Constitución

En Las Mañanas de RNE, Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, nos explica alguna de las posibilidades constitucionales previstas en la ley, ante el supuesto de que el Presidente del Gobierno decida dimitir después de su periodo de reflexión.

¿Se pueden convocar elecciones generales? Ana Carmona nos explica que: “Cuando se hace uso de la disolución, el plazo mínimo es un año desde que se convocaron las anteriores elecciones” y recuerda que en las anteriores fue el 29 de mayo de 2023. Si la fecha se cumple “las elecciones se celebran después de un plazo de 52 días”. La catedrática recuerda que “las elecciones europeas no inciden en el cómputo en este caso”.

Otro posible escenario es realizar una investidura y elegir a otro presidente o presidenta del Gobierno. Carmona recuerda que esto ya pasó cuando Adolfo Suárez dimitió 1981 y se abrió un proceso de investidura que dio la presidencia a Calvo-Sotelo, pero si esto sucediera “el contador no comenzaría de cero” se descontaría el tiempo que Pedro Sánchez ya ha gobernado al siguiente mandatario, explica la catedrática.

El último escenario es una posible moción de confianza, “esta vía parlamentaria indica que el presidente del Gobierno, tras previa deliberación con el Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso” explica Carmona y añade que “con una mayoría simple sería suficiente (para que Pedro Sánchez siga en el gobierno), ya que la moción de confianza, apuesta por la estabilidad” añade.

• Privilegios o derechos históricos, la polémica de los fueros
• Origen, características y consolidación del régimen foral

En esta entrega de Documentos RNE analizamos el estatuto jurídico especial conocido como régimen foral; sus características, su origen y, sobre todo, cómo ha sobrevivido hasta hoy en los casos del País Vasco y Navarra.

Su pasado remoto se hunde en la Edad Media, cuando reyes débiles deben hacer concesiones a los señores feudales para obtener su lealtad. Derechos que se extendieron a otras instituciones, como la Iglesia y los municipios.

Cuando la monarquía hispánica se va consolidando, estos fueros irán decayendo progresivamente. En el caso de los reinos de la Corona de Aragón los perdieron en 1714, tras la Guerra de Sucesión.

En el siglo XIX, la formación del estado liberal centralista mantuvo una pugna constante con las élites vascas, hasta el punto de que el mantenimiento de los fueros se convirtió en uno de los motivos que agitaron las Guerras Carlistas. Tras ellas, en 1878, Cánovas del Castillo acordó un ventajoso concierto económico con las provincias vascas, conocido como el cupo. A cambio de participar en las milicias y en la hacienda general, los vascos obtenían la potestad de recaudar impuestos y después contribuir con una cantidad a las arcas del estado.

Por su parte, Navarra, en 1841, había negociado una notable autonomía a cambio de perder la condición de reino a través de la llamada Ley paccionada.

A comienzos de la Guerra Civil, los territorios vascos fueron reconocidos como ente político merced al Estatuto de Guernica, pero su vigencia fue escasa.

Sin embargo, será la actual Constitución de 1978 la que termine integrando los denominados derechos históricos y estableciendo el régimen foral en nuestro ordenamiento jurídico.

El programa, con la firma de Modesta Cruz, aborda el discutido tema de los fueros con tres profesores de la Universidad del País Vasco: Rosa Ayerbe, Coro Rubio y José María Portillo; y el profesor de la Universidad de Navarra, José María Capistegui.

Documentos RNE se emite los viernes, de 23 a 24 horas, por Radio Nacional.

Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ha analizado en Las Mañanas de RNE cómo puede afectar el conflicto de atribuciones que se va a plantear entre el Senado y el Congreso. “Nuestra democracia está consolidada, pero no podemos ignorar que todo este contexto de extrema polarización y de uso partidista de las instituciones sí que las erosionan y no lanzan un mensaje de calidad democrática a la ciudadanía”, sentencia.

Sobre la propuesta de referéndum pactado por parte del president de la Generalitat, Pere Aragonès, Carmona afirma que no tiene “ninguna cabida” en la Constitución, y alude a la unidad territorial y a la soberanía. Si bien Aragonès señala que se utilizará el artículo 92 de la Constitución para llevar la consulta a cabo, la jurista insiste que ese artículo señala que todo se someterá a todos los ciudadanos. “Se podría plantear un referéndum de revisión de la Constitución, pero que una parte del territorio pretenda decidir sobre el conjunto no tiene cabida”, subraya la catedrática.

