La administración Biden ha demandado al gobernador de Texas, Greg Abbott, por la colocación de una barrera flotante de unos 300 metros, con el objetivo de evitar que los migrantes traspasen la frontera con México. Las boyas son la última escalada de la operación de seguridad fronteriza de Texas, que también incluye el vallado con alambre de espino, la detención de inmigrantes acusados de allanamiento de morada y el envío de autobuses cargados de solicitantes de asilo a ciudades de otros estados dirigidas por demócratas.
El gobernador republicano ha anunciado que no piensa dar marcha atrás en su plan y ha enviado una carta al presidente Joe Biden, advirtiéndole que Texas lo verá en los tribunales. Abbott le acusa que sus políticas migratorias han llevado a la inseguridad de los barrios del Estado.
En contraposición, El gobierno de Biden ha afirmado que los cruces ilegales de la frontera han disminuido significativamente desde que entraron en vigor las nuevas restricciones a la inmigración en mayo. En junio, el primer mes completo desde que entraron en vigor las nuevas políticas, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. declaró que los encuentros con inmigrantes habían descendido un 30% respecto al mes anterior. Por esa razón, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine JeanPierre, denuncia que "quien está sembrando el caos es el gobernador Abbott. Sigue haciendo acrobacias políticas de forma inhumana. Está socavando activamente nuestro plan de control fronterizo".
El Departamento de Justicia plantea que la barrera problemas humanitarios y medioambientales, además de que El estado desplegó las boyas sin notificarlo a la Comisión Internacional de Límites y Aguas ni al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. También ha recibido las críticas del gobierno mexicano, alegando que la medida de Abbott viola los tratados internacionales.
