Los letrados de la Administración de Justicia están en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero y las negociaciones con el Ministerio de Pilar Llop se encuentran enquistadas. "Los gobiernos sucesivos nos han dado muchísimas funciones y competencias que antes no teníamos. Nosotros las hemos asumido y el sueldo sigue siendo el mismo desde el 2009", afirma Juan Manuel Ávila, representante de los letrados. Afirma que lo que piden no es un aumento salarial, sino una adecuación. Según Ávila, el Ministerio de Justicia pretende que sean representados por los sindicatos generalistas, algo que califica de "barbaridad" porque ellos son los jefes de los funcionarios que forman parte de dichos sindicatos y, por tanto, habría un "conflicto de intereses".
Se cumple ya la séptima semana de paro de los letrados de justicia y hoy han vuelto a ser convocados a huelga. “Los señalamientos de juicio que han sido cancelados se están señalando ya para el año que viene”, ha indicado en Las Mañanas de RNECarlos Fontenebro, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, que asegura que se está alargando el “retraso secular” de la justicia española. Explica también que se han retomado ejercicios como el pago de las pensiones o las bodas civiles, pero que el 90% de los procedimientos están paralizados, por lo que, aunque haya letrados que continúen en activo, los procesos que no han sido finalizados van a hacer mella incluso en la economía de nuestro país.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido el criterio unificador de la Fiscalía General de no rebajar penas a agresores sexuales con la ley del 'solo sí es sí', pero ha respetado tanto la decisión de los jueces de interpretar la ley como consideren, como la del legislador de tomar la decisión de corregir la norma.
"Los jueces siempre interpretan la legislación. Hay una tensión contenida entre legisladores y jueces en todos los estados de derecho del mundo, pero es una tensión hasta básica y necesaria" para la correlación de fuerzas, ha afirmado en una entrevista en La noche en 24 horas, en la que ha rechazado opinar sobre la reforma, ya que "acaba de comenzar". "Ahora mismo es objeto de absoluta polémica, y la Fiscalía no va a meterse en ella".
También ha mostrado su preocupación por las "situaciones dramáticas" a causa de la violencia de género y ha instado a promover todo aquello que "mejore el servicio público de la Justicia". "España puede sentirse orgullosa de cómo ha afrontado la violencia de género, pero vemos los repuntes con alarma", ha indicado.
Por otro lado, ha pedido dejar trabajar al Supremo para que pueda consensuar una decisión sobre el criterio de interpretación de la ley: "Los tiempos de la Justicia son diferentes".
Respecto a la violencia de género, García Ortiz ha explicado que "en las fiscalías de toda España se ven situaciones dramáticas", como las de dominio sobre la mujer. Es por ello que ha considerado positivo "dar todos los pasos posibles para que la formación y sensibilización de los fiscales sea la mejor posible" en esta materia.
En el Congreso de los Diputados se debate este martes la toma en consideración de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. Salvo sorpresas, se aprobará iniciar el trámite parlamentario para su modificación tal y como ha propuesto el PSOE.
Contará con el apoyo del PP y Vox y el voto en contra de Unidas Podemos, que acusa a los socialistas de comprar los argumentos de la derecha. En el PSOE creen que las decisiones judiciales ponen en evidencia la necesidad del cambio.
Mientras tanto, la secretaria general del Partido Popular y portavoz en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por la ley del 'solo sí es sí', "algo inadmisible en un país como el nuestro". Foto: EFE/ Mariscal
RTVE ha tenido acceso a la declaracion de Miguel Ángel Robayna, uno de los empresarios imputados. Asegura que el mediador, Navarro Tacoronte le ha estafado.
El Congreso espera la orden judicial para autorizar el registro del despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, presunto cabecilla del caso Mediador. La juez rechaza poner en libertad al general retirado por riesgo de que destruya pruebas.
FOTO: Juan Bernardo Fuentes (derecha), junto a su abogado, Raúl Miranda, a la salida de la Audiencia Provincial de Tenerife. EFE/Ramón de la Rocha
Un juzgado de Madrid ha abierto una investigación por la llamada Operación Cataluña, sobre presuntas maniobras de grupos policiales dirigidos por el Ministerio del Interior para desacreditar al independentismo. Lo ha hecho raíz de una querella presentada por el expresidente del Barça Sandro Rosell, que pasó por la cárcel para finalmente ser absuelto. En el informativo 24 horas de RNE, hemos entrevistado a su abogado, Pau Molins, que afirma que "a través de actividades delictivas y aprovechándose de los mecanismos del Estado, se dedicaron a montar una causa judicial". Basa sus acusaciones en las declaraciones del excomisario Villarejo en un programa de TV3, que empujaron a Rosell a iniciar la causa judicial, que fue rechazada por dos juzgados hasta que finalmente ha sido admitida a trámite en Madrid. "Hasta ahora, la justicia española no ha tenido mucho interés en aclarar las implicaciones de esta trama político-policial", asevera Molins.
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