Los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil que mantendrá la gratuidad

• Según ha anunciado el ministro de Justicia en el Senado
• El Ministerio garantiza los puestos de trabajo en el territorio de su competencia
• CSI-F y CC.OO. denuncian que supondrá la "privatización" del servicio
• El Colegio de Registradores ha expresado su "absoluta disconformidad"

Los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil, que mantendrá su gratuidad y estará disponible en una plataforma digital a través de internet, según ha anunciado este martes el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

El Ejecutivo impulsará la reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil, por la que los registradores mercantiles pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles y su labor quedará "bajo la supervisión del Ministerio de Justicia", según Gallardón. La ley de 2011 iba a entrar en vigor el próximo 22 de julio, pero el Gobierno va a prorrogarla en los próximos dias, tras acordar estas modificaciones.

La reforma se justifica, según el Ministerio, en el "colapso" patente en "largas colas" en las puertas de los registros civiles que "en algunos casos están dando cita para 2019". No obstante, apunta que fueron motivo de hasta un 44% de quejas contra la Administración de justicia en 2012, de acuerdo con la memoria de 2013 del Consejo General del Poder Judicial.

Así, con las modificaciones a la norma, los registradores mercantiles, hasta ahora a cargo del registro de personas jurídicas, asumirán también el registro de las personas físicas, a través de una plataforma electrónica.

Los registradores mercantiles gestionarán la plataforma digital, de titularidad pública, donde se abrirá un folio por persona, en vez de hacerse como hasta ahora por actos, como el nacimiento, el matrimonio, la defunción y el cambio de apellidos.

Colectivo con "experiencia"

De esta forma, el Gobierno decide encomendar la gestión a los registradores mercantiles frente a los de la propiedad, que en un principio habían sido advertidos a través de una carta de su nueva función, o los secretarios judiciales.

El Ministerio justifica su decisión en la "experiencia" de este colectivo en funciones registrales y su "capacidad" para hacerse cargo de la "inversión" que supone la creación de una plataforma digital.

Los propios registradores civiles y mercantiles financiarán la plataforma, lo que, según asegura el departamento de Justicia, permitirá que la reforma no conlleve costes para el Ministerio y el ciudadano. El Colegio de Registradores no pudo comprometerse a asumir la responsabilidad aceptando la gratuidad del servicio, dado que las circunstancias de este colegio y de los mercantiles son "distintas", explica el Ministerio, un hecho que también "ha pesado" en la decisión.

Con la reforma, se establecerá una oficina en cada capital de provincia, y en los municipios donde no haya registro mercantil serán las notarías o las oficinas de los juzgados de paz, las que se encarguen de esta función, en el ayuntamiento de cada municipio.

Gallardón ha explicado en el Senado que los funcionarios que hasta ahora se encargaban del Registro Civil pasarán "sin excepción" a trabajar en los juzgados de primera instancia para "ayudar a los jueces".

Además, según detalla un comunicado del Ministerio, garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo, incluido el personal interino, en el territorio que sea de su competencia.

"Es la peor noticia que nos podían dar"

Sin embargo, los sindicatos CC.OO. y CSI-F han denunciado, en sendos comunicados recogidos por Efe, que el anuncio de Gallardón supondrá "privatizar" un servicio que dejará de ser gratuito y que pondrá en riesgo cientos de puestos de trabajo en la administración.

Comisiones Obreras cifra en más de 5.000 los puestos de trabajo que pueden verse suprimidos y advierte al ministro de que convocarán una huelga en la Administración de Justicia en toda España en caso de que Justicia no retire su propuesta. "Gallardón miente a la sociedad anunciando una privatización 'sin coste para la sociedad, y sin pérdida de puestos de trabajo' cuando la realidad es bien distinta", critica.

Por su parte, el presidente del área de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) Francisco Lama, ha asegurado a RTVE.es que los sindicatos no tenían “ninguna información” sobre el contenido de la reforma, pese a que el Ministerio asegura que ya habían trasladado, en reuniones con los representantes de los trabajadores, que se mantendrían los puestos de trabajo.

“Es la peor noticia que nos podían dar”, ha sentenciado Lama, ya que la competencia en Justicia está transferida en la mayoría de las comunidades autónomas, en las que se perderán, según CSI-F, los puestos de trabajo. Por ello, el sindicato estudia llevar a cabo "acciones contundentes" contra el Ministerio.

En total, el sindicato cuantifica en 2.800 los empleos que el Gobierno va a amortizar teniendo en cuenta que garantiza los puestos de trabajo en los territorios de su competencia, es decir, en Murcia, Ceuta, Melilla, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura.

Al contrario de lo que argumenta el Ministerio para explicar la reforma, CSI-F considera que las funciones del Registro Civil, hasta ahora a cargo de funcionarios de la Administración de Justicia se han llevado a cabo de forma "ejemplar". Por ello, creen que deberían quedarse a cargo de los secretarios judiciales.

"Absoluta disconformidad" del Colegio de Registradores

También el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ha mostrado su "absoluta disconformidad" con el anuncio del ministro de Justicia, porque puede "originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia", advierte este colectivo.

En su opinión, señalan a través de un comunicado recogido por Efe, la decisión del Gobierno pone de relieve el "desconocimiento" de la estructura del cuerpo de registradores, formado por un cuerpo único de funcionarios, que sirven indistintamente tanto Registros de la Propiedad como Registros Mercantiles.

Manifiestan su "preocupación y malestar" por la forma de proceder del Ministerio que puede provocar "un cisma en el cuerpo de registradores", sin tener en cuenta distintas propuestas presentadas por esta institución que "respondían a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil".

Por último, los registradores lamentan que una decisión de este calado no se haya adoptado "con el mismo consenso jurídico y político" con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011 cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza.