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Nueve empresarios admiten haber financiado ilegalmente al PP valenciano de Francisco Camps

  • Seis nuevos empresarios admiten pagos ficticios a empresas de la red Gürtel
  • Alcanzan un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que confirmarán el viernes
  • Admiten los pagos a cambio de reducciones de condena para evitar la prisión
  • El fiscal pide siete años de cárcel para Ricardo Costa y Vicente Rambla

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El expresident de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa
El expresident de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa

La Fiscalía Anticorrupción y los empresarios acusados en las piezas del caso Gürtel sobre la financiación ilegal del PP de Valencia han llegado a un preacuerdo para confesar los hechos a cambio de una rebaja de sus penas que les libre de entrar en prisión.

Según han informado a Efe fuentes próximas a la negociación, los seis empresarios que aún no habían pactado con la Fiscalía -tres ya lo hicieron a cambio de una rebaja de pena- estarían a punto de firmar un acuerdo para confesar los hechos y en los próximos días se mantendrán reuniones de cara a cerrar el pacto.

De esta manera, admite que financiaron de forma ilegal al PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008, en la etapa del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps.

Estos empresarios son Vicente Cotino Escribá (sobrino del expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino), Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina), Antonio Pons Dols y Gabriel Alberto Batalla Reigada.

Podrían evitar la prisión

A cambio de su confesión, la Fiscalía rebajaría la petición de pena para ellos a menos de dos años de cárcel, con lo que no entrarían en prisión, aunque ese principio de acuerdo está pendiente de firmarse.

Las conversaciones entre Anticorrupción y estos seis empresarios se producen después de que otros tres empresarios arrepentidos ya hayan pactado: Enrique Ortiz, Alejandro Pons Dols y José Francisco Beviá.

Estos acusados admitieron que financiaron de forma ilegal al PP en campañas electorales a través de pagos ficticios a empresas de la red Gürtel en Valencia.

Una veintena de acusados en el banquillo

El juicio de tres piezas de la trama Gürtel en Valencia comenzará en marzo en la Audiencia Nacional, cuando se juzgará a 20 acusados, entre ellos cinco excargos del PP de Valencia como Ricardo Costa y Vicente Rambla, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y por delito fiscal.

Por estos hechos, la Fiscalía pide siete años y nueve meses de cárcel para Ricardo Costa (entonces secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente del gobierno valenciano), David Serra (exvicesecretario del PPCV) y Cristina Ibáñez (exgerente del PPCV).

También están acusados el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Además, se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.El resto de son empresarios radicados en la Comunidad Valenciana

La empresa de la trama Orange Market en 2004 con la realización de actos para el PP en la ciudad o la presentación de la America's Cup y la Cámara de Comercio. En 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales. Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).

Según el juez, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó "presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura".