El turismo sanitario, un problema de "gestión" que se puede convertir en beneficio

  • Sanidad cifra en 700.000 los extranjeros que usan indebidamente nuestra sanidad
  • Expertos y Tribunal de Cuentas señalan que la gestión debe mejorar
  • La atención a comunitarios además de una obligación puede ser un motor económico
santiago sánchez 

Las lagunas administrativas y la picaresca están detrás de un agujero en nuestro sistema sanitario de 917 millones de euros, según denunció la ministra de Sanidad, Ana Mato. Una de las medidas del Real Decreto publicado este martes para la sostenibilidad de nuestro sistema de Salud es afrontar el llamado turismo sanitario, que busca "acabar con la utilización indebida de los servicios sanitarios por parte de algunos extranjeros y los abusos que cometen al acceder de esos servicios sanitarios sin tener derecho a ello", según la ministra, quien cifró en 700.000 a los infractores.

En este punto, se incluirá en nuestra normativa la prohibición expresa de desplazarse a otro país con el objetivo de recibir asistencia sanitaria perteneciente a la directiva europea sobre libre circulación de personas, un artículo que antes no se había aplicado en nuestras leyes. También revisarán los convenios con algunos países "porque no reintegran el dinero que nos deben por la atención sanitaria."  "No va a quedar ninguna persona desatendida" pero "vamos a acabar con el turismo sanitario" sentenció.

Los expertos coindicen en que, reconociendo casos de picaresca, el problema fundamental es de gestión. El diagnóstico coincide con el que expresó mediante un informe el Tribunal del Cuentas el pasado mes de marzo, documento de base para la reforma que ha puesto sobre la mesa el ministerio de Sanidad, y en el que se recoge una nebulosa administrativa en la que no se facturan muchos de los servicios prestados y de los que se facturan se certifica un importante grado de impagos.

Los especialistas consultados por RTVE.es consideran también que esta inficiencia puede trastocar unos prespuestos sanitarios en las comunidades más receptoras de extranjeros pero también apuntan a que tiene aspectos que pueden favorecer sus economías.

Traslado al déficit de las Comunidades Autónomas

El ser un referetente turístico para los jubilados europeos y la situación de frontera con países como Portugal aumenta el número de comunitarios que buscan nuestra sanidad.  Estos usuarios imprevistos, según el especialista en Economía de la Salud de la UNED Pedro Antonio Tamayo, "desvirtúan el cálculo de rercursos financieros para las comunidades de modo que puede haber contribuido a incrementar sus déficit sanitarios".

Canarias por ejemplo gastó 15 millones en asistir a extranjeros y 6, la Región de Murcia. Desde las islas se señala que solo han recibido 9 millones de euros por la prestación de estos servicios y en Murcia, 4. Sus arcas sufren así un impacto de casi el 50% de desajuste.

Además del coste directo que se ha estimado, hay que tener en cuenta, dice el profesor Tamayo, los ahorros indirectos que pueden derivarse de esta medida, en términos de menor presión en los centros asistenciales, en los servicios de urgencias de las Comunidades más afectadas, y una posible reducción de listas de espera para determinadas patologías.

El profesor de la Universidad de Zaragoza y médico Luis Andrés Gimeno Feliu asegura que este turismo sanitario, que él identitica con los 'extranjeros ricos', tiene fácil solución mediante acuerdos entre los países, que no dejen sin asistencia sanitaria a ningún paciente".

El Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto que el Sistema Nacional de Salud está asumiendo, con cargo a sus presupuestos, la asistencia sanitaria de personas que la tienen ya cubierta, bien por sus instituciones de seguridad social en origen, bien por esquemas de seguros privados, lo cual está "erosionando enormemente" su capacidad financiera e impidiendo que sus gestores puedan seguir realizando mejoras en los servicios.

Errores de gestión

El informe del 29 de marzo de este año del Tribunal de Cuentas, que sirvió de sustento para la valoración de la ministra Ana Mato, señala numerosas disfunciones en la metodología de expedición de los distintos documentos que dan acceso a nuestra sanidad y a no menos errores en el sistema de facturación, cobro y contabilidad de los importes.

Una de estas "negligencias" es que no se comprueba si el solicitante tiene ya una cobertura sanitaria en su país de origen. Otra, es que no hay un seguimiento inidividalizado de cada uno de los cobros. Según este organismo dependiente del ministerio de Hacienda, en 2009 se el Instituto Nacional de la Seguridad Social emitió facturas por a los países de la Unión Europea más Islandia, Liechestein, Noruega y Suiza por valor de 441,1 millones de euros de los que se han cobrado 360 millones.

Muchas facturas son devueltas por estar incorrectamente giradas, muchos gastos no son registrados, hay problemas de coordinación entre comunidades y administración central. Son parte del rosario de deficiencias en la gestión del cobro a ciudadanos comunitarios por los servicios de salud.

