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Se trata de monitores y personal que participaRON en los campamentos entre 2022 y 2025. Se les acusa de delitos de carácter sexual, exhibicionismo y coacciones a menores. En el procedimiento están personados la Fiscalía y las diputaciones de Gipuzkoa y Álava, a través del Instituto foral de la Juventud. La Asociación de Abogados Cristianos ejerce la acusación popular