Anticorrupción pregunta a Fernández si la Junta ideó los ERE "para beneficiar a algunos"
- El exconsejero andaluz de Empleo declara ante la juez por tercera jornada
- Manos Limpias y el PP pedirán prisión sin fianza para Antonio Fernández
- La declaración concluirá el martes tras el interrogatorio de las defensas
La Fiscalía Anticorrupción ha preguntado este domingo al exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, imputado por los ERE irregulares, si el sistema investigado "se ideó para favorecer a determinadas personas" y tener las manos libres.
En la tercera jornada de declaración de Fernández ante la juez Mercedes Alaya, el fiscal ha concluido su interrogatorio de varias horas preguntando si el sistema -que empezó a aplicarse en 2001- tenía por objeto "conseguir que la consejería de Empleo tuviese fondos sin control alguno, para favorecer a determinadas personas en perjuicio del resto de la población", han informado abogados personados en la causa durante un receso.
A lo largo de tres días de interrogatorio, la juez Alaya hizo a Fernández 200 preguntas y la Fiscalía Anticorrupción unas 60 y, a continuación, tras el receso realizado entre las 21 y 22 horas de este domingo, ha comenzado a preguntar el letrado de la Junta de Andalucía, personada como acusación particular.
El abogado del sindicato Manos Limpias, José María Gómez de León, que ejerce la acusación, ha informado a los periodistas que va a pedir prisión sin fianza para Fernández, y el letrado del PP, Luis Navarro, también personado como acusación, ha dicho que "previsiblemente" pedirá la misma medida.
Más de 30 horas de declaración
Fernández lleva más de 30 horas de declaración, con jornadas de hasta 11 horas diarias, en las que ha defendido la legalidad de las ayudas porque ningún "criterio jurídico" se opuso a ellas y dijo que eran "discrecionales" pero no "arbitrarias".
Hasta ahora han ingresado en prisión Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo que lo hizo el pasado 9 de marzo, y su chófer Juan Francisco Trujillo, que ingresó en la cárcel el 22 de marzo tras declarar que con las ayudas que recibió para sus empresas sin actividad pagó fiestas y copas y compró cocaína para sí mismo y su jefe.
En la causa están imputados medio centenar de "intrusos" que nunca trabajaron en las empresas acogidas a un ERE, además varios altos cargos de la Junta como Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo, y los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.
Los citados abogados han informado que previsiblemente la declaración de Fernández concluirá el martes, tras el interrogatorio de las defensas y de su propio defensor.
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