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El Gobierno promete una nueva Ley del Aborto que incorporará lo mejor de la legislación de otros países

El Gobierno anuncia una nueva ley del aborto que enviará al Congreso el primer semestre de 2009

  • Un comité de 13 expertos asesorará al Gobierno para elaborar el nuevo texto

  • La nueva ley podría entrar en vigor a finales de 2009 o principios de 2010

  • La ministra de Igualdad descarta la reforma de la ley actual y apuesta por una nueva

  • En la actualidad se puede abortar por violación, malformación del feto y riesgo para la madre

  • En 2006, el último año del que hay datos, abortaron más de 100.000 mujeres en España

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La nueva ley del aborto comenzará su tramitación parlamentaria en el primer semestre de 2009, cuando el Gobierno envíe al Congreso el nuevo proyecto de ley. La futura normativa, que no será una reforma de la ley actual sino un texto nuevo, podría entrar en vigor a finales del año que viene o principios de 2010.

Trece expertos juristas, ginecólogos y técnicos
de los Ministerios de Presidencia, Justicia y Sanidad asesorarán al Gobierno con vistas a la elaboración de una nueva ley del aborto. Además del comité se creará una subcomisión parlamentaria en el Congreso que paralelamente debatirá la nueva ley. Para ello, podrá contar también con la opinión de especialistas. El objetivo es que la norma se elabore con el "mayor consenso posible".

Tras la constitución de este comité de expertos, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha destacado en declaraciones a la prensa que el Gobierno se propone "elaborar una nueva ley del aborto y no una reforma de la actual" con el objetivo de convertir esta norma en la "mejor ley posible". El comité tendrá un plazo de seis meses para presentar sus conclusiones, que el Gobierno podrá utilizar para elaborar su proyecto de ley.

La ley actual del aborto, aprobada en 1985, contempla la posibilidad de abortar en tres supuestos: por violación (en las 12 primeras semas de gestación), por malformación del feto (en las 22 primeras semanas) y por riesgo para la salud física y psíquica de la madre (sin límite).

Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, en España abortaron 101.592 mujeres en 2006. La mayoría, el 96,98%, por riesgo para la madre.

El objetivo de la nueva ley es garantizar la seguridad, confidencialidad y equidad tanto de las mujeres que interrumpen voluntariamente el embarazo como de los profesionales sanitarios.

"No puede ser que en España una mujer tenga dificultades para interrumpir su embarazo o que el tratamiento que reciba sea distinto en función de la comunidad en la que resida", ha añadido Aído, quien ha asegurado que, en estos momentos, no está en condiciones de avanzar cómo será la ley, que podría entrar en vigor a finales de 2009 o principios de 2010.

"Por eso queremos", ha añadido, "un debate serio, sosegado y de altura que contribuya a la elaboración de la mejor ley posible".

Sin presencia de las clínicas en el comité

En el comité de expertos no hay ningún representante de las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo, algo que estos centros abortistas dicen no entender.

Finalmente, la asociación de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) no formarán parte del grupo de expertos. Preguntada por este aspecto, la ministra ha subrayado que mantendrán contacto "permanente" con sus profesionales para recabar sus opiniones y mantenerlos informados del discurrir de la nueva ley, que será "la mejor posible".

Los expertos

Entre los trece miembros del comité de expertos figuran José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I; Elena Arnedo Soria, ex concejala socialista de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid y especialista en Ginecología y Obstetricia; Javier Martínez Salmeán, jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Madrid, y María Durán Febrer, jurista especializada en violencia de género.

Además, forman parte José María Bedoya Bergua, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la universidad de Sevilla; Consuelo Catalá Pérez, ex responsable del área de Salud del Instituto Valenciano; Francisco Donat Colomer, ginecólogo y catedrático de enfermería materno-infantil de la universidad de Valencia, y Patricia Laurenzo Capello, catedrática de Derecho Penal en la universidad de Málaga.

Representarán a los ministerios José Luis Rodríguez Álvarez, director general de coordinación jurídica del Ministerio de la Presidencia; Justino Zapatero Gómez y Viviana Caruso Fontán, asesores del gabinete del Ministerio de Justicia, José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, y Concepción Colomer, directora del Observatorio de Salud de la Mujer.

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