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El polémico canon digital

  • Dos millones de personas firmaron para pedir la retirada del canon
  • Los consumidores critican que pagan "justos por pecadores"
  • El canon estuvo a punto de ser revocado en el 2007 y la UE lo revisará

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El canon digital, con el que se pretende compensar a los autores por las copias que se hacen de sus obras, es objeto de una fuerte respuesta por parte de los consumidores y de debate entre los políticos, hasta el punto de que protagonizó uno de los momentos más tensos de la última campaña electoral.

El canon digital es una sobretasa para todos los equipos y soportes donde se puedan almacenar copias de obras intelectuales de cualquier tipo, como vídeos, archivos de música o imágenes. Formalmente, lo pagan los fabricantes, pero como estos suben el precio de sus productos, finalmente la tasa recae sobre los consumidores.

Con ese dinero se compensa a los autores y editores de obras intelectuales, que, según la Ley de Propiedad Intelectual, tienen "derecho irrenunciable" a cobrar una cantidad por cada reproducción que se haga de su obra. Es decir, en teoría, cada vez que alguien haga una copia de una canción en un soporte electrónico, debería pagar los derechos al autor.

Como esto, logísticamente, es muy difícil de llevar a cabo, se ha instaurado el canon, que se aplica sobre el precio de los propios soportes. Entre otros, sobre los CD, DVD, ordenadores, fotocopiadoras e impresoras, y a partir del 20 de junio sobre los teléfonos móviles y los MP3 o MP4. Por ejemplo, por cada DVD regrabable que compramos, 0,44 euros se va en concepto de canon; 3,15 euros en el caso de los populares MP3, herederos de los walk-man.

La evolución de la ley

La idea de gravar los soportes en los que copiar no es nueva. En España se aplica desde 1987, aunque sólo afectaba a medios analógicos, como las cintas de casete o VHS. Desde septiembre del año 2003 se gravan también soportes digitales.

El Gobierno elaboró en el 2006 una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (pdf 104 Kb), que entró en vigor el día 7 de julio de ese año. La ley decía que debían ser los propietarios de los derechos y los fabricantes de equipos quienes se encargaran de pactar las nuevas tarifas, pero no hubo acuerdo. Los fabircantes se mostraron en contra de la tasa.

Fueron los ministerios de Educación y Cultura y del de Industria, Turismo y Comercio los que consensuaron el nuevo canon en diciembre del 2007, al tiempo que dejaron claro que el objetivo de la medida no es frenar el creciente pirateo de películas, música y otros productos digitales.

Sin embargo, esta nueva fórmula del canon estuvo a punto de ser tumbada en el Senado a través de una enmienda de Entesa Catalana (que reproduce la formación del tripartito en el gobierno catalán). El 20 de diciembre de 2007, el Congreso rechazó esa opción gracias a los votos de PSOE, IU y Chunta Aragonesa. El PP lideró entonces la oposición al canon, aunque fue bajo su gobierno cuando se creó. Espantada la derogación, el nuevo canon digital entró en vigor el 1 de enero del 2008.

Un debate abierto

Por su parte, la Unión Europea anunció a mediadios de febrero que propondrá un nuevo modelo "proporcional a las pérdidas". Tasas similares a la española se pagan en todos los páises, salvo Irlanda, Reino Unido, Malta, Chipre y Luxemburgo. 

El canon siempre ha suscitado enfrentamientos pero, con la popularización de los formatos digitales, la polémica ha sido aún mayor. Los que se oponen a esta medida se agrupan en la plataforma Todos Contra el Canon, en la que hay usuarios, sindicatos y asociaciones de todo tipo. En febrero entregaron al Gobierno más de dos millones de firmas de ciudadanos en contra de la tasa.

Se quejan, sobre todo, porque consideran injusta la aplicación del canon a la hora de comprar, ya que eso iguala a los que piensan utilizar los soportes para un uso personal con los que les da un uso ilícito. Algo así como hacer que paguen "justos por pecadores". En el foro abierto por RTVE.es y YouTube en las últimas elecciones, fue una de las cuestiones más planteadas por los internautas.

Mientras, el candidato del PP, Mariano Rajoy, llegó a tildar de "untados" a los artistas "que viven del canon", por el apoyo que un grupo de ellos dio al PSOE.

Los 'gestores' de la tasa

El canon lo cobran y reparten las entidades de gestión de los derechos las que cobran el canon, salvo un 20% que se destina, por ley, a actividades culturales como promoción, formación y asistencia a los autores. En España hay siete gestoras, entre ellas la SGAE.

En un artículo de reciente publicación, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, recogía el malestar de los usuarios que entienden que el canon digital "no es el salario de los autores, sino el de los que gestionan los derechos de los autores".

El Gobierno, junto con los autores y editores, ha calculado que los derechos de compensación por copia privada que reciben los autores y editores deberían ser de más de 100 millones de euros anuales (unos 35 millones por libros y 75 el resto). Otras fuentes doblan esa estimación.

Los autores y editores consideran "obvio" que, cada vez que se hace una copia para uso privado, se deja de vender un ejemplar original y hay que compensarlo. Han llegado a pedir que se le retire la conexión a internet a cualquier persona que se descargue contenidos protegidos.

La SAGE asegura que España es el país con mayor número de descargas "ilegales" de internet. Según sus datos, durante el 2007 se realizaron 1.200 millones de descargas (por 800 millones el año anterior).

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