El sumario del Caso Pretoria, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística y política en Cataluña. Mas ha negado haber hecho favores a los ex altos cargos nacionalistas implicados en la trama. Y el Gobierno catalán ha salido en defensa de sus consellers.
El alcalde de Lleida, Àngel Ros, del PSC, explica en el programa 'En Días Como Hoy' de RNE que la prohibición en los espacios públicos del burka y el niqab que se aprobará el consistorio con el apoyo de CiU se adopta porque estas prendas, que cubren todo o casi todo el rostro de las mujeres, vulneran el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres.
Ros argumenta que "en un espacio de convivencia no se puede con ir con algo que dificulta la convivencia" y niega que se esté planteando la moción en términos religiosos. Asegura que el consistorio es "absolutamente tolerante" con las creencias religiosas, pero añade que por encima de ellas está la igualdad.
Un informe jurídico determinó que el ayuntamiento sólo puede regular la vestimenta en los espacios públicos pero no en la calle.
El alcalde de Lleida -localidad que cuenta con una tasa de inmigración del 21%, la mitad de ellos musulmanes- asegura que existe "un buen nivel integración" pero que se ha detectado "un crecimiento de discursos dogmáticos y de este tipo de vestimentas". Con la moción, lo que se pretende, explica el regidor, es hacer frente a la situación "cuando todavía no se ha hecho grande" (27/05/10).
El Gobierno sacará adelante, por la mínima, el decreto ley de las medidas para la reducción del déficit público. Los 10 diputados de CiU se abstendrán, según han confirmado fuentes de la dirección de la coalición catalana a RNE Catalunya, por lo que el PSOE necesita los votos de todos sus diputados, sin excepción, para validar los recortes que el Consejo de Ministros aprobó el pasado jueves.
Ha dicho que va a denunciar a los agentes que lo detuvieron.
Según el sumario, cobró más de 50.000 euros de la trama. Gema Matamoros es la mujer del ex-alcalde de Majadahonda, también imputado en el caso y en libertad condicional .
En los pasillos del Congreso, el presidente del Gobierno ha admitido que el cambio en la fecha a partir de la que los ayuntamientos no podrán pedir créditos fue una rectificación y no la corrección de un error, como sostuvo ayer la vicepresidenta Elena Salgado. Y desde su propio partido, el presidente de Castilla La-Mancha ha aconsejado al Gobierno que no tome medidas sin consultarlas antes.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha señalado que tuvieron conocimiento del error sobre la fecha de entrada en vigor de la prohibición del endeudamiento municipal y se limitaron a corregirlo en el BOE. (26/05/10)
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, cree que las corporaciones locales merecen un trato "distinto" y "más considerado", en referencia a la limitación del crédito a los ayuntamientos aprobada por el Gobierno. Además, considera que la medida del Ejecutivo es "radical" y que se podría haber abordado la cuestión estableciendo condiciones como la autorización previa por parte del Ministerio de Hacienda para aquellas corporaciones que se encontraran en una determinada situación (26/05/10).
El presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, ha explicado en 'La Noche en 24 Horas' que la rectificación del Gobierno sobre la entrada en vigor de la limitación de crédito para los ayuntamientos "ha sido una corrección" y no un error, como manifiesta el Ejecutivo.
Unos 1.400 vecinos pueden cobrar 29 euros cada uno si no fueron multados el año pasado.
La FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, ha acogido bien la rectificación de hoy en el BOE, donde se especifica que la posibilidad de endeudamiento de los ayuntamientos seguirá abierta hasta el 1 de enero de 2011, y no se aplicará de forma inmediata; aunque no todos están de acuerdo con esta medida de recorte del déficit. En La Tarde en Vivo entrevistamos a Pedro Arahuete, alcalde de Segovia y Presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP. (25/05/10).
Los del PP exigen que la prohición para pedir créditos tampoco se aplique el próximo año y la dirección de la Federación de municipios se ha comprometido a negociar para intentar conseguirlo. Además, ha aprobado por unanimidad una rebaja de sueldo de los alcaldes que va desde el 15 al 0,25 por ciento, según lo que ganen.
