europa no es la inmigración, sino "los gobiernos negacionistas" y la "internacional ultraderechista".

En la sesión de control al Gobierno, Abascal ha reprochado a Sánchez la distribución de menores migrantes no acompañados por considerarlo un reparto de "ruina e inseguridad" y le ha acusado de "estar dispuesto a todo para que le aplaudan". "Lo ha demostrado pactando con sus socios chantajistas el reparto de la inmigración ilegal de los 'menas', es decir, de la inseguridad y de la ruina por toda España, salvo en Cataluña y en País Vasco", ha dicho.

Ante esto, el presidente le ha replicado que la "verdadera amenaza" para Europa es "la internacional ultraderechista" del húngaro Viktor Orbán o el estadounidense Donald Trump, que "trabaja desde fuera para destruir Europa desde dentro" de la que Vox es "sucursal" en España. "Lo que amenaza la prosperidad de España y de Europa no es la inmigración, son los aranceles al campo, a la industria ante los que usted calla", ha añadido.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido a las Comunidades Autónomas del PP que "no hay margen" para no cumplir con el reparto de menores migrantes que se les adjudique en función del pacto entre el Gobierno y Junts. No obstante, ha matizado que si creen que "invade competencias autonómicas", tienen derecho a acudir al Tribunal Constitucional.

"Tienen que ejecutar lo que la ley traslada. Los certificados (sobre cuántos menores acogen en la actualidad) deben llegar antes del 31 de marzo, y sino, estaremos en situación de bloqueo", ha subrayado en una entrevista en La Hora de La 1.

Por otra parte, Torres ha confiado en que el real decreto pactado con los de Carles Puigdemont cuente con el aval del resto de socios parlamentarios, ya que "la base" es el "texto que se llevó al Congreso" el año pasado y ya contó con el visto bueno de esas formaciones.

FOTO: Ángel Víctor Torres hace declaraciones a la prensa. EFE/Alberto Valdés

La que aun no tiene fecha es la votación, que en caso de aprobarse, delegará a Cataluña las competencias en inmigración. El primer paso de ese acuerdo entre el PSOE y JUNTS lo daba el Congreso esta semana.

Estados Unidos ha expulsado a más de 200 venezolanos sospechosos de formar parte de un grupo criminal. Los ha enviado a El Salvador, pese a que un juez federal ha frenado la ley que invoca Donald Trump para justificar estas deportaciones. Una norma pensada para tiempos de guerra.

Foto: EFE/ Presidencia de El Salvador