La Audiencia Nacional estudia si archiva la causa de Couso y la del genocidio en el Tibet

• La Sala de lo Penal también deliberará sobre la liberación de 9 presuntos narcos
• La reforma limita la posibilidad de juzgar delitos cometidos fuera de España

La Audiencia Nacional decide si cierra los casos de la muerte de José Couso en Irak y el genocidio del Tibet

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará este viernes si archiva el sumario que instruye el juez Ismael Moreno contra China por el genocidio que se habría producido en el Tíbet y el caso de la muerte del periodista español José Couso tras la reforma que limita la justicia universal, han informado fuentes jurídicas.

Además, la Sala estudiará si tiene que excarcelar a otros cinco narcos extranjeros apresados en barcos fuera de aguas territoriales, y

La reforma, aprobada por el Congreso gracias a los votos del PP y que entró en vigor el pasado 15 de marzo, ha provocado la excarcelación de hasta 47 narcos porque, de acuerdo a la nueva Ley, los tribunales españoles solo serían competentes para juzgarlos en caso de que los detenidos sean nacionales o la droga tenga como destino España.

La reforma propugna archivar el caso Couso

En el caso Couso, sobre la muerte del cámara José Couso en Irak en 2003, los magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Penal deben decidir si como dice Pedraz se debe seguir investigando, o si, como sostiene la Fiscalía, es la Sala de lo Penal la que debe determinar si debe mantenerse abierta esta causa o archivarse tal y como propugna la reforma.

La decisión que adopte el pleno en relación a este asunto es de trascendencia porque determinará si sobre la reforma de la ley de justicia universal prevalece el convenio de Ginebra, tal y como sostiene Pedraz, como tratado internacional que obliga a perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, entre ellos los periodistas.

Posible cuestión de institucionalidad

En el caso de la acusación de genocidio en el Tíbet, y que según críticos con la reforma fue el detonante de que el Gobierno limitase la aplicación de la justicia universal, el pleno debe determinar si lo archiva definitivamente o si cabe plantear cuestión de inconstitucionalidad contra la nueva norma.

El pasado 10 de febrero, Moreno ordenó la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exdirigentes chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet.

Esta decisión provocó que el gobierno chino expresara en varias ocasiones su "fuerte malestar" y su "firme oposición" a la decisión de la Justicia española y expresó su deseo de que el Gobierno resolviera "de forma apropiada" este asunto.

Moreno ha sido el único juez que tras la reforma ha accedido a la petición de la Fiscalía de concluir el sumario y elevarlo a la Sala de lo Penal para que este órgano se posicione sobre la disposición transitoria única de la nueva norma, que ordena el archivo de forma retroactiva de los casos de justicia universal abiertos.

Liberación de presuntos 'narcos'

El pleno también abordará la excarcelación de cinco presuntos narcotraficantes, un coreano y cuatro brasileños,  que iban a ser juzgados el 5 de junio y que fueron detenidos en marzo de 2013 en un buque fuera de las aguas territoriales españolas con 1,7 toneladas de cocaína valorada en 60 millones.

Además, tiene también que resolver un recurso de la Fiscalía Antidroga contra la decisión del juez Ismael Moreno de excarcelar a cuatro narcos turcos apresados en un barco pesquero fuera de las aguas territoriales españolas con 12 toneladas de hachís, en cumplimiento de la reforma.

La Sala ya ha avalado la liberación de 47 narcotraficantes extranjeros apresados en barcos fuera del territorio nacional y ayer la Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del pleno de excarcelar a todos estos narcos al discrepar con la interpretación de la Audiencia Nacional sobre la competencia de la jurisdicción española en la persecución de estos casos tras la nueva redacción del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.