El brigada de la Guardia Civil que realizó el registro de la nave donde se guardaban las cerca de diez millones de papeletas que fueron incautadas antes del referéndum del 1-O ha situado al actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, en las inmediaciones de la nave de Bigues i Riells, en Barcelona, en los días previos a la actuación policial.
Amanecemos pendientes de que la Junta Electoral Central mueva ficha después de que el Govern haya incumplido el mandato de retirar la simbología independentista de los edificios oficiales cuando ya se ha cumplido el plazo extra que se había concedido para ello. El máximo intérprete de la legislación electoral en nuestro país tiene ahora la opción de pedir a los Mossos que retiren los lazos amarillos y las banderas esteladas. También puede trasladar a la Fiscalía los hechos para que se determine si las autoridades catalanas han incurrido en un posible delito de desobediencia que podría conllevar inhabilitaciones.
La Consejería de Empresa y Conocimiento ha sido la única que, de momento, ha retirado el lazo amarillo de su entrada principal, aunque en uno de sus balcones sigue colgando un cartel en contra del juicio del 'procés', después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, desoyera el segundo aviso sobre estos símbolos de la Junta Electoral Central. El presidente ha pedido un informe al Defensor del Pueblo catalán y se compromete a hacer lo que le indique. Mientras tanto, insiste en que los lazos son libertad de expresión.
Torra no obedecerá a la Junta Electoral Central. El presidente de la Generalitat ha afirmado que mantendrá la pancarta en la fachada de su sede y que obedecerá al Defensor del Pueblo de Cataluña. La junta le había dado un segundo ultimatum para que retirase la simbología independentista, con el fin de garantizar la neutralidad en procesos electorales.
El presidente catalán, Quim Torra, ha anunciado que no va a retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat a pesar del ultimátum de la Junta Electoral. Así lo ha desvelado la portavoz Elsa Artadi que, de alguna manera, también pasa la responsabilidad a otros miembros del Govern.
El exsubsecretario de Estado de Hacienda Felipe Martínez Rico no descarta que el 1-O se financiara con dinero público. Preguntado directamente por la fiscal Consuelo Madrigal sobre este aspecto, el testigo ha asegurado que él tiene constancia de que el Ministerio de Hacienda solicitó en enero de 2018 se personara en las causas abiertas en las que podía haber un perjuicio a la hacienda pública estatal para cubrir cualquier tipo de perjuicio. "Dentro del marco de control, el Ministerio puso todos los elementos a su disposición para ver como se gastaba el presupuesto de la comunidad autonóma. Luego lo que fuera la realidad de los hechos".
Vamos a estar esta mañana muy pendientes de lo que decida el presidente de Cataluña porque en breve se agotan las 24 horas extra que la Junta Electoral Central ha concedido a Quim Torra para cumplir el requerimiento con el que ya la semana pasada el máximo intérprete de la legislación electoral en España le obligaba a ordenar la retirada de simbología independentista de los edificios dependientes de la Generalitat. Si el president sigue en sus trece, ahora tal y como se le ha apercibido se enfrentará a responsabilidades administrativas y, en su caso, hasta penales.
La Junta Electoral ha rechazado el recurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra la orden de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos de Cataluña. El organismo le ha dado un plazo de 24 horas para quitarlos o, de lo contrario, advierte de que podría haber consecuencias penales.
Ciudadanos y el PP han denunciado a Quim Torra ante la Fiscalía por no retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat como ordenó la Junta Electoral. Esta noche un grupo de encapuchados ha intentado quitar de la fachada del Parlament la pancarta de apoyo a los presos. Mientras que el Ayuntamiento de Barcelona sí ha retirado el lazo amarillo de su fachada, la alacaldesa Ada Colau no ha agotado el plazo de 12 horas que le daba la Junta Electoral de zona y ha quitado los símbolos de su edificio. Desde el consistorio mantienen que lo han hecho para que no haya duda de la neutralidad institucional.
Els Mossos d'Esquadra tenien un pla per detenir Carles Puigdemont i els ex membres del govern si els ho ordenava la justicia. Ho ha dit l'ex cap de la policia catalana, Josep Lluis Trapero, durant la seva declaració com a testimoni al Tribunal Suprem afirma que van avisar el govern que els Mossos complirien amb les lleis i la Constitució. Trapero, processat a l'Audiència Nacional per rebel.lió, també va defensar l'actuació dels Mossos tant l'1 d'octubre ocm el 20 de setembre.
L'Ajuntament de Barcelona ha retirat la pancarta amb el llaç groc que lluia a la seva façana. La Junta Electoral li havia donat 12 hores per què ho tregués, arran d'una denuncia del Partit Popular.
Desenes de col.lectius de joves han convocat avui concentracions, també a Catalunya, per alertar sobre els efectes del capitalisme en el canvi climàtic. Barcelona, per cert, ja treballa en l'ordenança de la zona de baixes emissions que entrarà en vigor l'1 de gener de 2020.
En clau esportiva el Barça coneixerà avui el seu rival a quarts de final de la Lliga de Campions.
El exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha reconocido durante su declaración en el juicio del 'procés' que el cuerpo tenía un plan para detener a Puigdemont antes incluso de la declaración unilateral de independencia. Trapero asegura que cuando escuchó la declaración de independencia llamó al Fiscal Superior y al presidente del TSJ de Cataluña para decirles que estaba preparados para detener a Puigdemont y a sus consellers.
