Prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Forcadell por su "actuación principal" en el proceso independentista

Renuncia a cualquier acción fuera de la Constitución

El juez Llanera rechaza la prisión incondicional que pedía la Fiscalía para Forcadell, Corominas, Guinó y Simó porque, aunque exista riesgo de fuga, este "se difumina" por el hecho de que los imputados han comparecido siempre que se les ha citado tanto ante el Supremo como ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que también les investiga. Y lo han hecho en "contraste con otros encausados en este proceso, que se encuentran actualmente fugados", en alusión al expresidente Carles Puigdemont y los cuatro exconseller que le acompañan en Bruselas.

Tampoco ve riesgo de reiteración delictiva porque todos los querellados "han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier acción fuera del marco constitucional".

En el auto, el juez destaca la "actuación principal" de Carme Forcadell respecto a los otros investigados "tanto por su intervención medular" durante todo el proceso independentista como "por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido" en todas las fases.

Forcadell aportó "el aparente soporte" legal al procès

Como presidenta de la Asociación Nacional Catalana (ANC) antes de presidir el Parlament, el instructor señala que Forcadell "perfiló, asumió y comprometió" una hoja de ruta que pasaba por "la concienciación y movilización colectiva" que habría sido instrumentalizada para conseguir el objetivo de la independencia. Ya en el Parlament, continúa el magistrado, "perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia, y que aportó el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba".

Durante su declaración, Carme Forcadell, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó habían acatado la aplicación del artículo 155 de la Constitución y destacado el "carácter simbólico" de la DUI, pero los fiscales del Supremo pidieron la medida cautelar más dura al ver riesgo de que los diputados volvieran a delinquir.

Ante la petición de prisión incondicional, los cuatro utilizaron el turno de última palabra para ir más allá y desvincularse de la vía unilateral para conseguir la independencia, según fuentes jurídicas citadas por Efe.

El uso de las movilizaciones como "violencia coactiva"

Gran parte del auto se centra en analizar si en los hechos investigados concurre el "alzamiento violento y público" necesario para hablar de un delito de rebelión. Para ello, el instructor examina el uso de las movilizaciones ciudadanas como "instrumento" de los promotores del procès para conseguir la secesión.

El juez puntualiza que para que un alzamiento sea violento no es necesario que "incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes", sino que se manifiesta también "cuando integra la ostentación de una fuerza y se muestra la disposición a usarla" para "intimidad a los podres legalmente constituidos".

En este sentido, el magistrado cree que los promotores del independentismo se valieron de la exhibición de los "puntuales focos violentos" que se producían en las manifestaciones como "espoleta de una eventual explosión social que ellos podían modular y, por tanto, como violencia coactiva para la consecución de sus fines".

Un "violento germen que arriesgaba expandirse"

Como muestra de esta "clara y plural expresión de esta violencia", el magistrado incluye la ocupación organizada de calles por centenares de tractores, el "asedio" de edificios de la Administración del Estado, el "aislamiento" de los agentes y la comisión judicial en la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre con el destrozo de varios automóviles de la Guardia Civil, el "asedio de los hoteles" donde se encontraban los guardias civiles y policía nacionales; los cortes de carreteras y barricadas de fuego, etc.

Entre estos comportamientos, el juez también incluye las "murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación" en el referéndum del 1 de octubre, "haciendo en ocasiones recular a los cuerpos policiales o forzando a estos a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesaria de otro modo".

Para el magistrado "todos estos comportamientos expresan el violento germen que arriesgaba con expandirse". Unos comportamientos, prosigue, que como apunta en su querella la Fiscalía fueron "conscientemente instrumentalizados" para conseguir la secesión.

De esta forma, concluye el auto, se amenazaba con una "determinación popular" que podía resultar "incontrolable" si se contrariaba. Unas movilizaciones que se contemplaron "siempre" como uno de los elementos del proceso de independencia, según el Tribunal Supremo.