• Asegura que la ley no tiene como finalidad la convivencia en Cataluña, sino "contrapartidas políticas de gran relevancia"
• Justifica su voto en blanco en un informe reciente para mostrar "neutralidad" ante la cuestión de la constitucionalidad

Enrique Santiago, portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Sumar, ha defendido en Las Mañanas de RNE que la sociedad española está “cansada de que el PP bloquee la posibilidad de gobernar”, tras conocerse que paralizarán la ley de amnistía con su mayoría absoluta en el Senado. Opina que esa decisión no tiene ningún alcance. “Refleja la negativa del PP a aceptar que no tiene mayoría para gobernar, y seguimos constatando que están dispuestos a destruirlo todo hasta que gobiernen”, reflexiona Santiago.

Bajo el punto de vista del portavoz, la amnistía es constitucional. “En este país el único órgano que declara la constitucionalidad de las leyes es el Tribunal Constitucional”. Añade que el PP “lo sabe” porque ha utilizado esta medida de gracia “hasta la saciedad”.

En cuanto a un posible referéndum legal, Santiago argumenta que “todo lo que sea consultar a la ciudadanía conforme a las normas establecidas siempre es bueno” y destaca que “es una práctica habitual en muchos países europeos”. Aunque admite que, de acuerdo a la legislación vigente, no cabe un referéndum, aboga por preguntar a la ciudadanía “cuál es su voluntad de permanencia o no permanencia”.

Sobre el planteamiento de Aragonès de un sistema de financiación similar al vasco para Cataluña, Santiago opina “dentro de las normas constitucionales podría tener un encaje” pero ve un posible problema en el mecanismo de reparto entre las diferentes administraciones central, autonómica y local.

Santiago admite que desde Sumar no están “para nada de acuerdo” con la paralización de los presupuestos de 2024. También destaca que el problema de la financiación autonómica se puede solventar con la prórroga de los presupuestos, si bien ve necesario que ese dinero se gaste. “No puede ser que el Estado transfiera recursos a las comunidades autónomas y las comunidades no los gasten".

El PP ha planteado un conflicto de competencias entre el Senado y el Congreso por la ley de amnistía. La Cámara Alta, con mayoría del PP, planteará al Congreso de los Diputados retirar la ley de Amnistía por tratarse de una "reforma encubierta de la Constitución". Félix Bolaños cree que este movimiento del PP "vulnera las atribuciones del Senado". 

En 24 horas de RNE ha estado Javier Pérez Royo: "No tiene cabida el conflicto entre órganos constitucionales en el ejercicio de la potestad legislativa atribuida a las Cortes Generales", ha argumentado el catedrático de Derecho Constitucional. "El PP está planteando un conflicto imposible e inexistente con la finalidad de retrasar la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía", ha añadido. Asimismo, el Catedrático de la Universidad de Sevilla considera que para acudir al Tribunal Constitucional "únicamente puede hacerse cuando esté acabado el procedimiento legislativo y cuando la ley se haya publicado en el BOE". 

• El informe señala que "los vicios de inconstitucionalidad no podrían depurarse en esta fase ni en ninguna otra"

Los irlandeses han votado 'no' en los referéndums que planteaban eliminar referencias sexistas en la Constitución y ampliar la definición de familia. El resultado supone un duro revés para el Gobierno y para la mayoría de la oposición, que estaban a favor de los cambios.

Foto: Una mujer camina frente a un colegio electoral en Dublín (EFE/EPA/MOSTAFA DARWISH)

• La Constitución irlandesa dice que las madres no deben estar obligadas a trabajar y "descuidar sus deberes en el hogar"
• En torno a un 35% de los votantes está indeciso y entre el 23% y 24% dice que votará 'no' a las consultas

Con motivo por el Día Internacional de la Mujer, en 'Las Mañanas de RNE' hablamos con Inés Alberdi, catedrática honorífica de sociología de la Universidad Complutense de Madrid y Premio Nacional de Sociología en 2019. Alberdi afirma que “hemos avanzado mucho legislativamente, pero hay que seguir trabajando más prevenir y castigar la violencia” y destaca que la reforma del artículo 14 de la Constitución de 1978 consagró la igualdad entre sexos. “Ahí empieza la igualdad legal entre hombre y mujeres, pero no tenemos una igualdad real”, asegura la socióloga.

