El gallego: ¿normalización o imposición?

Era una manifestación para defender la "libertad para elegir" el idioma en el que quieren que estudien sus hijos y acabó a golpes y con al menos una docena de detenidos entre el grupo de independentistas que intentaron reventar la protesta. No fue ni en el País Vasco ni en Cataluña, sino en Galicia, donde la política lingüística no había llegado nunca a las manos, y se produjo apenas unos días antes de que comenzara la campaña de las elecciones autonómicas del 1 de marzo.

La manifestación, donde estuvieron presentes miembros del Partido Popular a título personal, según dijeron, y la líder de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, la organizó Galicia Bilingüe. Nació hace año y medio "no para defender una lengua" sobre otra "sino para defender el derecho civil" de que cada ciudadano sea atendido en la Educación y la Administración en la lengua que elija, sea en gallego o castellano. "Que se pueda escoger y que no se presione a nadie a través de subvenciones", explica a RTVE.es su presidenta, Gloria Lago.

Este mismo lunes han entregado más de 100.000 firmas a la Xunta a favor de la libertad de elección lingüística.

Pero, ¿se ha convertido en un problema la política lingüística en Galicia? ¿Hay imposición, como mantiene Galicia Bilingüe, o lo que se está produciendo es una normalización, como sostiene la Xunta? Una equiparación, por otra parte, que según colectivos como A Mesa pola Normalización Lingüística, está todavía muy lejos de alcanzarse, porque sigue primando el castellano.

La secretaria general de Política Lingüística de la Xunta, Marisol López Martínez, insiste a RTVE.es que el Gobierno gallego (en manos del PSdeG y el BNG) lo único que ha hecho es desarrollar el Plan General de Normalización Lingüística aprobado "por unanimidad en 2004 con el PP gobernando".

Desde la Xunta, López Martínez "rechaza cualquier forma de agresión", reconoce el derecho de Galicia Bilingüe a manifestarse, pero califica de "grave" que en esa protesta se les "comparase con etarras", según asegura, por defender el gallego igual que el castellano.

"Ellos sabrán si procede crear un conflicto donde no lo había y si quieren volver a una época prefraga", afirma la secretaria general de Política Lingüística de la Xunta. Asegura que el problema está creado por "un grupo muy pequeño y líderes que no conocen la situación de la lengua castellana en Galicia", añade en alusión a Rosa Díez.

Una de las medidas más polémicas de estos cuatro años de bipartito ha sido la aprobación del Decreto 124/2007 que regula el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo.

La nueva normativa fija que al menos el 50% de los contenidos se dé en gallego, pero no fija ningún mínimo para el castellano.

Aunque constantemente hace referencia a que al acabar la enseñanza obligatoria los alumnos deben tener la misma competencia lingüística en gallego y castellano, López Martínez reconoce que "podría darse" el caso en el que todas las asignaturas se dieran en gallego excepto la lengua y literatura castellana.

Depende del proyecto lingüístico que tiene que aprobar cada centro. Lo diseña el claustro y luego lo tiene que aprobar el Consejo Escolar y la inspección.

Desde Galicia Bilingüe se quejan además de que se reserva el gallego para impartir las materias con mayor importancia académica (matemáticas, ciencias naturales, geografía e historia, biología, etc.) y se deja el castellano para Educación Física, Plástica, Religión, etc. siempre que se quiera, porque podrían darse también en gallego.

"Es un falso decreto del 50%", sostiene Gloria Lago, que asegura que "el registro culto de un idioma se aprende en el colegio" y que si el gallego se reserva para las asignaturas troncales, ese nivel no se alcanzará para el castellano en la calle.

López Martínez niega que "haya asignaturas vacías" e insiste en que "no se excluye el castellano, sino que se refuerza el gallego".

Pero desde Galicia Bilingüe insisten en que quieren elegir el idioma en el que estudian sus hijos y rechazan que lo que demanden sea la segregación. Y para ello esgrimen el informe conocido la semana pasada que se debatirá en el Parlamento europeo y que subraya que "ningún escolar podrá ser privado de la enseñanza en la lengua oficial del Estado".

Lago también critica la política de subvenciones puesta en marcha por el bipartito que hace "imposible", por ejemplo, ser un joven creador en Galicia si se utiliza el castellano en lugar del gallego.

Están en contra también, por ejemplo, de que se den ayudas a los comercios que rotulen sólo en gallego como recogía una proposición de ley presentada el año pasado.

"Esto no es un invento de Galicia Bilingüe y no vamos a parar", afirma Lago, que ha denunciado ante la Justicia lo que creen que es una "trama organizada" contra ellos.

"El gallego no llega ni al 50%"

Sin embargo, en Galicia no todos piensan igual. El presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, afirma que hay un "incumplimiento masivo" del polémico decreto y que la enseñanza en gallego no llega ni siquiera al 50% porque no hay material y porque hay docentes que teniendo los libros en gallego imparten las clases en castellano.

Y Callón también tira de documentos. En concreto de la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias que el Consejo de Europa hizo público el pasado 11 de diciembre de 2008.

En él se "elogia" el proyecto de las Redes Galescola, escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años, y se recoge que "la educación en gallego no está ampliamente disponible a nivel de la enseñanza primaria y secundaria y el número de niños de educación preescolar cubiertos por este sistema educativo sigue siendo muy bajo (1,31%)".

El mismo documento subraya, no obstante, que "la Carta no exige la enseñanza obligatoria en gallego para todos los alumnos, sino sólo que ésta se ofrezca para que todos los alumnos puedan recibir educación en gallego si sus padres así lo desean". Algo a lo que se agarran desde Galicia Bilingüe.

El documento es también especialmente crítico con el escaso uso del gallego en la Administración de Justicia. "Los retrasos eran notorios, ya que sólo se dispone de nueve traductores para 9.000 procedimientos". Por este motivo, recoge el informe, "los abogados alientan a sus clientes a emplear en su lugar la lengua castellana".

Los jueces que trabajan en gallego, continúa, "tienen dificultades debido a la inexistencia de textos oficiales traducidos, y de programas informáticos en gallego". Sólo hay diez magistrados "capaces de llevar los procedimientos en gallego y "apenas 10 de los 234 fiscales utilizaban el gallego", cuando el comité de expertos realizó la visita para elaborar el informe.

Desde la Mesa mantienen, por estos motivos, que "el gallego sigue estando en una situación precaria frente al castellano", asegura Callón a RTVE.es. La Mesa nació en 1986 y su lucha es "garantizar el derecho de poder vivir con normalidad en la lengua propia".

Una "manipulación" de lo que pasa

Para Callón existe una "manipulación que está funcionando hacia el conjunto del Estado" y asegura que "no es una novedad que se diga que el castellano está desapareciendo" en Galicia. Ya se decía hace 15 años, según recuerda.

"El enfrentamiento es una creación artificial del Partido Popular, una crispación artificial. Nadie está en contra del castellano", afirma Callón.

De momento, el gallego ha dejado de ser una lengua en peligro de extinción según el Atlas que presentó la UNESCO el pasado jueves, aunque la Mesa no está para nada de acuerdo.