La intervención de los estados en las empresas ha aumentado con la crisis. En los últimos 4 años, los gobiernos de Europa y Estados Unidos han tenido que salvar a numerosos bancos con fondos públicos. En España han sido ocho las entidades intervenidas, incluida Bankia. Los precedentes hay que buscarlos en las décadas de los 80 y los 90, con Rumasa y Banesto.
El Partido Popular ha pedido lealtad al PSOE y que le apoye en la reforma del sistema financiero como, dicen, hicieron ellos cuando estaban en la oposición. Pero también han surgido dentro del partido voces que ponen el acento en culpar de la situación al gobierno de Rodríguez Zapatero y, sobre todo, al gobernador del Banco de España.
El ministerio de Economía ya ha anunciado que el gobierno está dispuesto a aportar los fondos públicos estrictamente necesarios para sanear la entidad, disipar las dudas de los mercados y asegurar su futuro. Como primer paso, Goirigolzarri ha pedido transformar los 4.465 millones de euros, que el FROB le prestó hace año y medio, en capital. Se abre ahora un proceso de valoración del banco, a cargo de expertos independientes, que determinará cuántas acciones del Banco Financiero y de Ahorros, la matriz de Bankia, le corresponden al FROB. Si el valor de BFA fuera igual o inferior a ese importe, el Estado sería el dueño absoluto, con el 100% del capital, y se convertiría así en el principal accionista de Bankia, porque controlaría el 45% que BFA tiene en Bankia. El otro 55 por ciento de las acciones cotizan en Bolsa. Pero aún queda camino hasta que todo esto se formalice. La entrada de fondos públicos en Bankia requiere la aprobación de la Comisión Europea.
Lo ocurrido con Bankia en las últimas horas se ha precipitado hasta el punto de que el nuevo equipo gestor ha pedido su nacionalización, dada la imposibilidad de devolver los cuatro mil quinientos millones de euros prestados por el Estado. Desde Europa se piden auditorías independientes de la banca española, ya que su transparecia se ha puesto en entredicho. En esta semana están previstas nuevas medidas para el sector financiero.
Analizamos las consecuencias de este asunto en Radio 5 con Rafaél San Andrés, abogado y economista experto en sistemas financieros.
Asegura que para los clientes de este banco no debería haber consecuencias. Dice que el proceso de saneamiento va a consistir en que el Estado va a tomar el 45% de Bankia, de esta manera el banco no figura como intervenido, pero si con control público. La consecución de esta medida tranquilizará a los mercados. Opina que la dirección de esta entidad no disponía de personas con experiencia suficiente para resolver el problema. Comenta que el que la prima de riesgo se haya disparado es consecuencia del malestar europeo, aunque el tema de Bankia puede haber influido (10/05/12).
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, aboga por una nacionalización "total" de Bankia y no solo de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA). "No se trata de socializar las pérdidas", afirma el político comunista, que critica que "los ciudadanos paguen el fiasco". Pide, además, la creación de una banca pública y cambios en las políticas económicas de la Unión Europea (10/05/12).
En el terreno político, la presidenta de Madrid asegura haber propuesto a Rodrigo Rato la fusión de Bankia con la Caixa, mientras los líderes autonómicos ven agravios comparativos respecto a otras entidades. El PSOE culpa al Gobierno de la gestión de esta crisis y el presidente, Rajoy, ha dado un mensaje de tranquilidad a los clientes de Bankia.
El Gobierno ha anunciado que nacionalizará el 100% del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia que concentra los activos problemáticos del grupo, lo que le otorgará el control de la entidad que heredó el negocio de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco antiguas cajas, después de que así lo haya solicitado su nueva dirección.
El Gobierno ha anunciado que nacionalizará el 100% del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia que concentra los activos problemáticos del grupo, lo que le otorgará el control de la entidad que heredó el negocio de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco antiguas cajas, después de que así lo haya solicitado su nueva dirección.
Mientras está en marcha la nueva fase de la reforma financiera que el gobierno aprobará el viernes. Las medidas que se ordenaron hace tres meses parecen insuficientes y el consejo de ministros tomará otras nuevas para aislar las inversiones dañinas procedentes del ladrillo y la exigencia de aumentar las reservas de capital para todos los bancos.
José Ignacio Goirigolzarri podría haber tomado su primera decisión al frente del Banco Financiero y de Ahorros y de su filial Bankia: proponer al consejo de administración que pida al gobierno que los 4.464 millones que le inyectó el Estado a través de un préstamo del Frob, hace dos años, se conviertan en acciones de la entidad. De esta forma el Estado pasaría a ser propietario del 45 por ciento del banco y accionista mayoritario de Bankia. Sería un balón de oxígeno. La entidad no tendría que devolver el dinero prestado, ni seguir abonando los intereses, cerca de un ocho por ciento anual. Antes de esta decisión y nada más asumir el cargo Goirigolzarri enviaba un mensaje de confianza.
El lunes comenzó con rumores y el desplome de Bankia en Bolsa y terminó con la salida de Rodrigo Rato, que se une hoy a la de José Manuel Fernández Norniella, su hombre de confianza en el consejo. Rato dejaba su puesto al tiempo que nombraba como su sucesor a José Ignacio Goirigolzarri. El nuevo presidente ha pedido manos libres para formar su equipo, que será más profesional y menos político, según fuentes financieras. Con esa tripulación tendrá que capear un inicio de navegación bastante proceloso.