Las últimas encuestas reflejan que los jóvenes creen que ya existe una igualdad real y que algunas medidas son discriminatorias para los hombres. Alberdi advierte que "hay que tener en cuenta el contexto" y considera que "es explicable, aunque no justificable" que algunos se puedan sentir amenazados, "ya que la cuota de poder de los hombres va a disminuir".

Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid, ha estado en Las Mañanas de RNE para analizar el acuerdo de PSOE, ERC y Junts para la ley de Amnistía. Si bien aún no se conocen todos los detalles de esta última versión, las fuentes señalan que se pasará del Código Penal al marco europeo en el tratamiento del terrorismo y del delito de traición. El catedrático reflexiona al respecto de las posibles consecuencias, con el ejemplo del delito de malversación. En lo que se refiere a la traición, Gimbernat indica que no es necesario que haya un movimiento de carácter violento: "Una vez que se apruebe esa ley, si se aprueba, pierde el control de esa ley. Quien la tienen que interpretar son los tribunales. Ellos serán los que tengan que decir hasta qué punto eso es conforme con el derecho europeo o es conforme con la Constitución", expone el catedrático.

En cuanto a si la ley de amnistía es constitucional, Enrique Gimbernat añade que no puede serlo “en ningún caso”. Explica que la Constitución Española es la única que prohíbe los indultos generales, y la amnistía es una medida de gracia "más amplia que el indulto". “Si la medida más limitada de perdón, que es el indulto general, está prohibido constitucionalmente, con mayor motivo tiene que estarlo la amnistía”, sentencia. 

• El partido de Yolanda Díaz espera seguir los pasos de Francia, el primer país que ha blindado en su Constitución este derecho
• La ministra de Igualdad recuerda que el proceso de reforma en España requiere "enormes consensos": "No se dan las condiciones"

• Las dos cámaras del Parlamento francés han avalado el proyecto en el Palacio de Versalles
• Las mujeres tienen derecho legal al aborto en Francia desde 1974

• La modificación, aprobada por todos los grupos menos VOX, se ha publicado este sábado en el BOE
• Sustituye el término 'disminuidos' por el de 'personas con discapacidad'

• El acto ha tenido lugar en el Salón de Audiencias de la Zarzuela en presencia de los máximos representantes del Estado
• La reforma, pactada inicialmente por el PSOE y el PP, se convierte en la primera en ser rubricada por Felipe VI

• Entre las iniciativas se incluyen cambios al sistema de pensiones, la subida del salario mínimo y la reducción de los diputados
• El presidente mexicano dejará el poder el próximo 1 de octubre al término de su sexenio

"Yo tengo un superpoder, el de superarme a mí misma", nos cuenta Tíscar. Tíscar tiene una discapacidad intelectual, está estudiando en la universidad y hoy hablamos con ella de su vida tras la reforma del artículo 49 de la Constitución. 

Además, nuestra compañera Valle Alonso nos cuenta cómo se produce la captación y radicalización de mujeres. 

• La modificación tiene que votarse aún en el Senado para incluirse definitivamente
• De llevarse a cabo, la Constitución francesa sería la única en todo el mundo que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo

Las personas con discapacidad ejercen los derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.

• Ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios menos el de Vox
• La reforma será publicada en el Boletín Oficial del Estado y no entrará en vigor hasta que pasen quince días

Y a todo esto, ¿cómo se reforma la Constitución? La respuesta está en la propia Carta Magna que diferencia entre artículos más y menos protegidos. Hasta ahora los 3 cambios que se han hecho han sido por el procedimiento simplificado.  

Salvador Illa, primer secretario del PSC, cree que la Ley de Amnistía “es plenamente constitucional, muy sólida jurídicamente y excepcional para retornar a la normalidad en Cataluña”. Por eso, advierte de los riesgos de negociar ahora las enmiendas: "Vamos a ver si se puede trabajar en enmiendas que perfeccionen la ley, pero sin poner en riesgo su solidez constitucional". Illa comparte la aprobación de esta ley y defiende que su partido “trabaja para la convivencia y la concordia y lo estamos consiguiendo entre todos”.

