EFE - MADRID El Comité de Expertos nombrado por el Ministerio de Igualdad para asesorar sobre la modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo propone que las mujeres de entre 16 y 18 años puedan abortar sin consentimiento paterno.

También aboga por el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 si corre peligro la salud de la madre o el feto presenta graves anomalías.

Después de seis meses de trabajos, el comité ha presentado sus conclusiones a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, quien ha explicado que serán elevadas este viernes al Consejo de Ministros y previsiblemente "antes del verano" el Gobierno elaborará el anteproyecto de ley del aborto.

Los expertos recomiendan que no haya límite de semanas en aquellos casos en los que el feto presente malformaciones incompatibles con la vida y que a partir de la semana 22 -señalada por la OMS como periodo límite de viabilidad fetal- la interrupción del embarazo no se considere un aborto sino "un parto inducido".

Según uno de los miembros del comité, el ginecólogo Javier Martínez Salmeán, la mujer debe ser informada sobre las ventajas y las ayudas de las que dispone si quiere continuar con el embarazo y debe contar con un periodo de reflexión de tres días.

Para elaborar las recomendaciones, el comité ha tenido en cuenta las legislaciones de países europeos y los cambios en el reconocimiento de la salud sexual y reproductiva de las mujeres como un derecho que no puede ser "tutelado", ha señalado Salmeán.

Sin penalilzación por abortar

En el plano jurídico, señalan que una ley de plazos queda "dentro del marco de la Constitución" y abogan por que nunca se penalice a una mujer por abortar, aunque incumpla los requisitos legales para hacerlo.

En este sentido, Aído ha subrayado que el Gobierno tiene claro que "ninguna mujer que aborte pueda ser penada con la cárcel".
 
También aconsejan excluir la prisión y atenuar las penas para los médicos que practiquen abortos, aunque sí debe continuar la tipificación penal en caso de que no sea respetuoso con los requisitos legales.

También defiende que la Ley de Autonomía del Paciente elimine la exclusión del aborto de las operaciones quirúrgicas a las que una menor puede someterse.

Además, piden al Ejecutivo la puesta en marcha de una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva con enfoque de género para prevenir los embarazos no deseados y rebajar el número de abortos.

Norma más segura

Aído ha manifestado que "no se trata de elaborar una norma más permisiva, sino más segura" que garantice el derecho de las mujeres y ha subrayado que el Ejecutivo "no sigue criterios fundamentalistas de ningún extremo" sino que ofrece "soluciones equilibradas".
 
Tanto los expertos como la titular de Igualdad han coincidido en el respeto a la objeción de conciencia de los médicos, pero han matizado que ésta no puede impedir que una mujer pueda ejercer su derecho a abortar.

Los trabajos de este comité han transcurrido paralelos a la subcomisión del Congreso de los Diputados cuyo informe fue aprobado el pasado 18 de febrero por la Comisión de Igualdad y que establece un periodo no determinado para el aborto libre y varias indicaciones para interrumpir el embarazo más allá de ese plazo inicial.