La liquidez de Grecia no va más allá de octubre. Lo admitía esta mañana su secretario de Estado de Finanzas al reconocer que las arcas del Estado heleno solo tienen fondos para afrontar el pago de los salarios públicos y de las pensiones a un mes vista. De ahí que a nadie haya extrañado el que el primer ministro, Yorgos Papandreu haya comparado la situación de su país con un estado de guerra. La última bomba estallaba ayer por la tarde cuando el Ejecutivo griego, reunido de forma extraordinaria, decidía habilitar un nuevo impuesto sobre todas las propiedades inmobiliarias, con el que se quieren recaudar 2.000 millones de euros. Papandréu intenta convencer hoy a su grupo parlamentario para que apoye esta nueva vuelta de tuerca. No lo tendrá fácil, como tampoco será sencillo convencer a los técnicos de la 'troika' comunitaria, que el miércoles regresan a Atenas, de la firme voluntad de Grecia de asumir sus responsabilidades en la lucha contra el déficit y la deuda. Solo así, Bruselas aceptará librar el sexto tramo de la ayuda acordada hace año y medio, 8.000 millones de euros, imprescindibles para alejar, aunque sólo sea momentáneamente, el riesgo de quiebra.
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