Con respecto a las negociaciones del Gobierno y el Partido Socialista con Junts para aprobar los futuros Presupuestos Generales del Estado y de esa forma salvar la reforma laboral, las medidas anticrisis o el subsidio por desempleo, Illa dice que lo importante son los resultados. “Es lo que quieren los ciudadanos. Los decretos leyes eran muy importantes y salieron adelante. El Gobierno debe ser firme para que estas medidas se aprueben y cada uno tiene su estilo de hacer las cosas”, asegura Illa.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se refiere en el programa 'Parlamento' al informe de los letrados de la Comisión de Justicia sobre la proposición de la ley de amnistía, cree que "es demoledor porque deja claro que es inconstitucional". Señala que el letrado mayor lo retuvo "con mala fe" y que la presidenta Armengol lo conocía.

Tellado ha resaltado que aprobar esta ley es "un error histórico" y "sin precedentes" para España y demuestra, dice, "los pocos escrúpulos del partido de Sánchez". Cree que los jueces actuarán "porque la ley debe ser tramitada con todas las garantías y el debate necesario", y a nivel parlamentaria espera que la mayoría del Senado pare la ley.

Se refiere a las declaraciones de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que asegura que la equiparan a Arnaldo Otegi. "Es tremendamente grave e inadmisible, le pedimos al ministro Bolaños que diga si está de acuerdo". Sobre la llamada 'Operación Cataluña', cree que el Gobierno necesita elementos de distracción y que "ha engañado a todo el mundo". Asegura Tellado que en el PP "respetan la actuación de la justicia", y que "no hay ninguna novedad sobre los hechos".

Dos décadas de lucha han sido necesarias para que en la Constitución española deje de aparecer la palabra disminuido para referirse a las personas con discapacidad. 

José Miguel Casado, estudiante de derecho y jugador de hockey en silla de ruedas eléctrica, no celebra este día porque afirma que “seguimos igual”, ya que para él mucha gente no entiende muy bien que la palabra discapacitado es ofensiva. “Para mí esto solo es una terminología, se me tiene que reconocer como José Miguel. Somos personas como cualquier otra que la Constitución tiene que amparar por igual".

Luis Zaragoza, periodista de RNE y ciego de nacimiento, pone más hincapié en el lenguaje “en el ámbito de la discapacidad, el lenguaje no para de cambiar” para este periodista, más allá de las palabras “Lo que importa es la realidad cotidiana del día a día que tengamos que vivir las personas con discapacidad en nuestro entorno”.

Pablo Echenique, exdiputado de Unidas Podemos, felicita a a las organizaciones de la discapacidad por este cambio de terminología en la Constitución “si esto es un logro es suyo, llevan empujando dos décadas este cambio. No es de ningún partido político sino de la sociedad civil organizada”. Para Echenique el cambio terminológico era “una deuda que el sistema político tenía con las personas con discapacidad, pero ahora viene el siguiente, la discriminación que sufrimos las personas con discapacidad no es terminológica sino económica”

Mar Galcerán y Emilio Sáez son dos diputados, de las Cortes Valencianas y del Congreso, respectivamente, y tienen discapacidad. Celebran que por fin la Constitución vaya a dejar de referirse a personas como ellos como “disminuidos”. “Cómo denominamos a la gente es importante, también para la sociedad”, recalcan.

• Todos los grupos parlamentarios han votado a favor, salvo Vox que ha votado en contra
• Se trata de la primera reforma social de la Carta Magna, reclamada durante décadas por discapacitados

• Ha habido tres reformas en 45 años, la última para eliminar la palabra “disminuidos” de la Carta Magna
• Los expertos consultados por RTVE.es subrayan que hay aspectos “imposibles” de cambiar

"Nací como ustedes, sin ningún tipo de discapacidad. La poliomielitis me vino a visitar con tres años. En documentos me han llamado subnormal o inválido. Y minusválido el año que fui subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas", ha contado el diputado y exdeportista paralímpico Emilio Sáez Cruz, uno de los primeros en intervenir en el debate para reformar el artículo 49 de la Constitución. Desde el atril y en representación del PSOE, ha instado a quitar la palabra 'disminuido' de la Carta Magna y ha defendido esta decisión como un paso más hacia la "igualdad real, plena y efectiva".

• La redacción, acordada entre el PSOE y el PP, sustituirá este término por "personas con discapacidad"
• La tramitación ha salido adelante con el apoyo de todos los partidos salvo Vox, que no ve oportuno "abrir el melón" de la reforma