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La muerte del opositor ruso Alexéi Navalni ha provocado homenajes y manifestaciones en distintas capitales europeas y ciudades rusas. En el informativo '24 Horas Fin de semana' hablamos con Ricardo San Vicente, traductor de literatura rusa nacido en Moscú, que augura que estas protestas continuarán, pero "todo se apagará lentamente". "El asesinato de Navalni es para infundir terror y comunicar, de forma clara y contundente, que cualquier acto de protesta contra el régimen será castigado", asegura. San Vicente considera que Navalni volvió a Rusia en 2021 por "una idea exagerada de conciencia social". "Él creía que su obligación era estar con su pueblo, sabiendo lo que se arriesgaba", expresa.

El programa de La Hora de La 1 ha tenido acceso al auto de la juez que investiga el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate. Incluye las pruebas que han llevado a acusar de asesinato a los seis detenidos en prisión provisional. El documento señala que las declaraciones de los testigos y los videos han sido claves en la investigación. Además, se encontraron en la narcolancha restos de pintura roja que coincide con la zodiac de los agentes.

FOTO: Agentes de la Guardia Civil trasladan a los juzgados de Barbate (Cádiz) a uno de los ocho detenidos por la muerte de dos guardias civiles. EFE/Román Ríos.

Tras el asesinato de un preso por parte del asesino confeso del crimen de Morata de Tajuña la noche del pasado miércoles en la cárcel madrileña de Estremera, se ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la seguridad en las cárceles de nuestro país. Joaquín Leyva, portavoz de ACAIP-UGT, sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones, llama la atención sobre el riesgo que supone tener pocos médicos en las prisiones. El déficit de la sanidad penitenciaria es del 65%, asegura, y eso provoca que haya "muchos presos que no están bien controlados". Cree que España tiene un modelo penitenciario muy adecuado, pero necesita más medios para poder desarrollarlo. En ese sentido, llama la atención sobre tres aspectos: La sanidad penitenciaria, la necesidad de que haya un interno por celda y la incorporación de 3.000 nuevos funcionarios.

El acusado del triple homicidio de Morata de Tajuña ha asesinado a su compañero de celda en la prisión madrileña de Estremera. El hombre fue detenido el pasado enero después de confesar los asesinatos de tres hermanos de este municipio. En 24 horas de RNE, Álvaro Crespo, responsable del programa de prisiones de “Solidarios para el Desarrollo”, ha explicado que fue el propio interno quien llamó al funcionario para contarle lo sucedido y a partir de ahí se puso en marcha todo el proceso. Para el entrevistado, hay que tener en cuenta que las celdas se cierran de 9 de la noche a 8 de la mañana: “La institución no puede controlar la noche de cada uno de los internos”.

Álvaro Crespo, ha asegurado que este tipo de homicidios no suceden de manera habitual: “Esto es un hecho absolutamente aislado. Creo que la institución hace lo posible para que estas cosas no se reproduzcan en muchas ocasiones”. Así como también, ha manifestado que “no deja de ser una convivencia en 8 metros cuadrados de dos personas que en muchos casos no se conocen" y que igual "dentro del programa de tratamiento ha podido suceder algún matiz entre los presos que se les haya podido pasar”.

El acusado por el triple homicidio de los hermanos de Morata de Tajuña mata a golpes a su compañero de celda. Este habría matado a un preso sombra que se le asignó cuando ingresó en prisión. Los presos sombra son reclusos que llevan más tiempo en la cárcel y que se ofrecen voluntarios para acompañar, observar e integrar a los nuevos. El acusado es el único sospechoso y se encuentra en régimen provisional de aislamiento por su peligrosidad.

Los ocho detenidos acusados de matar a dos guardias civiles el pasado viernes en Barbate han pasado este lunes a disposición judicial, y a su llegada les han increpado los vecinos. Entre ellos están los seis que iban a bordo de la narcolancha que arrolló a los agentes. El piloto era, según las primeras investigaciones, Kiko el 'Cabra', un viejo conocido de las fuerzas de seguridad.

