Hablamos con el profesor de Derecho y Derechos Humanos de ICADE, Adam Dubin, sobre las consecuencias que podría tener la anulación de la doctrina "Roe vs Wade" que desde hace casi 50 años protege en la Constitución de EE.UU. el derecho a interrumpir el embarazo.
Cerca de 20 exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía han defendido su inocencia ante el Supremo. Entre ellos dos expresidentes. José Antonio Griñán está condenado a seis años de cárcel por malversación y prevaricación y Manuel Chaves, a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Misma condena que tienen los exconsejeros Gáspar Zarrías y Magdalena Álvarez. La Audiencia Provincial de Sevilla los condenó por crear un sistema de ayudas a empresas en crisis por valor de 690 millones de euros que repartieron sin controles para conseguir la paz social en Andalucía y mantenerse en el poder. En sus recursos, los abogados definen la sentencia como un disparate o plagada de errores.
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La decimotercera mujer asesinada por violencia machista ya había denunciado previamente a su pareja, pero hoy hemos conocido que no llegó a ratificar esa denuncia frente al juez. No es la primera vez que ocurre y es que muchas veces las víctimas se echan atrás por miedo y, finalmente, los maltratadores son absueltos. El Supremo ha intentado corregir esta brecha al no permitir que las mujeres no vayan a declarar, pero como indica Julia Clavero, socia de AABA Abogadas, lo ideal sería que, tras la primera denuncia y el primer juicio para la orden de alejamiento, “se diera la oportunidad de que a esa mujer la viera un psicólogo y sacara todo lo ocurrido durante la relación”.
Exigen también que no se deje todo el peso de la declaración en la víctima, como indica Cira García, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Albacete. Y piden que haya más organismos especializados.
Informa, Alba Urrutia.
La exmagistrada Manuela Carmena, en su programa "Máster en justicia", aborda la polémica suscitada por la enmienda presentada por el Grupo parlamentario socialista en el Congreso durante la tramitación de la ley del concurso de acreedores, que planteaba que el fiscal general del Estado cuando cesase se convirtiese en fiscal del Tribunal Supremo.
El Supremo se reafirma en su sentencia de febrero. Insiste en el derribo total de Marina Isla de Valdecañas, desestimando así el recurso de la Junta y los propietarios del complejo. El siguiente paso para intentar evitar la demolición es acudir al Constitucional.
Las normas para determinar si una persona que llega a España es o no menor de edad se van a modificar. El Gobierno tiene previsto aprobar este martes un anteproyecto que revisa ese protocolo, cuestionado por los tribunales. Este lunes se ha sabido que el Tribunal Supremo ha dado la razón a una mujer de Camerún que vino a España siendo menor de edad, pero la administración se negó a tutelarla.
El diputado del PP, Luis Santamaría Ruiz, ha preguntado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la sesión de control de este miércoles "qué le debe el Gobierno a la Fiscal General del Estado", después de que el PSOE haya presentado una enmienda a la ley concursal que le permitirá a la exministra y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ascender a la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo cuando deje su cargo. "La enmienda era un traje hecho a la medida de quien en realidad manda en la justicia española, que es la señora Dolores Delgado y en pago a los servicios prestados al Gobierno del que fue ministra", ha dicho Santamaría a Llop. A lo que la responsable del departamento de Justicia ha dicho que el Gobierno "no tiene ninguna deuda con la fiscal general y con la Fiscalía" y ha instado al PP a acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "El Gobierno trabaja en promover todas las medidas necesarias para una mayor independencia de todos los órganos del Poder Judicial respecto del poder Ejecutivo", ha dicho.
Foto: La ministra de Justicia, Pilar Llop, responde a una pregunta durante la sesión de control al Gobierno. EFE/Emilio Naranjo
El caso de Valdecañas abre la puerta a revisar la protección ambiental de otros puntos de Extremadura. La Junta ya ha remitido su propuesta a Europa. Un proceso espinoso porque difícilmente se cambiaría, salvo en caso de deterioro natural.
