La Policía Nacional ha detenido a 50 personas y ha desarticulado  dos redes de explotación sexual que operaban en Málaga, Córdoba y  Almería gracias a las denuncias de varias de sus víctimas, informó  hoy la Policía.

Más de 1.000 mujeres podría haber sido explotadas por estas redes que distribuían estupefacientes entre sus clientes e, incluso,  obligaban a las mujeres a consumirlas.

Uno de los grupos desarticulado actuaba desde tres clubes ubicados en Málaga, Torremolinos (Málaga) y Córdoba. Los agentes han detenido  a un total de 38 personas, entre ellos todos los responsables de la organización, el dueño de los locales, los encargados, las 'mamis' y  los porteros.

Las primeras pesquisas evidenciaron que dicho grupo era  el responsable de la administración y control de tres clubes en  Málaga capital, Torremolinos y Córdoba. Los máximos dirigentes de  esta organización habrían creado un complejo entramado mercantil para  intentar ocultar las ilícitas actividades de la trama.

Los investigadores averiguaron que las mujeres que ejercían la  prostitución en estos clubes eran obligadas a rotar entre los mismos  por periodos de 21 días.

Además, debían atenerse a estrictas normas  en cuanto a vestimenta, horario de trabajo con jornadas superiores a  doce horas diarias durante al menos 6 días a la semana, y un  pormenorizado control del precio, duración y número de servicios  sexuales.

Paralelamente, la red había articulado una estructura de tráfico  de drogas para abastecer de estupefaciente a los locales. En el  desarrollo de la operación se detuvo a los tres proveedores de droga  y se intervinieron numerosas dosis de cocaína y heroína preparadas para la venta, instrumentos de pesaje y dinero en efectivo.

Sólo salían a la calle dos horas al día

La segunda red desmantelada actuaba en Almería, donde se ha  detenido a doce personas dedicadas a la explotación sexual de  mujeres. Se ha practicado siete registros en los que se han  intervenido más de 4.000 euros, 7 gramos de cocaína, ordenadores y  diversa documentación.

Sus víctimas, procedentes de Sudamérica y del  Este de Europa, llegaron a España con intención de ejercer la  prostitución. Cuando llegaron a nuestro país, los encargados de las  casas de citas donde iban a 'trabajar' les obligaron a consumir  sustancias estupefacientes y a distribuirlas entre sus clientes.

Las mujeres debían permanecer en las casas de alterne las 24 horas  del día y sólo podían salir a la calle durante dos horas y con  autorización previa. Además, debían pagar 20 euros por el uso de una  cama litera que era compartida con otras diez chicas y únicamente  percibían el 50% del importe que cobraban por los servicios.

El resto del dinero era para los encargados, quienes también las  amenazaban para que se sometieran a la voluntad de sus clientes.

La Policía recordó en un comunicado que las mujeres que se encuentran en situación irregular en nuestro país y que colaboran en  la desarticulación de estos entramados pueden obtener la tarjeta de residencia y trabajo o solicitar su repatriación a su país de origen.

Además, todas las víctimas que facilitan este trabajo policial y  judicial pueden adquirir la condición de testigos protegidos que las  otorga un total anonimato en todas las actuaciones realizadas por la  Policía y los jueces.