Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

La ley permite trasladar a otras comunidades a los menores migrantes que llegan solos cuando se triplica la capacidad de acogida en lugares tensionados como la ciudad autónoma de Ceuta, desbordada desde la entrada masiva de finales de julio. El Gobierno insiste en que hace falta la colaboración de la Administración de la ciudad para los traslados a la península.

Según el Ejecutivo, hay 2.321 menores registrados ya en Ceuta. Sus expedientes ya se están revisando con los representantes legales. Desde el Colegio de la Abogacía de Ceuta reconocen que estudiar cada caso lleva tiempo. Ahora tramitan unos diez al día.

FOTO: EFE

James Chambers, activista estadounidense propalestino y multimillonario, fue detenido en julio en Ibiza por una orden de la Interpol a petición de Estados Unidos, por presuntamente financiar a organizaciones cercanas al grupo paramilitar Hamás. Su defensa denuncia una persecución. Ahora está en prisión provisional en Madrid y mañana el Gobierno de España tendrá que decidir sobre su extradición. Su defensa denuncia una "clara persecución política".

El caso entra ahora en una semana clave. El sistema de extradición en España es de carácter mixto político y judicial. Actualmente se encuentra en la primera fase política. El Consejo de Ministros tiene la potestad de decidir si archiva el proceso directamente o si deriva la documentación tramitada por Estados Unidos a la Audiencia Nacional.

Fotografía: Chedly Ben Ibrahim / Getty Images

El Ejecutivo y los socios de investidura condenan la agresión a la diputada de Ceuta Ya! y culpan a PP y a Vox de alimentar, dicen, los discursos de odio. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este lunes ha estado por cuarta vez en Ceuta desde que empezó la crisis, ha asegurado que no hay protesta que justifique ningún acto de violencia. En Vox condenan "todo tipo de violencia" pero señalan a Pedro Sánchez como responsable. Los de Abascal creen que el presidente del Gobierno es el causante de este tipo de episodios.

EFE/ Roberto Ruiz Oliva

El Gobierno ha condenado la decisión de Juan Carlos Peinado de decretar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. Según fuentes del Ejecutivo, durante toda la instrucción "ha quedado clara y demostrada su inocencia" y aseguran que "así quedará también demostrado en el juicio". "Denunciamos que se trata de una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", añaden.

"Son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción", insisten desde el Ejecutivo. Asimismo, mantienen "plena confianza" en que el jurado que juzgará a ambas será "ecuánime e impartirá justicia".

También desde el Gobierno consideran "intolerable" que se notifique un auto de esta causa coincidiendo con un viaje internacional del presidente del Gobierno. Además, afean que el auto se haga público "antes de ser notificado a las partes".

FOTO: Francisco J. Olmo / Europa Press