LAURA G. TORRES - MADRID El candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido en su discurso de investidura a resolver en tres meses, y a través del "diálogo con la oposición", la renovación pendiente en el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Administración de Radio Televisión Española.
Rajoy ha anunciado su propósito de abordar "de manera inmediata" estos procesos de renovación "a fin de que puedan estar resueltos en el plazo de tres meses".
Sobre las televisiones públicas en general, Rajoy también ha anunciado en su discurso que es "absolutamente prioritario" revisar el modelo actual de televisiones públicas y, por ello, presentarán en el Congreso de forma "inmediata" la "reforma legal necesaria para permitir nuevos modelos de gestión".
El proceso de renovación parcial de los vocales del Tribunal Constitucional está pendiente desde la pasada legislatura, con una vacante de magistrado sin cubrir desde hace más de tres años y medio -la de Roberto García-Calvo, fallecido en mayo de 2008- y con otros tres jueces cuyo mandato finalizó en noviembre de 2010 -Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera- y no han sido aún sustituidos.
La falta de acuerdo entre PP y PSOE en esta renovación llevó incluso el pasado junio a la dimisión inédita del vicepresidente y dos magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato había expirado en noviembre de 2010, cuya renovación no se ha producido.
En lo que respecta a RTVE, la Corporación se encuentra sin presidente -cuyo nombramiento compete al Congreso de los Diputados- desde el pasado julio, cuando Alberto Oliart presentó su dimisión irrevocable por motivos personales, además de existir varios consejeros cuyo mandato ha expirado. Así, las Cortes deberán elegir ocho nuevos consejeros: seis cuyo mandato expiró en enero de 2010, más otros dos que corresponden a los del presidente dimitido y el del también dimitido vocal de CCOO, Héctor Maravall. El Consejo de RTVE lo componen en total 12 miembros.
En cuanto al cargo de Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que era adjunta primera al Defensor, ejerce el cargo en funciones desde junio de 2010, cuando cesó Enrique Múgica al expirar su mandato y no nombrarse un sustituto por el Parlamento. Múgica no podía renovar el cargo por haber agotado el máximo de mandatos que permite la ley reguladora de la institución.
En el Tribunal de Cuentas, el mandato de sus doce consejeros expiró hace un año, cuando tenían que haberse renovado los seis consejeros propuestos por el Congreso y los otros seis del Senado, según han informado fuentes de la institución a RTVE.es. El mandato de los consejeros es por nueve años.
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