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El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, que ha ejercido la acusación pública en el caso Nóosdejará la Fiscalía dentro de dos meses para dedicarse a la abogacía, según ha explicado este miércoles, una semana después de que el juicio en el que se investiga el presunto desvío de 6,1 millones de euros fondos públicos con Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina, entre los acusados, haya quedado visto para sentencia.

El acusador público del juicio del caso Nóos, después de más de 5 años de proceso, previsiblemente dejará la Fiscalía en cuestión de dos meses, que es el tiempo que necesitará para finalizar varias causas en las que trabaja, ha señalado.

La infanta Cristina no ha hecho uso del derecho a la última palabra en la vista de hoy, la última del juicio por el caso Nóos. Tampoco lo ha hecho ninguno de los otros 16 procesados. Sí hemos escuchado al abogado de Cristina de Borbón. Dice que su imputación buscaba hacer daño mediáticamente y señala al exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, como el único administrador de Aizoon, la sociedad que compartía el matrimonio. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El abogado Pascual Vives ha defendido la actuación del exduque de Palma y marido de la infanta Cristina,  Iñaki Urdangarin, tanto en el Instituto Nóos como en sus actividades posteriores sometidas a escrutinio en la vista celebrada desde enero ante la Audiencia de Palma.

El Instituto Nóos cobró 6,5 millones de euros de fondos públicos de las administraciones valenciana y balear, aunque Pascual Vives ha asegurado que no se le puede reprochar a Urdangarin que todo lo que él proponía "era inmediatamente aceptado sin más".

"Era una persona con unos conocimientos de carácter deportivo y que forma parte de determinada institución, se ha dicho que la más importante del país, pero si bajo el brazo no traía una idea interesante, nadie lo contrataba", ha asegurado, y ha recordado que propuso que Nóos organizara unos foros sobre salud en Barcelona que fueron rechazados.

Aizóon, una de las proveedoras habituales del Instituto Nóos, se nutrió básicamente con fondos públicos. Usó, presuntamente, trabajadores ficticios para obtener beneficios fiscales y en la seguridad social. Y la infanta lo sabía, ha dicho la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete. Hechos tozudos, dice la abogada de Manos Limpias en respuesta a la Fiscalía, que justifican la acusación de la infanta como colaboradora en dos delitos fiscales. La abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares también ha presentado su informe.

En el juicio por el caso Nóos, el protagonista del día ha sido el fiscal anticorrupción y su duro alegato final. Pedro Horrach ha cargado contra el juez José Castro y Manos Limpias. Les acusa de imputar a la infanta Cristina sólo con conjeturas. En cuatro horas de alegato, el fiscal ha condensado seis meses de juicio. El relato de Anticorrupción sitúa a Iñaki Urdangarín y Diego Torres en lo más alto de Nóos.

La defensa de la infanta Cristina ha solicitado la absolución de su cliente y que el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular contra la hermana del rey, pague las costas procesales del juicio del caso Nóos "por haber obrado con gravísima temeridad y mala fe procesal". Además, ha pedido que se le imponga al sindicato una sanción económica ante lo que considera "un abuso de derecho", según su escrito con las conclusiones que las defensas han presentado este martes ante los 17 procesados.

De nuevo juntos, entrando a la sala donde se juzga el caso Nóos, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han asistido, con otros 15 encausados, a la vista en la que se han leído las conclusiones. La Fiscalía mantiene la petición de cárcel de 19 años y medio para Urdangarin y de 16 y medio para Diego Torres y rebaja la condena para Matas y otros antiguos cargos del gobierno balear.

La Fiscalía se opone citar al juez instructor del caso Nóos, José Castro, en la causa abierta a Manos Limpias-Ausbanc, al entender que las "meras sospechas", "más o menos fundadas", sobre la presunta reunión "clandestina" que le ofreció el abogado de la infanta Cristina no pueden ser tenidas como prueba, según un escrito dirigido al juez al que ha tenido acceso Efe.