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Quién es quién en la Operación Púnica

  • Políticos de distintas siglas, técnicos municipales y empresas están siendo investigados en la macrotrama
  • Entre ellos figuran los tres últimos presidentes de la Comunidad de Madrid: Aguirre, González y Cifuentes

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Imagen de archivo en la que aparecen Esperanza Aguirre (c), Francisco Granados (i) y Cristina Cifuentes.
Imagen de archivo en la que aparecen Esperanza Aguirre (c), Francisco Granados (i) y Cristina Cifuentes. EFE

Operación Púnica

El origen del nombre de la Operación Púnica desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) contra una presunta trama de corrupción se encuentra en el nombre científico en latín del granado, el árgol de la granada, Punica granatum

La Guardia Civil ha hecho un juego de palabras con el principal detenido, el ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, lo que le sitúa en el centro de la trama.

Este recurso ya fue empleado en su día para bautizar la Operación Gürtel (correa en alemán) en alusión al empresario Francisco Correa, el principal detenido de la trama corrupta que afectó a numerosos municipios del PP.

La trama Púnica es una macrocausa judicial contra la corrupción que arrancó en octubre de 2014 con la detención del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados -considerado uno de los cabecillas de la trama- y en la que están siendo investigados políticos de distintas siglas -aunque predominan los representantes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid- y varios empresarios.

La decisión de la Audiencia Nacional de imputar a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional hace que los tres últimos presidentes de la Comunidad de Madrid -junto a Ignacio González- estén siendo investigados en esta causa.

Púnica consta de hasta 16 piezas separadas y se prevé que su instrucción no finalice hasta junio de 2020, según estableció el juez encargado del caso, Manuel García Castejón.

Este es el listado de los principales implicados en la trama.

CABEZA DE LA TRAMA

Francisco Granados, ex número dos de Aguirre

Francisco Granados fue alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003, tras lo cual pasó a formar parte de los gobiernos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Primero fue consejero de Transportes y después de Presidencia, Justicia e Interior hasta 2011, cuando fue destituido. Hasta febrero de 2014 ocupó un escaño como senador, pero dejó la política tras la polémica suscitada con una presunta cuenta en Suiza que podría ascender a 1,5 millones de euros.

Fue detenido en octubre de 2014 e ingresó en prisión por formar parte de "una organización criminal" dedicada al blanqueo, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias.

Salió de prisión bajo fianza en junio de 2017 pero a finales de ese año fue condenado a dos años de prisión por un chivatazo que le dio un guardia civil acerca de la Púnica.

En 2018 declaró de forma voluntaria para colaborar con la investigación de Púnica, apuntando a Cifuentes y Aguirre en la presunta financiación irregular del PP.

David Marjaliza, empresario

David Marjaliza es, para el juez instructor, la "cabeza de un amplio entramado empresarial" que funcionaba como "núcleo de una organización criminal" cuya actividad estaba vinculada a "actuaciones administrativas". Es decir, uno de los empresarios conseguidores de la trama. 

Amigo de la infancia de Granados, según el juez se dedicaba a conseguir "promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas" y se habría aprovechado de "sus amplias relaciones personales y políticas para lograr las adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros", a cambio de una comisión.

Además, el constructor habría creado un "complejo entramado empresarial para ocultar los beneficios de su actividad, tanto la lícita como la delictiva". El juez ha decretado para él también prisión sin fianza.

Forman parte de su red y han sido imputados Ana María Ramírez, mano derecha de Marjaliza; Antonio Serrano, socio y testaferro, que participó en contratos públicos; Eduardo de la Peña, administrador de varias de sus empresas; y Antonio Cándido Ruiz, otro testaferro.

En 2018, en una comparecencia ante el juez, reconoció que pagó 60.000 euros al PP nacional por orden de Granados.

Alejandro de Pedro Llorca, empresario

Junto a David Marjaliza sería otro de los empresarios que habría actuado como 'conseguidor' de la trama de corrupción. Es también la "cabeza" de otro importante entramado de tráfico de influencias alternativo al de Marjaliza.

Presta servicios en Internet para "prestigiar" autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto (en 2011 fue responsable de la estrategia de posicionamiento para más de 50 candidatos en las elecciones municipales).

Estos trabajos le abrían una red de contactos con autoridades que le facilitarían la contratación en otros sectores (para sí o para otros) en Murcia, León y Madrid. El juez ha decretado para él prisión incondicional.

POLÍTICOS

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid

Expresidenta de la Comunidad de Madrid, cargo que ejerció entre 2003 y 2012, fue también presidenta regional del PP entre 2004 y 2016. El juez instructor del caso Púnica le atribuye "un papel decisivo y esencial" en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto de que sospecha que "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que elegía.

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid

González, sucesor de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, ingresó en prisión el 21 de abril de 2017 por su implicación en el caso Lezo, también relacionado con el presunto desvío de fondos para la financiación irregular del PP. Salió de la cárcel meses después tras abonar una fianza de 400.000 euros.

