La mesa del Parlament de Cataluña aprueba presentar una querella contra el juez que ha denegado el permiso a Jordi Sánchez para salir de la cárcel y asistir a su sesion de investidura, que ha tenido que suspenderse.
El presidente del Parlamento de Cataluña y dirigente de ERC, Roger Torrent, ha garantizado el "compromiso" de su partido con la república y con la "libertad definitiva", anteponiendo los "intereses de país a los de partido", aunque ello "cueste sacrificios electorales": "Estamos dispuestos a jugárnoslo todo". ERC ha celebrado su tradicional "fiesta de la república", que este año se ha convertido en una jornada reivindicativa en defensa de los derechos civiles y para reclamar la libertad de los dirigentes independentistas en prisión y de los que se encuentran fuera de España.
El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, ha calificado en Las mañanas de RNE de "muy graves" las acciones legales que quiere emprender el presidente de la cámara regional, Roger Torrent, contra el juez Pablo Llarena después de que el magistrado del Tribunal Supremo haya vuelto a denegar a Jordi Sànchez su asistencia al pleno de investidura convocado para este viernes.
"Es muy grave porque era el presidente de un órgano legislativo diciéndole a otro poder del Estado, al poder judicial, que es lo que tiene que hacer, y lo que ya rebasa todas las líneas rojas es que ese presidente que le decía a un juez lo que tenía que hacer, cuando el juez no ha hecho lo que el presidente quería le amenaza con una querella", ha subrayado el portavoz de la formación naranja.
Por primera vez Carles Puigdemont ha votado de forma delegada en una sesión del Parlament.
El expresidente catalán Carles Puigdemont ha llamado al Estado a dejar de "interferir" en el Parlament y le ha invitado a "cambiar de estrategia" para respetar los "derechos" políticos que a su juicio tiene el número dos de JxCat, Jordi Sànchez, para ser candidato a presidente de la Generalitat. Además, Puigdemont ha asegurado que la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU brinda la oportunidad al Gobierno español de aportar "soluciones" para "resolver políticamente un problema que a todas luces es politico".
