El Gobierno de España y el de Canarias han llegado a un acuerdo para repartir a los 4.500 menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Aunque los cálculos todavía no están hechos y no se conoce cómo será la distribución entre cada territorio, sí han adelantado que Cataluña y el País Vasco estarán incluidos en el reparto. "El sistema no parte de cero, tenemos que ir a sistemas que sea equilibrados y no meter tensión en sistemas que ya están tensionados", ha explicado Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia.
Las detenciones diarias de migrantes sin papeles se han cuadruplicado en Estados Unidos. Incluso la ciudad más grande del país, Nueva York, que limita su colaboración en redadas federales, está participando en ellas. La Administración Trump ha demandado a Chicago por no hacer lo mismo, calificándola de "santuario para criminales"
Algunos creen que no les detendrán porque la prioridad del presidente son los delincuentes. Pero miles de arrestados simplemente no tienen papeles. Abigail se plantea qué haría con sus hijos estadounidenses si la deportan. Otra residente, Hannah Stickline, comenta cómo a las 6 de la mañana llamaron puerta por puerta. "Me pidieron que delatara a mis vecinos", asegura Hanna, quien también ha comentado que no llevaban orden judicial.
No solo los inmigrantes sin papeles viven con miedo, también los que están legalmente en el país gracias a una protección temporal. Ahora, Trump ha revocado a casi 350.000 venezolanos la extensión del permiso concedida por Biden justo antes de abandonar la Casa Blanca. Perderán el permiso de trabajo y se arriesgan a ser deportados.
El Gobierno central y Canarias han llegado a un principio de acuerdo sobre los criterios del reparto de menores migrantes entre el resto de territorios. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, responde a las críticas del Partido Popular, que entienden que es "inaceptable y un error político de primer nivel" dejar fuera a Cataluña y País Vasco: "Lo que debería hacer el PP es sentarse a trabajar y dejar de bloquear el trabajo de los demás". Rego defiende en 'Las Mañanas de RNE' que el acuerdo sigue una serie de criterios de carácter territorial, socioeconómicos y un análisis de la dimensión de sistemas de acogida. "Vienen reforzado porque Canarias considera que son los razonables y sensatos y afectan a todas las comunidades del país, ninguna queda excluida". La ministra recuerda que Cataluña ya cuenta con unas 4.000 plazas de acogida para menores, el 24% de toda España, "por lo que no se puede decir que esté fuera del sistema de reparto". Pide "altura política" a todos los grupos, particularmente al PP, y asegura que están pendientes de ver cuál es la formula jurídica adecuada. "La aprobación se daría con un tracto parlamentaria y con unos tiempos razonablemente cortos".
El acuerdo para desbloquear la situación de 4.400 menores migrantes que esperan una solución en Canarias y en Ceuta está más cerca que nunca tras la reunión del presidente canario, Fernando Clavijo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Octavio Caraballo, viceconsejero del Gobierno canario, ha celebrado esta noticia en el informativo 24 horas de RNE: "Hemos salido muy ilusionados de la reunión."
Tienen los criterios, que todavía no los quieren hacer públicos, pero aseguran serán parecidos a los de la Conferencia Sectorial de 2022. Caraballo ha detallado que aún queda por conocer de qué manera se llevará a cabo: "Falta que el Gobierno central apruebe un decreto o proposición de ley que incluya estos criterios." Además, ha explicado que han estado definiendo "todas las líneas en las que se puede trabajar de la manera más objetiva y académica." Sobre si todas las comunidades autónomas acogerán a estos menores, Octavio Caraballo ha señalado que "no está definido". Primero tienen que hacer una distribución con los datos actuales de cada comunidad y a partir de ahí, tendrán la fotografía final.
En los últimos seis años, la población de España ha aumentado un 4,2%. A ese aumento ha contribuido de manera relevante la población migrante. En el último año, el 40,1% del empleo creado corresponde a trabajadores extranjeros. Ha crecido por encima de la media, destacando en actividades como la construcción, la hostelería o la información y comunicaciones. Los expertos destacan que no se puede entender el crecimiento de España sin la aportación de las personas que vienen de otros países.
Foto: Una trabajadora hace inventario en un almacén (Getty Images)
La primera ley que ha ratificado Trump está, como era de esperar, relacionada con la migración: las autoridades podrán detener y expulsar a migrantes irregulares que hayan sido acusados de un abanico de delitos de diferente gravedad antes del juicio. Después de firmarla, hizo otro anunció: los peores delincuentes extranjeros irán a Guantánamo.
"Algunos son tan malos que no confiamos en que sus países los vayan a retener", dijo Trump. La base, ubicada en Cuba, dispone de un ala separada de la de los sospechosos de terrorismo para albergar a hasta 30.000 migrantes. El presidente cubano ha calificado el anuncio de "acto de brutalidad".
La polémica rodea las decisiones de Trump, pero también a algunos de sus candidatos de Gobierno. Su elegido para ser el máximo responsable de Sanidad, Robert Kennedy Junior, ha tenido problemas en su primer examen en el Senado. Indignados, algunos senadores le han recordado sus propias palabras menospreciando la utilidad de las vacunas, sobre todo, durante el COVID. En lo que coincidieron todos en la sala es en que el sistema sanitario estadounidense está en crisis, pero eso no parece una prioridad para Trump.
Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, ha hablado en el informativo '24 Horas de RNE' con Lalo Tovar sobre la crisis humanitaria que está viviendo Canarias. Afirma que "la situación es esperar a ver qué decide el Gobierno de España en cuanto a la financiación" y dice que han expuesto una alternativa al problema: "Hemos propuesto que el Estado asuma la tutela directamente y que, de esa manera, se pueda producir una derivación de menores no acompañados hacia otras comunidades. El Gobierno ahora no tiene excusa para decir que no puede tomar una decisión y ayudar a Canarias de una vez por todas".
El vicepresidente se ve pesimista en las negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez porque "si él estuviese en contra ya hubiera tomado medidas y pedido ayuda a la Unión Europea para controlar las fronteras". En cuanto a modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, Domínguez ha declarado que "sería brindar una oportunidad para que esa modificación lleve a cabo que la tutela recaiga en el Estado".
