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La decisión del Gobierno de suprimir el impuesto del 7% a la generación eléctrica tiene como objetivo reducir de manera inmediata la factura de la luz a los consumidores, para hacer frente a la espiral alcista y ayudar a las familias con más dificultades. Así lo ha dicho en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha dejado claro que estarán muy vigilantes para que las electricas repercutan automáticamente esta reducción impositiva en los recibos.

"Tenemos que vigilarlo, tenemos que seguirlo, porque el destino final son los usuarios, son aquellos ciudadanos que todos los días encienden la luz, ponen la vitrocerámica, es decir, utilizan la energía eléctrica y, por tanto, estaremos muy vigilantes para que se consiga el objetivo con el que se ha planificado la medida, que es que el ahorro realmente repercuta en los bolsillos de los españoles", ha explicado.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dado luz verde a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las comunidades autónomas para el próximo trienio. Las cifras son las mismas que se presentaron en julio y que fueron rechazados por el Congreso, pero la diferencia es que esta vez han contado con el apoyo de la Comunidad Valenciana y que, por primera vez, se han desarrollado de forma telemática.

La propuesta del Gobierno contempla para las comunidades un objetivo de déficit para 2019 del 0,3% del PIB frente al 0,1% vigente, lo que supone un margen adicional de 2.500 millones de euros; en 2020 espera situar el déficit en el 0,1 y en 2021 en el 0%.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, iniciará la reforma fiscal del Gobierno con la inclusión, ya en los Presupuestos de 2019, de un tipo mínimo para el impuesto de sociedades para que los grandes grupos consolidados tributen de manera efectiva como mínimo al 15% sobre su base imponible.

Actualmente, el tipo nominal es del 25%, pero la aplicación de exenciones y deducciones rebaja el tipo efectivo sobre la base imponible hasta una media del 19%, de acuerdo a los últimos datos de la Agencia Tributaria, lo que significa que muchas empresas ya pagan más del 15% que el Gobierno quiere fijar como mínimo, aunque otras lo hacen por debajo y estas últimas serían las que se verían afectadas.

"La idea es que los que estén tributando por debajo de ese 15% se acerquen a ese nivel de tributación, algo que es justa y razonable", ha asegurado Montero.
 

El Gobierno no ha conseguido que el Congreso de los Diputados apruebe la senda del déficit y el techo de gasto, el meollo de los Presupuestos del Estado para 2019. PP y Ciudadanos han votado en contra, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias se han abstenido. Solo ha obtenido el apoyo del PNV. El Gobierno tendrá que presentar ahora un nuevo proyecto en el plazo de un mes y someterlo de nuevo a votación en la cámara.

El Gobierno coloca el techo de gasto para el año que viene en 125.000 millones, con un aumento del 4,4%, el mayor en 4 años. En cuanto al déficit, el límite para la administración central se fija en el 0,4%, en el 0,3 para las comunidades autónomas, en el 1,1 para la Seguridad Social, mientras que se espera que los ayuntamientos mantengan el equilibrio entre ingresos y gastos. La ministra de Hacienda ha apelado a la responsabilidad del PP para que no vete esta nueva senda en las Cortes.

El Gobierno modificará la regla de gasto que impone limitaciones presupuestarias a las administraciones públicas para hacerla más transparente y rigurosa, pero seguirá cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos con la UE. Así lo ha manifestado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. (20/06/2018)

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 presentados que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que "apoya" como un "tránsito" para que "no se paralice el país" pero que "no defiende", han superado en el Senado los cinco vetos a la totalidad presentados por Unidos Podemos, ERC, PDeCat, EH-Bildu y Compromís, casi dos semanas después de que prosperaso en el Congreso la moción de censura del PSOE contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy.