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El expresidente de Caja Castilla La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó ha asegurado que su papel en la entidad era el de "animador sociocultural", y ha defendido que las cuentas del ejercicio 2008 que la entidad presentó al Banco de España eran "transparentes y provisionales". CCM -ahora integrada en Liberbank- fue la primera entidad española en ser intervenida en esta crisis, después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones. La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de dos años y medio de cárcel para Moltó y el ex director general de la caja manchega Ildefonso Ortega al considerar que falsearon las cuentas de la entidad, al considerar que ambos llevaron a cabo "una maniobra contable" para que los estados financieros de la caja reflejaran unos beneficios de 29,86 millones en lugar de 182,2 millones de pérdidas.

El abogado Miquel Roca elevará una protesta ante la Audiencia de Palma tras la resolución de llevar a la infanta Cristina a juicio en el caso Nóos, por considerar que se aparta de la "literalidad de la ley y de la doctrina consolidada y vinculante del Tribunal Supremo".

"Desde la seriedad y el respeto a todas las instituciones judiciales", Roca ha valorado así en declaraciones a la prensa la resolución de la Audiencia de Palma, que ha decidido hoy que la infanta Cristina siga como acusada en el caso Nóos, con lo que, ha considerado, se le impone "la pena del banquillo".

Miquel Roca ha dicho que los periodistas y la propia Infanta se han enterado de la resolución de la Audiencia antes que él, lo que también ha lamentado, y ha reconocido que ahora se abre una nueva etapa en la estrategia de su defensa

Federico Ramos de Armas, hasta ahora subsecretario de Presidencia ha dimitido este viernes, según asegura, para defender su honorabilidad en relación con el caso que investiga a Acuamed. Ramos habría participado, según fuentes jurídicas, en reuniones en las que supuestamente se benefició a la constructora FCC. Acuamed es una empresa pública participada al 100% por el ministerio de Agricultura. La ministra asegura que se revisarán todos los contratos firmados con FCC.

Habría importantes constructoras, como Acciona y FCC, entre las compañías beneficiadas por el presunto fraude de la empresa pública Acuamed. Según fuentes de la investigación, hay directivos detenidos, entre ellos el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, del que depende Acuamed, ha explicado que el consejo de administración tuvo conocimiento de una denuncia por presuntas irregularidades hace un año y medio, y que la interpuso un directivo que fue cesado. Entonces no se apreciaron indicios de delito.

Estas cuatro fundaciones vinculadas a Convergència aparecen en el informe: Catdem, Forum, Nous Catalans y Òmnium, una de las impulsoras del proceso independentista. A esta última Teyco le dio 20.000 euros en 2008 y 2009. Según Òmnium se trata de aportaciones legales y CDC asegura que las donaciones recibidas no tienen vinculación con la obra pública. Los investigadores sospechan lo contrario, porque muchas veces se pagaban justo el mismo día que salía una obra a concurso. 

La Guardia Civil ha detenido a diez personas y ha practicado 15 registros en Madrid, Murcia y Valencia este lunes en el marco de la Operación Frontino, que investiga contratos presuntamente fraudulentos de la empresa Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Entre los arrestados están el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, la directora de Ingeniería y Construcción de esta misma entidad, María Gabriela Mañueco, y los delegados de la empresa pública en Murcia, J.M.G., y en Valencia, P.M.M., según informa Efe. Entre los detenidos también hay personas relacionadas con las empresas adjudicatarias de los contratos investigados. Fuentes fiscales han precisado a Europa Press que el Ministerio Público relaciona a varios empleados de esta empresa con la comisión de delitos de prevaricación, fraude y falsedad en relación con adjudicaciones tramitadas por este organismo para la realización de obra pública acuaria en la cuenca del Mediterráneo.