El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha defendido la actuación de los ocho guardias civiles que participaron en la detención de Igor Portu y Martín Sarasola.

Ha hecho estas afirmaciones un día después de la moción aprobada por el Ejecutivo vasco sobre las supuestas torturas de la Benemérita a etarras.

Para Rubalcaba, el Instituto Armado dio una versión plausible de lo ocurrido y él la hizo suya, por lo que ha manifestado que en la resolución aprobada en la Cámara vasca "se dicen cosas que no son ciertas y que son muy graves".

Asimismo ha explicado que en el Estado de Derecho no se "ampara nada", a pesar de que "todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes para que denuncien torturas inmediatamente después de ser detenidos".

Aguirre pide que Zapatero no se reúna con Ibarretxe

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido  al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no reciba al lehendakari, Juan José Ibarretxe, la próxima semana por lo que considera "una ofensa a todos los españoles, y muy especialmente a la Guardia Civil", 

Aguirre ha realizado estas declaraciones ante el monumento a las víctimas del terrorismo instalado en la Plaza de la República Dominicana. "Hoy yo quisiera transmitir un mensaje al presidente Rodríguez Zapatero, y ese mensaje tiene que ver con el acuerdo de ayer del Parlamento vasco" ha afirmado Aguirre. 

La presidenta madrileña ha destacado que sólo 24 horas después de haber enterrado al último servidor público víctima de los terroristas de ETA, en referencia a Juan Manuel Piñiel, asesinado por la banda terrorista en la madrugada del miércoles en Legutiano (Álava), la cámara vasca ha decidido poner una moción condenando "unas torturas que de ninguna manera pueden considerarse en el fiel de la balanza con los asesinatos terroristas", ha afirmado.

Expresión de la sociedad vasca

El consejero de interior vasco, Javier Balza, ha manifestado que "el texto merece todo el respeto" porque está aprobado por "la mayoría" de la Cámara vasca y es, por lo tanto, la expresión de lo que piensa la mayoría de esta sociedad.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha expresado su malestar por las acusaciones vertidas por el texto aprobado en la cámara vasca. De la Vega ha aseverado que la acusación "carece de todo fundamento" y no tiene "ningún apoyo".

"El presidente del Gobierno ya lo dijo ayer; apoyamos el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Felizmente vivimos en un Estado de Derecho que garantiza cualquier situación que se pueda producir al margen de la legalidad", ha concluido.

Graves acusaciones al Gobierno

Estas declaraciones se producen tras la aprobación de una iniciativa en la que acusa al Gobierno central de "amparar sin excepción" y de forma "sistemática" a las fuerzas policiales ante las denuncias de torturas o malos tratos de detenidos, y le pide que cese en la concesión de indultos a agentes condenados por ello.

La proposición, presentada por Aralar, se ha debatido pese a que desde el PSE-EE, su portavoz, José Antonio Pastor, ha pedido a esta formación que pospusiese su discusión para no empañar la imagen de unidad que han dado los partidos, tras el asesinato de Juan Manuel Piñuel.