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El Gobierno aprueba el plan presupuestario de 2019 en un Consejo de Ministros extraordinario

  • Con este trámite, innecesario, quiere mandar un mensaje de compromiso con la estabilidad presupuestaria a la UE
  • El borrador que se envíe a Bruselas no es el proyecto de Presupuestos definitivo y puede sufrir modificaciones

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Consejo extraordinario para aprobar el plan de presupuestos

El Gobierno se reúne este lunes en un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el plan presupuestario de 2019 que tiene que remitir el mismo día a Bruselas para ser evaluado por la Comisión Europea, y que servirá de base para el proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere presentar en el Congreso de los Diputados a finales de noviembre o principios de diciembre.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó hace unos días que este trámite no es necesario, pero que el Ejecutivo quería mandar a Bruselas un mensaje claro de compromiso con la estabilidad presupuestaria. "Queremos darle una especial significación y que Bruselas sepa que estamos comprometidos con la consolidación fiscal", afirmó la ministra durante la presentación del acuerdo suscrito con Podemos.

Esa será la base del plan presupuestario que el Ejecutivo mandará a Bruselas en la fecha límite marcada por el Ejecutivo comunitario para enviarlo. En él se incluirán sus estimaciones macroeconómicas para 2019, sus previsiones de gasto e ingresos y las principales medidas y reformas que tiene previsto implementar de cara a dicho ejercicio.

Más incremento de los ingresos que de los gastos

Durante la rueda de prensa del pasado jueves, la titular de Hacienda indicó que las medidas incluidas en el acuerdo cerrado con Podemos tendrán un impacto en los Presupuestos de un aumento de 5.678 millones en los ingresos y de 2.082 millones en el gasto.

En concreto, el aumento de la recaudación llegará a través del paquete de medidas fiscales, que incluye la creación de dos nuevos tramos impositivos en el IRPF, por encima de los 130.000 y los 300.000 euros; establecer un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (18% en el caso de bancos y empresas de hidrocarburos); un impuesto a las transacciones financieras; y otro, del 3%, a las grandes empresas tecnológicas.

En el apartado de gastos el acuerdo presupuestario contempla la revalorización de las pensiones con el IPC, un aumento del 40% en la partida de dependencia, mayor dotación en vivienda e I+D+i, así como más recursos destinados a becas, entre otras medidas.

Muchas de las medidas acordadas -como la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad- repercuten en la Seguridad Social o en las comunidades autónomas. Por eso no se verán reflejados en el proyecto de presupuestos del Estado, pero sí en el plan presupuestario que se envíe a Bruselas, que también reflejará el aumento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros mensuales.

La incógnita del objetivo de déficit

El documento que el Gobierno remitirá a Bruselas podría plantear varios escenarios económicos diferentes, ya que, entre otros factores, la elaboración de las cuentas públicas de 2019 está pendiente de si el objetivo de déficit del próximo año será el 1,3% del PIB que dejó fijado el Gobierno de Mariano Rajoy o, por el contrario, el 1,8% que propone el Ejecutivo socialista, que no ha conseguido aún su aprobación.

En este sentido, cabe recordar que la nueva senda de estabilidad que el Gobierno socialista propone hasta 2021 cuenta con la aprobación de Bruselas y que, de hecho, la propia Comisión Europea ya señaló el pasado mes de mayo, en su valoración del plan presupuestario de 2018 que el Ejecutivo de Mariano Rajoy envió en octubre de 2017, que España no cumpliría con la senda marcada por el PP.

En concreto, en mayo la Comisión Europea estimaba que España cerraría 2018 con un déficit del 2,6%, cuatro décimas por encima del objetivo establecido por el PP en el 2,2%, y 2019 en el 1,9%, seis décimas más sobre el objetivo popular y una sobre el que propone el Gobierno de Pedro Sánchez.

La reforma de la Ley de Estabilidad, clave para el déficit

La fijación de un objetivo de déficit u otro depende de lo que suceda con la reforma de la Ley de Estabilidad con la que PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV quieren eliminar la capacidad de veto del Senado -donde el PP cuenta con mayoría absoluta- a la senda de estabilidad del Gobierno.

Su objetivo es modificar el artículo 15.6 de dicha ley, que establece que los objetivos de estabilidad presupuestaria deben ser aprobados obligatoriamente tanto por el Congreso como por el Senado, cuando lo habitual es que cuando la Cámara Alta rechaza alguna iniciativa ya aprobada por la Cámara Baja, ésta última pueda levantar el veto.

Sin embargo, la tramitación parlamentaria de esta reforma podría retrasarse varios meses debido a que PP y Ciudadanos, que suman mayoría en la Mesa del Congreso, rechazaron su tramitación por el procedimiento de urgencia y pueden prolongar el plazo de presentación de enmiendas, lo que podría llevar al Ejecutivo a elaborar las cuentas de 2019 sobre el objetivo de déficit del PP para poder aprobar los Presupuestos antes de las elecciones autonómicas y municipales que tendrán lugar en mayo.

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