Ruz ve indicios de fraude fiscal y falsedad en la reforma de la sede del PP en Génova

• Cita como imputada el 7 de julio a la socia del arquitecto de la sede del PP
• También a tres colaboradores de la empresa del arquitecto de esas obras
• Ruz constata que las obras podrían constituir delitos de fraude y falsedad

Hacienda afirma que parte de las obras de la sede del PP se pagaron en negro

El juez de caso Bárcenas, Pablo Ruz, ve indicios de hasta tres delitos -fraude fical, falsedad documental y falsedad contable- en las obras de reforma de la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid, que se realizaron entre 2005 y 2011 tras recibir los informes de la UDEF y Hacienda.

Lo ha señalado en un auto en el que cita a declarar como imputados el próximo 7 de julio a Belén García, la socia del arquitecto Gonzalo Urquijo, y a tres antiguos trabajadores de la empresa Unifica: Laura Montero, que fue directora de Proyectos; María Rey, que fue la jefa de obra; y Claudio Montero, jefe de proyectos en 2008.

Al día siguiente, 8 de julio, ha citado como testigos al exjefe de Seguridad del PP y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, Antonio de la Fuerte, al cajero de la formacación, Luis Molero, y a otros dos empleados del estudio de arquitectura.

Estas nuevas citaciones se producen después de haber recibido un informe preliminar de Hacienda y otro informe de la UDEF que vienen a constatar, según el juez, la realidad de los apuntes contables consignados por Bárcenas en relación con las obras realizadas en la sede del PP y que podrían constituir uno o varios delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y falsedad contable, sin perjuicio de ulterior calificación. Las salidas de dinero en efectivo para Gonzalo Urquijo de la supuesta caja B del PP y ascenderían a 888.000 euros.

El presupuesto

El nuevo informe preliminar de Hacienda viene a constatar, según Ruz, que en algunas plantas del edificio las obras se iniciaron sin existir presupuesto aprobado por ambas partes y que en otras ocasiones el presupuesto presentado en el colegio de arquitectos no coincidía con el supuestamente acordado entre el PP y Unifica.

En otras plantas del edificio (según acreditan correos electrónicos incautados) se elaboraron dos certificaciones finales: una que correspondía a la factura girada y otra, de cantidad superior, "supuestamente a la que respondía al precio real del proyecto". En estos casos, y teniendo en cuenta el supuesto descuento que según Bárcenas Unifica aplicaba, "existe una correlación con las cantidades consignadas en la contabilidad paralela del PP" en relación con tres apuntes concretos de marzo a diciembre de 2008.

En relación con la segunda planta de la sede, también se han constatado determinados trabajos supuestamente sin facturar por unifica y que, con el descuento aplicado, coincide con otro apunte contable de Bárcenas por valor de 195.000 euros.

Precisamente la imputación de la socia de Urquijo se produce al haber constatado la UDEF que el mismo día que Bárcenas consignó ese apunte para "Gonz.Urquijo", el 28 de enero de 2008, Belén García visitó la caja de seguridad que tenía alquilada con el arquitecto en la Banca March.

De confirmarse estos extremos, el juez, que pide por ello a Hacienda que envíe a la mayor brevedad su informe definitivo sobre esta cuestión, estima que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y falsedad contable.

El exalcalde de Majadahonda no declara ante Ruz

Por otro lado, el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y Carmen Rodríguez Quijano, exmujer del presunto cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, se han acogido este jeuves a su derecho a no declarar ante el juez Ruz.

Según han informado fuente jurídicas, Ortega se ha negado a declarar ante el magistrado, que le citó como paso previo al cierre de la instrucción y para que respondiera sobre nuevos informes y documentación recibida en la causa desde que fue imputado en este caso. La última vez que compareció ante Ruz fue en junio de 2013, cuando realizó una prueba caligráfica para cotejarlas con tres órdenes de transferencias manuscritas de bancos de Suiza.

También se ha acogido a su derecho a no declarar la exmujer de Correa, que además fue jefa de gabinete en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Este jueves ha recordado al juez que ya ha comparecido tres veces en el marco de esta causa, que se ratificaba en sus declaraciones anteriores y que no tenía nada que añadir a ellas.

Ruz ha tomado declaración a un tercer imputado, el exedil de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández Rodríguez, quien había sido citado la semana pasada pero no acudió, ante lo que el juez le avisó que le arrestaría si volvía a hacer lo mismo. En su declaración, según fuentes jurídicas, Fernández Rodríguez ha sido preguntado por la contratación de empresas de Correa cuando era concejal, pero se ha desvinculado de cualquier trato de favor a estas sociedades.