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El juez del Supremo dicta orden de detención nacional para Anna Gabriel tras no acudir a declarar

  • Había sido citada a declarar como investigada en la causa por el 'procés'
  • Gabriel se encuentra en Suiza desde hace unos días
  • Ya anunció que no se presentaría porque dice que no tendría "un juicio justo"
  • La exdiputada de la CUP ha pedido el archivo de la causa

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El juez del Supremo Pablo Llarena dicta orden de detención nacional para Anna Gabriel

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, encargado de la causa abierta por el 'procés' independentista, ha dictado una orden de detención nacional y puesta a disposición del alto tribunal para la diputada de CUP Anna Gabriel, después de que este miércoles la investigada no haya acudido a su citación sin alegar causa legítima que se lo impida.

La exdiputada de la CUP, quien estaba citada como investigada por los delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos para este miércoles a las 9.30 horas en el Supremo, no ha acudido al tribunalhabía anunciado que haría en un escrito, y la secretaria judicial ha levantado acta de su incomparecencia tras aguardarla media hora.

Gabriel le notificó este martes al juez Pablo Llarena, que instruye la causa contra el 'procés' que propició la declaración unilateral de independencia de Cataluña, que no pensaba acudir y que permanecería en Suiza, a donde llegó hace días. En el escrito, exponía que creía que en la causa abierta en el Supremo no tiene "derecho a un juicio justo" porque "está siendo perseguida por motivos políticos".

Ante la incomparecencia, sin alegar causa legítima, el magistrado ha tomado esta decisión, por lo que Gabriel queda en la misma situación que el expresidente Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que permaneces huidos en Bélgica. Se trata de una medida habitual en incomparecencias sin causa en virtud del artíoculo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Fiscalía había solicitado la orden de captura internacional

Llarena no ha seguido el criterio de la Fiscalía, del abogado del Estado y de la acusación popular ejercida por Vox, que le habían que se dictara auto de prisión contra la exdiputada y, una vez acordada, se procediera a cursar la orden de busca y captura internacional y su detención preventiva, a los efectos de cursar la posterior demanda de extradición a Suiza.

De este modo, el juez ha evitado con su escrito poner en marcha un proceso de extradición con Suiza, algo a lo que "a priori" el Gobierno suizo se opone. Esa es una posibilidad que no queda cerrada, pero que dependerá de que el juez considere oportuno adoptarla en su caso.

En el Supremo han esperado la llegada de Gabriel durante media hora la secretaria judicial, el abogado del Estado y la acusación popular ejercida por Vox; a las 10.00 horas la secretaria judicial ha levantado acta de su incomparecencia y la ha elevado al magistrado.

Precisamente la estrategia de defensa anticipada por Anna Gabriel pasa por denunciar una persecución por motivos políticos, dado que Suiza contempla el rechazo a las peticiones de extradición si el procedimiento abierto en el extranjero "tiende a perseguir o castigar la persona por sus opiniones políticas, su pertenencia a un grupo social específico, o por consideraciones de orden racial, religioso o de nacionalidad".

La defensa considera que sus derechos fundamentales se verían gravemente comprometidos de aceptar voluntariamente su participación en el presente procedimiento".

Llarena evita de momento activar mecanismos internacionales

En cualquier caso, el juez Llarena ha evitado hasta el momento activar los mecanismos internacionales para conseguir la detención y entrega de los otros cinco fugados: el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Antonio Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig.

De hecho, al hacerse cargo del caso optó por desactivar las órdenes (europeas e internacionales) dictadas por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra los fugados y tan solo mantuvo el mandato de su arresto en el caso de que regresaran a España.

Gabriel es la segunda integrante de la CUP citada a declarar en esta causa: la primera, la también exdiputada Mireia Boya, sí compareció ante el Supremo la semana pasada y fue puesta en libertad sin medidas cautelares. Se trata además de la sexta investigada en esta causa que huye de la justicia.

El juez Llarena imputó hace semanas a un amplio grupo de dirigentes integrados en el comité estratégico que dirigía el procés según el documento EnfoCats, incautado a Josep María Jové, mano derecha del ex vicepresident Oriol Junqueras y considerado "cerebro" de la operativa del plan independentista.

En razón de sus cargos políticos Gabriel podría estar integrada en ese comité estratégico, aunque según su compañera de partido, Mireia Boyá, la CUP nunca tuvo conocimiento, ni sus dirigentes formaron parte de ese comité, cuya naturaleza es contraria, según dijo, al funcionamiento asambleario de esa organización independentista.

Gabriel pide el archivo de la causa

Por su parte, la exdiputada de la CUP ha pedido el archivo de la causa y la libertad de los independentistas "perseguidos", y ha denunciado la "falta de imparcialidad" de la justicia española.

En una entrevista con TV3 desde Ginebra, Anna Gabriel no se ha mostrado sorprendida por la orden de búsqueda y detención dictada por el Tribunal Supremo contra ella por no haber comparecido, y la ha relativizado al apuntar que "no es una lucha personal sino colectiva", por lo que "hay que seguir reivindicando que todos los presos, exiliados e imputados independentistas queden en libertad", ha apuntado.

Ha confirmado también que la CUP ha optado por una "estrategia compartida y desdoblada" ante los tribunales, lo que conlleva que mientras que la también exdiputada Mireia Boya compareciera ante el juez, ella haya optado por no hacerlo y "refugiarse" en Suiza al ver que otros dirigentes sí que están en prisión.

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