Como en el caso de Aguirre, el juez instructor le atribuye "un papel decisivo y esencial" sobre la financiación del partido.

Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid

Sucedió a Ignacio González en abril de 2017 al frente de la Comunidad de Madrid y, un año después, tuvo que dimitir tras su implicación en el caso máster y la difusión de un vídeo de un presunto hurto de unas cremas en un supermercado en 2011.

El juez le atribuye adjudicaciones irregulares al grupo Cantoblanco en la cafetería de la Asamblea de Madrid, siendo vicepresidenta con González.

Martín Marcos Martínez, expresidente de la Diputación de León

Marcos Martínez fue presidente de la Diputación de León y es alcalde del municipio de Cuadros desde 1991 por el Partido Popular. Durante unos meses, entre octubre de 2007 y enero de 2008 fue senador y desde mayo de este año ocupó el cargo de presidente de la institución provincial tras el asesinato de Isabel Carrasco. El PP de Castilla y León le expulsó del partido.

Habría puesto en marcha varios procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente fueron invitadas empresas vinculadas al "conseguidor" Alejandro de Pedro a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación.

Tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos. Ha regresado en diciembre a la Institución provincial como diputado no adscrito tras pasar 45 días en prisión y pagar una fianza de 30.000 euros.

José Carlos Boza, exalcalde de Valdemoro

Fue alcalde por el PP de la localidad madrileña de Valdemoro (71.500 habitantes) desde junio de 2011, cargo del que dimitió a consecuencia de la investigación. Boza se afilió al PP en 2005 y se forjó como político de la mano de Francisco Granados, como el propio alcalde recordó en su discurso de investidura agradeciéndole el haber sido "el responsable de que yo me hiciera en política".

Durante su mandato existen indicios de que se han favorecido de manera continuada a empresas vinculadas a Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y promoción urbanística, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información y otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la administración a los intereses particulares de ciertos empresarios. Salió de prisión el 18 de diciembre tras pagar una fianza de 25.000 euros.

El Ayuntamiento de Valdemoro le declaró persona "non grata", al igual que al propio Granados.

Gonzalo Cubas, exalcalde de Torrejón de Velasco

Gonzalo Cubas, también perteneciente al PP, es cuñado de David Marjaliza. Fue elegido alcalde de la localidad madrileña de Torrejón de Velasco en las elecciones de mayo de 2011 con una amplia mayoría.

Seguía las instrucciones de Marjaliza sobre cuándo y a quien facturar, manteniéndole puntualmente informado de este y otros aspectos que atañen a sus sociedades. .

José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena

José Antonio Alonso Conesa fue alcalde de Cartagena (Murcia) por el PSOE entre 1991 y 1995, así como diputado en el Congreso entre 1989 y 1996. El PSOE le suspendió de militancia tras conocerse su presunta implicación en la Operación Púnica.

Supuesto "cabeza" de un entramado de tráfico de influencias, se concertó con autoridades en Madrid, Murcia y León para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la administración a través de contratos públicos adjudicados a terceras empresas. Junto a Alejandro de Pedro, participa en su estrategia de mejorar la reputación en Internet de políticos. El juez le ha puesto en libertad sin medidas cautelares.

José María Fraile, exalcalde de Parla

El socialista José María Fraile accedió a la Alcaldía de Parla en 2008 en sustitución del actual secretario general del PSM, Tomás Gómez, quien le consideraba su mano derecha. Estaba también procesado por un caso de prevaricación, por supuestamente despedir de manera irregular al jefe de la Policía Local en 2009.

Como regidor participaba en los órganos de contratación del Ayuntamiento y sería conocedor de los pagos comprometidos por Cofely (la principal adjudicataria de los contratos de la trama), que obtuvo un contrato de 54 millones de euros. Se detectó que se había seleccionado como empresa auditora a Ruta Energética (vinculada a Marjaliza), que encubrió el pago de la comisión pactada por la adjudicación, y la entrega de cohechos a autoridades y funcionarios del Ayuntamiento que han intervenido en el contrato.

Presentó su dimisión tras pagar la fianza de 60.000 euros fijada por el juez para eludir la cárcel.

Agustín Juárez, exalcalde de Collado Villalba

Agustín Juárez López de Coca, del PP, fie alcalde de Collado Villalba (62.700 habitantes), en Madrid. El juez expuso evidencias de que adjudicó un contrato a Cofely por 39 millones de euros y, a cambio, los miembros de la Corporación local implicados recibirían al menos de la multinacional francesa varios pagos de 70.000 euros, materializados en un sistema de facturas falsas entre el grupo de empresas de Marjaliza y Cofely.

Dimitió de su cargo después de que la dirección regional le amenazara con una moción de censura.

David Rodríguez, exalcalde de Casarrubuelos

David Rodríguez Sanz, ex alcalde 'popular' de Casarrubuelos, el municipio más pequeño de la Comunidad de Madrid (3.300 habitantes) desde 2012.