Tras el asesinato de los guardias civiles en Barbate, Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL (asociación profesional “Justicia para la Guardia Civil”), explica en Las Mañanas de RNE que desde el conjunto de guardias civiles llevan años reclamando al Ministerio de Interior y al Gobierno la dotación de medios de materiales de última tecnología para luchar contra el narcotráfico. “También pedimos un aumento de plantilla considerable. El catálogo de puestos de trabajo en la actualidad en Cádiz es insuficiente ante los retos delincuenciales a los que los guardias civiles se tienen que enfrentar a diario”, argumenta el secretario general de JUCIL.

Vilariño afirma que el principio de autoridad en el Campo de Gibraltar está “totalmente perdido” después de lo ocurrido en el puerto de Barbate: “Han traspasado una línea roja, en la que asesinan brutalmente a dos compañeros ante varias personas que jalean la acción de estos narcotraficantes. Esto no lo habíamos visto nunca”, denuncia.

Desde JUCIL aseguran que llevan "más de dos años denunciando al Ministerio de Interior la falta de medios, de personal y de una legislación más contundente". Además, Vilariño se pregunta por qué el ministro del Interior decidió desmantelar en 2020 el grupo de élite dedicado a la lucha contra el narcotráfico, OCON Sur. Ante el aumento de las acciones violentas de los narcos, especialmente los hechos ocurridos en Barbate, desde JUCIL mandarán un informe a los grupos parlamentario de la Comisión de Interior, y exigen que se abra una comisión de investigación para determinar "si la inacción por parte del Gobierno ha facilitado el asesinato de nuestros compañeros". El guardia civil explica que mandarán un informe sobre los hechos a los grupos parlamentarios que forman parte de la Comisión de Interior,

Este pasado viernes dos guardias civiles han muerto en Barbate, atropellados por una narcolancha. Sin embargo, Juan Cisneros, fiscal jefe de Algeciras, cree que este hecho no debería suponer un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar: “Es una desgracia, un crimen, pero la lucha contra el narco lleva muchos años en funcionamiento. Tenemos que seguir igual actuando con todos nuestros medios para acabar con la lacra que nos azota”, defiende el fiscal en Las Mañanas de RNE.

"El impacto emocional ha sido grande", admite Cisneros, que confía en que pueda tener un reflejo en la actitud de la gente de la zona. "Lo tremendo de esta situación es ver cómo había gente jaleando en las inmediaciones del puerto. Y otra gente con insensibilidad grabando con el móvil, como si eso fuera un espectáculo", lamenta. El Fiscal jefe de Algeciras espera que esto provoque una "reacción social", ya que el problema del narcotráfico está tan arraigado en la sociedad que la gente no se da cuenta de que son "auténtico criminales". Añade que hay determinadas zonas en las que el narcotráfico se ha convertido en un medio de vida y que cree que es muy importante que exista una labor integral, educativa y de recuperación económica de la zona.

El fiscal jefe de Algeciras celebra las sentencias condenatorias de macrojuicios contra bandas de narcos, ya que han sido condenados los líderes de la organizaciones "que nunca se manchan las manos" y admite que existe un cuello de botella en el ámbito judicial: "Hay más detenciones, más éxitos policiales y hay que dar salida a todo eso. Poco a poco irá saliendo". Cisneros admite que, cinco años después, el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar ha tenido sus efectos: “Hay más detenciones e intervenciones de droga”. Asimismo, argumenta que es una lucha que no está ganada: “Hay que tener en cuenta que los asesinos han sido detenidos. Nada va a salir impune”.

En Estados Unidos, una madre ha sido condenada, por primera vez, por el tiroteo que cometió su hijo en una escuela de Michigan cuando era menor de edad. El joven, que cumple cadena perpetua, mató a cuatro compañeros con un arma que le habían regalado sus padres, a quienes se les acusa de haber ignorado los problemas mentales que este tenía. Horas antes del tiroteo, los profesores alertaron a los padres de que su hijo había estado buscando munición por Internet, pero estos declinaron llevárselo a casa. Pese a que esta condena puede marcar un hito en cuanto al problema de las armas en Estados Unidos, algunos expertos consideran que estas penas no serán tan frecuentes y que se trata de un caso extremo. Mientras, la madre se enfrenta a 15 años de prisión y el padre será juzgado por separado el próximo marzo.