Un dictamen de la Comisión Europea que obliga a España a entregar tarjeta sanitaria europea a todos los ciudadanos con derecho a asistencia en España. El mismo organismo dictó una directiva para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, aunque puso la advertencia de que no podía hacerse para acabar con el turismo sanitario como impulso a la cohesión y justicia social sin que su aplicación conllevara "que se aliente a los pacientes a recibir tratamiento fuera de su Estado miembro de afiliación"

La principal novedad del Real Decreto Ley es que los ciudadanos comunitarios que quieren residir en España más de tres meses deberán inscribirse en el Registro de extranjeros comunitarios, con su identificación y los documentos que acrediten la titularidad de seguros privados o bien importar sus derechos sanitarios mediante el documento E121, lo que significa que el Estado de afiliación pagará a España una cuota fija por cada afiliado que traslade su residencia a España, según la profesora María Teresa Echezarreta, profesora y directora del Observatorio Europeo de Gerontoinmigración, de la Universidad de Málaga.

Para esta profesora habrá que dar tiempo a las medidas, cuyo éxito dependerán de su aplicación. En su opinión, "el escollo está en la gestión de la información, en el control del caso concreto, en los trámites de cobro y reembolso, en el control del fraude y en el incentivo del cobro directo"

Hasta alcanzar los 7.000 millones, esta es solo una de la vías de ahorro que ha propuesto Sanidad, y en principio 'indolora' para los bolsillos españoles, salvo por la vertiente que podría derivarse de la bajada de ingresos asociados a la actividad turística

El turismo sanitario, de lastre a motor

¿Por qué nuestro país es un paraíso para los turistas sanitarios? Hay muchos factores. La amplía cobertura de nuestro sistema de salud, la ausencia de copago y unos servicios de urgencias usados como puerta trasera para evitar listas de espera, son algunos de los que señala el profesor de la UNED.

La profesora Echezarreta, coincide: "la cartera de servicios más amplia de toda Europa, de más fácil acceso al servicio y de una alta profesionalidad" son la razones. Esta experta en migraciones comunitarias de mayores de 65 años señala que España como destino es una singularidad también por la cultura mediterránea de la atención sanitaria y por la flexiibilidad en los controles que no es común en el centro y el norte de Europa.

Echezarreta señala que "un paciente con problemas reumáticos, respiratorios, dermatológicos o circulatorios tiene más posibilidades de paliar su sintomatología en España que en países de temperaturas extremas y con escaso sol". Por eso, propone un "inteligente negociación con los países de origen sobre las cuotas anuales por cada jubilado" para que nuestro país sea un destino de interés.

"Son muchas las inversiones inmobiliarias y el consumo de bienes y servicios que asumen estos colectivos como para que sacrifiquemos el fenómeno y se desvíen a otros destinos con sol, playa paisaje y buena hostelería más baratos que España", añade.

Esta profesora señala que el problema podría dar este viraje con una estrecha colaboración entre las autoridades españolas y las de los Estados de afiliación a traves de los puntos de contacto que prevé la directiva de asitencia transfronteriza para asegurar el reembolso, para lo que es imprescidible su autorización y que coincida con las prestaciones que tiene en su país de procedencia".

La picaresca no es solo española

En cuanto a la pircaresca, el grueso del asunto parece estar vinculado a los servicios asociados a los mayores de 65 años. Según el sindicato médico CESM es creciente el número de intervenciones quirúrgicas a personas que no tributan en nuestro país, "especialmente relacionados con implantación de prótesis ortopédicas o tratamientos de cataratas", intervenciones más costosas en sus países, con mayor lista de espera, en algunas sin cobertura, o con una rehabilitación sin las ventajas climatológicas de las costa del Sol.

El Tribunal de Cuentas destacó el gran uso que los portugueses hacen de los servicios sanitarios de Pontevedra y Badajoz, y los marroquíes de los de Ceuta y Melilla, donde una importante cantida de los nacimientos que se llevan a término no son de ciudadanos españoles, según el INGESA.

José Antonio Monago, presidente de Extremadura, expresó recientemente su rechazo al turismo sanitario y llamó al Gobierno a acabar con él. Entre otras cosas, denunció que las autoridades británicas pongan a disposición de sus ciudadanos información de cómo beneficiarse de la sanidad española.

Se da el caso, ejemplifican desde el sindicato de médicos, de que un ciudadano alemán sin derecho a sanidad en su país viene a España, se empadrona, se trata aquí y, a su vuelta, sigue recibiendo asistencia, pero ya con cargo a España.

El Tribunal certifica facturas reclamadas por Alemania donde su sanidad tiene cobertura odontólogica. Este dato entronca con algunas dudas sobre otra vertiente del agujero en balance, la de ciudadanos extranjeros, que con cobertura en España, disfrutan de servicios en sus países de origen y cuyos gastos luego son demandados a nuestro sistema sanitario.

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