Se puso totalmente en manos de Pedro García y Marjaliza para la redacción de los pliegos de un contrato de eficiencia energética, lo que le facilitó a Cofely un conocimiento e influencia privilegiados sobre el contrato de cara a su adjudicación. .

Antonio Sánchez Fernández, exalcalde de Serranillos del Valle

Fue alcalde de la localidad madrileña de Serranillos del Valle (3.800) por la formación Unión Democrática Madrileña (UDMA) después de que su partido alcanzara un acuerdo de gobierno con el PSOE en mayo de 2011.

Registró su dimisión después de que fuera "sorprendido" intentando llevarse documentación del ayuntamiento. Salió de prisión tras pagar 25.000 euros de fianza, rebajada de los 60.000 euros iniciales.

OTROS CARGOS POLÍTICOS

Lucía Figar. Exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid.

Salvador Victoria. Exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid.

Manuel Pérez Gómez. Exconsejero y exviceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid.

José Martínez Nicolás. Exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid.

Isabel Gallego. Ex directora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid.

Edelmiro Andrés Galván. Exasesor de Granados en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro.

Juan Carlos Ruiz. Exconsejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia.

Mariola Martínez Robles. Ex directora general de Turismo de la Región de Murcia.

José Fidel Saura. Ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria de la Región de Murcia.

Reyes Samper. Ex directora del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Jesús Norberto Galindo. Secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

Manuel Jesús Sánchez. Ex interventor general de la Diputación de León. .

Alejandro Utrilla. Concejal de Medio Ambiente de Móstoles (PP).

Victoria Muñoz Agüera. Exconcejal de Obras Públicas de Parla (PSOE).

Antonio Borrego. Exjefe de Gabinete del Ayuntamiento de Parla.

Avelino Pérez. Asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Parla (IU).

Elena María Fernández Pérez. Ingeniera municipal de Parla.

José Javier Hernández Nieto. Exconcejal de Hacienda de Valdemoro (PP).

Juan Fernando Prado. Exconcejal de Cultura de Valdemoro (PP).

José Luis Navarro Soto. Arquitecto municipal de Valdemoro.

Alfredo Ovejero. Exjefe de Gabinete del Ayuntamiento de Valdemoro.

Alberto Sánchez Caballero. Segundo teniente de alcalde y concejal de Obras de Collado Villalba (PP).

Teresa Martín. Ingeniero municipal de Moraleja de Enmedio. 

OTROS MIEMBROS DE LA RED

Ramiro Cid. Constructor y promotor inmobiliario vinculado a Granados y Marjaliza.

José Manuel Rodríguez Talamino. Guardia civil que advirtió a Granados de la existencia de la investigación judicial.

Adela Cubas, esposa de Marjaliza.

Ana María Marjaliza, hermana del constructor.

Juan José Sánchez Barceló, joyero de Marjaliza. Olga Sánchez Barceló, joyera de Marjaliza.

Nieves Alarcón, esposa de Granados. María del Carmen Arcas, secretaria de Granados.

EMPRESARIOS

Didier Roger Maurice, director general de Cofely.

Constantino Álvarez, jefe comercial de Cofely.

Pedro García Pérez, miembro del departamento comercial de Cofely.

José Antonio Hernández, jefe de Operaciones de Cofely.

Víctor Manuel Ortega, supuesto intermediario de los pagos a Cofely en Collado Villalba.

Manuel Casado, supuesto intermediario de los pagos a Cofely en Collado Villalba.

Javier Susan, director general de Servicios de Cofely.

Javier de Andrés. Consejero delegado de Indra.

Santiago Roura. Director general de Operaciones de Indra.

Ana Mayoral. Empresaria de Valdemoro.

Alfonso Ferrón. Dueño de Alfedel, promotora de colegios concertados.

Francisco Colado. Presidente de Normetal S.A.

Julián Giménez de los Galanes, consejero de Normetal S.A.

Alfonso Luna, empresario.

Francisco Eduardo Ruiz, empresario adjudicatario de concursos de la Diputación de León.

OTROS IMPUTADOS

Antonio Brosed, Juan Luis Aguilera, Ramón Serrano Morales, José Torres Torres, Eduardo Cubas Naranjo, María Magdalena Navarro Castillo, Carlota Amor Moreno, Elena Moreno Pascual, Juan José Amor Moreno, Luis Moreno Torres, Carla Sánchez Hernández, Esther Giménez Pastor, Francisco Javier Fernández Ayala, Benjamín Fernández Ayala, Alberto Francisco Sanjurjo Álvarez, José Ramón Carabante Aguilera, Miguel Ángel Díaz Baeza, Francisco Javier Díaz Baeza, Víctor Manuel Sobrino, Roberto de Francisco Garrido, José Antonio Hervías León, María Luis González del Olmo, Víctor Torres Martínez y Sergio Ortega Hernando.

SOCIEDADES IMPUTADAS COMO PERSONAS JURÍDICAS

Cofely España Sociedad Unipersonal.

Madiva Editorial Publicidad.

EICO Online Reputación Management.

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