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El tribunal de La Haya ordena arrestar al presidente sudanés por los crímenes de Darfur

  • Le acusan de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región sudanesa
  • El Gobierno de Sudán rechaza la decisión de la CPI y no entregará a Al Bashir
  • Egipto pide al Consejo de Seguridad a la ONU que suspenda la orden de detención
  • El Grupo rebelde Darfur califica de "victoria" la orden de arresto contra Bachir
  • Sudán expulsa a diez organizaciones de asistencia extranjeras en Darfur
  • Ban insta a Sudán a garantizar la seguridad de civiles y personal de la ONU

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La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra el presidente de Sudán por crímenes de guerra en Darfur

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur, aunque ha desestimado el cargo de genocidio.

La orden de arresto, que tiene efecto inmediato, incluye siete cargos: cinco por crímenes de guerra -entre ellos exterminio, tortura y violación- y dos de lesa humanidad -ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje.

Por su parte, Sudán ha rechazado la decisión de la CPI al entender que forma parte de un plan "neo-colonialista". Según el asesor presidencial Mustafa Osman Ismail, el Gobierno no se ha sorprendido por esta decisión y afirma que no entregarán a su presidente. El ministro de Justicia sudanés, Abdel Baset Sedrat, ha manifestado que "la orden de detención es una decisión política, que ha sido preparada desde antes". 

El Ministro del Exterior egipcio Ahmed Aboul Gheit ha pedido al Consejo de Seguridad a la ONU que suspenda la orden de detención contra el presidente de Sudán. Pero por otra parte, el Grupo rebelde Darfur ha calificado de "victoria" la orden de arresto contra Bachir.

Tras conocerse la noticia, Sudán ha decidido expulsar a 10 organizaciones de asistencia extranjeras (británicas, francesas y estadounidenses) que trabajan en Darfur territorio, según ha informado un responsable del Ministerio de Asuntos Humanitarios sudanés, sin identificar, a la agencia de noticias estatal SUNA.

La orden no incluye el cargo de genocidio, porque los jueces consideraron "por mayoría" que los documentos presentados por la fiscalía no tienen suficiente base para probar la "intención específica" de Al Bachir de destruir a una parte de la población, según la portavoz del CPI, Laurence Blairon.

No obstante, la Fiscalía puede presentar "materiales adicionales" para que puedan modificarse los cargos y poder incluir la acusación de genocidio en una fase posterior. 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha urgido al Gobierno de Sudán a garantizar la seguridad de la población, el personal de la ONU y los cooperantes ante posibles reacciones violentas a la orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar al Bachir.

Ban "ha instado al Gobierno de Sudán a seguir cooperando con las agencias de la ONU y los cooperantes, al tiempo que cumpla con la obligación de garantizar la seguridad de la población civil, el personal y la propiedad de la ONU y la de los cooperantes", dijo en una declaración la portavoz de la ONU, Marie Okabe

Petición de cooperación

La CPI pedirá la "cooperación de todos los Estados miembros del Estatuto de Roma, de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y, si fuera necesario, de otro Estado" para poder ejecutar la orden de arresto contra Al Bachir.

El departamento de Estado de EE.UU. defiende la decisión del Tribunal internacional y dice que las personas que han cometido atrocidades "deben ser llevados ante la justicia", señalando que no se tolerarán los ataques contra la población y los intereses extranjeros.

Protestas en las calles de Sudán

Para el ministro de Justicia sudanés, la orden de detención es "una decisión política" y ha reiterado que no reconocerá a la CPI porque este tribunal "no tiene competencia ni poderes en Sudán", a la vez que ha asegurado que "Al Bachir continuará sus labores de forma habitual".

Tras el anuncio de la orden de arresto, miles de sudaneses tomaron las calles del centro de la capital para protestar contra la decisión en medio de estrictas medidas de seguridad. Se congregaron delante de la sede del Consejo de Ministros y corearon eslóganes en contra de la orden y de apoyo al mandatario sudanés y contra los países occidentales, especialmente EE.UU.

Según el asesor presidencial, cuentan con apoyo de la Organización para la Conferencia Islámica, la Liga Árabe y la Unidad Africana, entre otras organizaciones internacionales. También ha apuntado que algunos países vecinos de Sudán ya han señalado que no cumplirán con la resolución de la CPI como Egipto, Libia y Eritrea, y ha manifestado su esperanza de que otros estados como Etiopía y Arabia Saudí la rechacen.

"Un gran día para las víctimas de Darfur"


Por otra parte, el portavoz de uno de los principales grupos rebeldes de Darfur, el Movimiento para la Justicia e Igualdad (MJI), Ahmad Husein Adham, ha calificado de "victoria" la orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir.

En declaraciones a la cadena de televisión qatarí Al Yazira, Adham dijo que "éste es un gran día que representa un éxito verdadero para las víctimas de Darfur, que alcanzan los 300.000 muertos y otros cientos de miles de desplazados".

"Es un gran día para la Justicia internacional y una gran victoria para el pueblo sudanés", se congratuló Adham, quien ha señalado que la resolución de la CPI será cumplida "tarde o temprano".

"El pueblo sudanés no acepta que le gobierne un presidente criminal", ha agregado. Asimismo, ha anunciado que su grupo está en contacto con todas las demás fuerzas políticas de Sudán "para salir de este callejón sin salida en que se encuentra el país".

El conflicto de Darfur

Omar al-Bashir, de 65 años, está acusado por crímenes cometidos en Darfur, la región occidental de Sudán desde 2003, que sufre una guerra civil que ha causado ya la muerte de 300.000 personas y más de 2,7 millones de desplazados, según la ONU.

Al Bachir, que ocupa el poder en Sudán tras un golpe militar que encabezó el 30 junio del 1989, es el primer presidente en ejercicio sobre el que la CPI emite una orden de arresto.

El conflicto de Darfur se inició en 2003 entre los Janjaweed (un grupo de milicianos de tribus arabizadas) y los africanos negros autóctonos de la región y ha derivado en la limpieza étnica de miles de personas y el desplazamiento forzoso de varios millones.

El conflicto se inició cuando estos dos grupos insurgentes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI) y el Movimiento para la Liberación de Sudán (MLS), se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.

Desde el inicio del conflicto, cerca de 300.000 personas han muerto y otros dos millones y medio se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.

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