En la parte económica del acuerdo entre PSOE y Junts, nada está cerrado. Está por negociar cómo facilitar que vuelvan a Cataluña miles de empresas que trasladaron su sede social. Algunas ya han dicho que, de momento, no se lo plantean. El pacto abre también la cuestión de la financiación, y los independentistas quieren la cesión de todos los impuestos que se pagan allí.
Es uno de los mantras del independentismo: que ha habido una persecución judicial contra ellos, sólo por sus ideas. El llamado ‘lawfare’. Y su aparición en el acuerdo entre el PSOE y Junts ha sido uno de los puntos más polémicos. El PP cree que es una “grave intromisión en el Poder Judicial”. Y las asociaciones de jueces y fiscales también han mostrado su rechazo y preocupación.
El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de haber "engañado a todo el mundo" porque, ha recordado, en campaña electoral dijo que no habría amnistía porque era "inconstitucional", y ahora acaba de pactarla con ERC y Junts.
"Sánchez ha engañado a todo el mundo, y sobre todo, a quien más ha engañado es a quien le ha votado", ha señalado en una entrevista en La Hora de La 1.
Para Tellado, el cambio de opinión se debe al "estado de necesidad" de Sánchez para lograr su investidura. Por ello, ha apelado a los "socialistas de verdad" a que "le paren los pies" al líder del PSOE.
FOTO: EFE/Ángeles Visdómine
Las asociaciones de jueces y fiscales han expresado su "profunda preocupación" por el acuerdo entre el PSOE y Juntspara investir a Pedro Sánchez, al considerar que podría suponer una "intromisión en la independencia judicial". Concretamente, ponen el foco en las referencias al lawfare o judicialización de la política.
El magistrado Ignacio González Vega, exportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, ha afirmado en el informativo 24 horas de RNE que hay que evitar "términos gruesos como fin de la democracia, ruptura de España o hecatombe del Estado de Derecho". Considera que el debate principal radica en el párrafo del lawfare, que define como "oscuro y difícil de entender". González Vega considera que el sistema jurídico español dispone de suficientes garantías en caso de que alguien considere que una investigación responde a una "intencionalidad política", lo que supondría "un delito de prevaricación". Por ello, cree que la inclusión de este tipo de causas en el acuerdo para la ley de amnistía "pugna contra la independencia y la separación de poderes".
El encaje jurídico y la dimensión de la amnistía ha sido el principal obstáculo durante las negociaciones entre PSOE y Junts. En 24 horas de RNE nos preguntamos qué supone que se haya incorporado el término de lawfare al acuerdo entre ambas formaciones y qué consecuencias puede tener. Nos lo explica Araceli Sánchez.
Hay decenas de personas con causas judiciales pendientes por el procés. Antes de las elecciones del 23J, Pedro Sánchez y todo el PSOE rechazaba la amnistía; el giro se produjo tras los resultados electorales. Foto: COEX / AFP
Hasta llegar al acuerdo han sido muchas las idas y venidas de los negociadores de los dos partidos con Bruselas como centro de operaciones. Y muchas las horas de guardia de los periodistas para ese acuerque se ha hecho esperar una semana. Foto: Junts
PSOE y Junts han firmado un acuerdo sobre la ley de amnistía que permitirá el decisivo y clave apoyo del partido de Carles Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez, que se celebrará la semana que viene. Tras largas jornadas de conversaciones, intercambio de documentos y consultas a juristas, este jueves ha habido 'fumata blanca', de madrugada, y los dos partidos han acordado los términos, el perímetro y el alcance de la amnistía a los encausados por el 'procés'. El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el número tres del PSOE, Santos Cerdán, han rubricado este pacto, el más complicado y delicado para los socialistas. Y no solo es un pacto de investidura, sino que también Junts se compromete a dar estabilidad a la legislatura.
