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La industria del automóvil de Estados Unidos afronta 2014 con optimismo después de vender 15,5 millones de vehículos en 2013. En Detroit se podrán ver decenas de nuevos modelos.

El quinto plan PIVE generará, según el Gobierno, 4.500 empleos y atraerá durante 2014 unos 1.500 millones de inversión extranjera. Los fabricantes estiman que permitirá aumentar un 10% las matriculaciones e ingresar a las arcas públicas 700 millones en impuestos. Además, 175.000 vehículos irán al desguace y eso ayudará a renovar el parque automovilístico español, que tiene una edad media cercana a los 10 años frente a los poco más de ocho en el conjunto de Europa.

Para Facua, la única opción correcta, es la congelación hasta que se investigue en profundidad si ha habido anipulación en las subastas. Los agentes financieros, por su parte, hablan de inseguridad jurídica e incertidumbre en un sector que, en los últimos tiempos, acumula demandas. Aventuran que, a corto plazo, la inestabilidad puede provocar más subidas del precio en los mercados. Mientras la patronal de las grandes eléctricas defiende el sistema de subastas pero más frecuentes. Asegura que la liberalización de la tarifa de último recursos mejoraría la competencia y redundaría en una bajada de los precios.

El Gobierno implantará a partir de enero un nuevo mecanismo "objetivo y transparente" de fijación de los precios de la electricidad, después de que el Ministerio de Industria haya anulado los resultados de la subasta del jueves, ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. "El Gobierno y especialmente el Ministerio de Industria trabajan en establecer un procedimiento que permita la determinación del precio de la energía conforme a criterios objetivos y transparentes de mercado, y que sea de aplicación el 1 de enero de 2014", ha dicho. Con este objetivo, el Ejecutivo ha pedido un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sáenz de Santamaría ha explicado que Industria "ha anulado esta mañana a todos los efectos la subasta y declarado que el precio no puede ser aplicado para fijar el precio de la energía en el primer trimestre de 2014". De esta forma, "no se va a producir" el incremento del 10,5% del recibo relacionado con esta subasta. Sin embargo, las órdenes ministeriales de 2009 y 2010 de funcionamiento de la subasta "no resuelven cómo fijar el precio en todos los supuestos en los que la subasta ha sido declarada no válida", y es por este motivo por el que se ha iniciado el análisis del nuevo mecanismo.

Hasta las cuatro de la madrugada los técnicos de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia estudiaban lo ocurrido. Y concluían que no procede validar la subasta porque han concurrido, dicen, circunstancias atípicas.

El otro 50% del recibo lo fija el Gobierno. Son los peajes eléctricos: el transporte, la distribución, las primas a renovables y otros gastos fijos. En 2013 el precio de la luz ha variado cinco veces: cuatro al alza y una, en abril, con un descenso superior al 6%. En total la electricidad acumula subidas en torno al 4%.

Los 3.600 millones de déficit eléctrico de este año podrían titulizarse. Es decir, las compañías eléctricas, que ahora lo tienen anotado en sus balances, podrían colocar ese dinero en los mercados con un aval del Estado. El ministro de Industria ha dicho que "eso siempre estará condicionado a que los precios de la electricidad no suban ese 12% que continuamente están reclamando las eléctricas". Desde la patronal niegan haber planteado esa subida y confían en alcanzar un acuerdo con el Gobierno para no tener que asumir ese déficit.

Los 3.600 millones que el Gobierno no destinará a cubrir el déficit tarifario ahora pasan a sus balances como deuda. Una deuda, advierten, que acabará reflejada en el recibo de la luz. Las asociaciones de consumidores aseguran que el recibo ya ha subido un 70% en los últimos seis años. Por su parte, el ministro de Industria ha pedido tranquilidad a las eléctricas tras asegurar que la supresión de las ayudas no tiene por qué traducirse en un encarecimiento de la factura.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado que las compañías eléctricas "no deberían estar preocupadas" por la supresión de los 3.100 millones de euros que iba a aportar el Estado para reducir el déficit del sistema eléctrico, ya que "esa diferencia de ingresos y gastos y costes del sistema puede llevar el aval del Estado". Soria ha justificado la decisión del Gobierno aludiendo a que "en España, en materia de política económica, hay una prioridad sobre todas las demás, que es la contención del déficit público". Esa prioridad, ha remarcado, "está por encima de cualquier otra consideración" y por "una razón muy sencilla: Porque, si no cumplimos el objetivo de déficit público, las implicaciones, para la economía en general y particularmente para el riesgo-país, son consecuencias que repercuten en todos los ámbitos de la economía".

La dirección de Navantia se ha reunido con los sindicatos de los astilleros públicos para explicarles el Plan Estratégico de los próximos cuatro años. Los trabajadores insisten en que no hay futuro sin carga de trabajo. Navantia asegura que buscan nuevos contratos y que no habrá despidos.