La Sala del 61 del Tribunal Supremo se reune este lunes para estudiar las alegaciones que han presentado Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) contra las demandas de ilegalización que planteó la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

El Supremo admitió a trámite estas demandas el pasado mes de febrero. Según establece la Ley de Partidos, las formaciones tenían un plazo de 20 días para contestas a las mismas.

Esta primera reunión tiene lugar tras concluir la huelga de funcionarios de Justicia que ha durado dos meses. Está previsto que el alto tribunal comience a deliberar sobre la admisión o denegación de las pruebas solicitadas en sus escritos tanto por los demandantes como por los partidos demandados.

Es probable, según explican desde el alto tribunal, que no haya de momento ninguna resolución sobre las pruebas. De hecho, cada parte, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, tendrá un plazo de 20 días para formular alegaciones a las pruebas de la otra parte.

Sólo después de analizar las últimas formulaciones, el Tribunal Supremo dictará sentencia. En ella se podrá declarar la disolución del partido o desestimar las demandas. Esta resolución sólo podrá recurrirse ante el Tribunal Constitucional.

Medio año para Batasuna

En el caso de la ilegalización de Batasuna, transcurrieron más de seis meses desde que se presentaron las demandas, a principios de septiembre de 2002, hasta que se dictó sentencia el 23 de marzo de 2003.

El tiempo de resolución respecto de ANV y PCTV dependerá en gran medida, según las mismas fuentes, de lo que dure el periodo de propuesta, admisión y práctica de pruebas.

La Sala del 61 también intervino con ocasión de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2007 con respecto a determinadas formaciones que se sospecharon sucesoras de Batasuna. Fue el caso de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB).

En dicha ocasión el proceso fue más rápido porque no se trataba de ilegalizar esta formación, sino simplemente impedir su inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior.