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Juicio Pescanova

El expresidente de Pescanova pide la nulidad del juicio al entender que no hubo estafa

  • La defensa señala que la acusación de insolvencia punible es sorpresiva y vulnera el derecho a la tutela judicial
  • La Fiscalía atribuye a Fernández de Sousa ocho delitos y pide para él 28 años de prisión

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 Sede de Pescanova en Chapela en el ayuntamiento de Redondela (Pontevedra)
Sede de Pescanova en Chapela en el ayuntamiento de Redondela (Pontevedra). noticias

La defensa del expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa ha pedido la nulidad del juicio por la quiebra de la compañía al entender que no hubo estafa -uno de los ocho delitos que se le imputan-, puesto que los bancos no sufrieron perjuicio alguno y no figuran personados como acusación.

En la primera sesión del juicio contra Fernández de Sousa y otros 19 acusados, que ha comenzado con una hora y cuarto de retraso, las partes han comenzado a exponer las cuestiones previas, que para la Fiscalía el resto de acusaciones se han limitado a erratas en algunos de los documentos aportados.

El abogado de Fernández de Sousa, al que la Fiscalía atribuye ocho delitos -falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes -y, alternativamente, blanqueo-, uso de información relevante, e impedimento de actuación del organismo supervisor- y para el que pide 28 años de cárcel, ha sido el primero en pedir la nulidad del proceso.

Entre otros argumentos, el letrado ha señalado que la acusación de insolvencia punible es sorpresiva y vulnera el derecho a la tutela judicial, y además no ha habido dolo.

Los bancos "supuestamente" perjudicados

Por lo que respecta a la estafa, no ha habido tal, ha considerado, "no ha habido estafa a las entidades bancarias ni créditos sin devolver", y es que los bancos "supuestamente perjudicados", que no se han personado como acusación, no sólo no han sido perjudicados sino que han tenido beneficio, y el lucro es superior a lo que han dejado de cobrar a partir del concurso.

Casi siete años después de la quiebra de la sociedad se sientan en el banquillo sus máximos responsables entre 2009 y 2013, acusados de poner en marcha un entramado dirigido a ocultar la millonaria deuda del grupo y engañar así a inversores, acreedores y organismos reguladores.

La firma acudió en 2013 al preconcurso de acreedores y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió suspender las acciones de cotización, una situación en la que se mantuvo más de cuatro años.

La reestructuración de la compañía se cerró en 2015 con su escisión en dos partes: la productiva quedó bajo control de la banca acreedora, agrupada hoy en Nueva Pescanova, que, según el letrado de Fernández de Sousa, debería estar en el proceso "si no como responsable penal, sí como civil", mientras la "vieja" continúa como una sociedad de cartera en manos de los minoritarios.

Esta última ha publicado este lunes un comunicado en el que rechaza su imputación y sostiene que "sus más de 9.000 accionistas no sólo no se beneficiaron de las actuaciones de los administradores y directivos acusados, sino que en realidad fueron los principales perjudicados por estas actuaciones".

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