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El Gobierno acusa al PP de "boicotear" su renovación y le exige intentar alcanzar un acuerdo para ello. El independentismo critica que es un órgano obsoleto después de que haya reclamado 5,4 millones a los líderes del 'procés'. El PP, por su parte, carga contra el "asedio sanchista" a este tribunal.

El Tribunal de Cuentas ha reclamado este martes un total de 5.422.879,48 euros a 42 ex altos cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos públicos a las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, para la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Así consta en la liquidación provisional complementaria realizada por el tribunal contable, a la que ha tenido acceso RTVE, una cantidad que se sumaría a los 4,1 millones de euros que el órgano fiscalizador calculó que costó la consulta ilegal del 1-O. La suma fijada es solidaria, pero a cada uno se le requiere una cantidad distinta en base a su actuación y el tiempo que estuvo en el cargo.

La cantidad más importante recae en el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, hasta 2,8 millones de euros, pero también se incluye al expresidente Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras, a los que exige más de 1,9 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas ha reclamado este martes un total de 5.422.879,48 euros a más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos a las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, para la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, con dinero público.

La cantidad más importante recae en el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, hasta 2,8 millones de euros, pero también se incluye al también expresidente Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras, a los que exige más de 1,9 millones de euros. Foto: EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y su Junta de Gobierno por la venta de 1.860 viviendas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) al 'fondo buitre' Fidere/Blackstone.

En el auto, los magistrados desestiman el recurso de casación que presentó el 11 de diciembre de 2019 la concejal socialista Mercedes González contra la resolución del Tribunal de Cuentas.

El 17 de julio, el Tribunal de Cuentas revocó una sentencia anterior que condenaba a Botella y a siete miembros de su equipo a abonar 22,7 millones de euros por la venta en 2013 a dicho fondo de inversión de 1.860 viviendas de la EMVS.

La sentencia inicial consideraba probado que la operación en la que fueron vendidas las viviendas pública por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado, generando un perjuicio al erario público de más de 25 millones de euros. Los vecinos afectados, a los que Fidere había subido el alquiler, mostraron entonces su satisfacción.

Sin embargo, esta sentencia fue revocada con los votos de dos consejeros de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas: Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Botella; y José Manuel Suárez, ambos nombrados a propuesta del PP. El tercer consejero, Felipe García Ortiz, propuesto por el PSOE, votó en contra.

Con el fallo de este jueves del Supremo se cierra la posibilidad de reclamar responsabilidades a la exalcaldesa por la venta de la vivienda pública.

El Tribunal de Cuentas ha elevado hasta los 66.577 millones de euros el coste de los recursos empleados en la reestructuración bancaria, lo que supone 5.859 millones de euros más que lo calculado al cierre de 2015. Así lo manifiesta el organismo en su 'Nota de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2018 del proceso de reestructuración bancaria', aprobada por el Pleno del Tribunal en su sesión del pasado 28 de noviembre.

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