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El Govern de las Islas Baleares ha expropiado 56 viviendas vacías en el archipiélago para destinarlas al alquiler social. Una medida que la consejería de Movilidad estima necesaria para corregir la situación que viven las personas sin acceso a una vivienda. Los inmuebles serán expropiados por una duración de siete años y se les abonará una cantidad de 1,8 millones de euros en contraprestación. Esta expropiación de uso, o cesión de uso, es una medida incluida en la Ley de la Vivienda de las Islas Baleares aprobada en 2018 y es pionera a todo el Estado. FOTO: Manuel H. De León / EFE

El conseller de Movilidad y Vivienda de las Islas Baleares, Josep Marí, ha firmado hoy la primera resolución para la expropiación de uso de viviendas vacías de grandes tenedores inscritas en el Registro de grandes tenedores de las Illes Balears. En esta primera resolución de expropiación se incluye un total de 56 viviendas por un plazo de 7 años. Esta expropiación de uso o cesión de uso es una medida pionera a todo el Estado. La resolución firmada hoy supone el inicio de la expropiación del primer paquete de pisos vacíos de grandes tenedores que se podrán incorporar al parque de vivienda social que gestiona el IBAVI durante siete años.

Las puertas se han abierto para la comitiva encargada de hacer el inventario de los objetos que se guardan intramuros del Pazo que fue residencia de verano del dictador Francisco Franco y que la justicia sentenció que es un bien público. En su interior se guardan objetos que no formarían parte de las pertenencias de la familia Franco. Bienes ligados a Emilia Pardo Bazán, anterior propietaria: tapices, mobiliario o el retablo de la capilla, así como la biblioteca, de la que se guarda una parte, ya que el resto está custodiada por la Real Academia Galega después del incendio de 1976. También forman parte del patrimonio del Pazo las estatuas románicas de la Catedral de Santiago, las pilas bautismales, del siglo XII, de la Iglesia de Muxía; pinturas de Zuloaga o Álvarez de Sotomayor. Entre otros objetos. El 10 de diciembre se ejecutará, provisionalmente, la sentencia y el Pazo pasará a ser de titularidad pública.

Los 16 consejeros de Repsol han aprobado al preacuerdo según el cual Argentina indemnizaría a la petrolera española con 3.700 millones de euros en bonos de deuda de ese país. Sería la compensación por nacionalizar, hace un año y medio, el 51% de YPF en manos de Repsol. La decisión ha sido unánime pero el presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, no ha asistido y ha delegado su voto en Antonio Brufau.

Sería la compensación por nacionalizar el 51% de las acciones de YPF en manos de la petrolera española. Los pagarían con bonos de deuda argentina, canjeables por dinero en los mercados internacionales. El preacuerdo se cerró en Buenos Aires en una reunión entre los gobiernos argentino y español y representantes de YPF y de Repsol. Sin su presidente, Antonio Brufau, pero con sus principales accionistas, entre ellos, la mexicana Pemex.

La Junta de Andalucía ha iniciado los trámites de expropiación de un piso de Huelva, cuyos ocupantes iban a ser desahuciados. El actual propietario, un fondo de inversión, tiene 15 días para presentar alegaciones. Es la primera solicitud de expropiación temporal desde la entrada en vigor del decreto andaluz, que permite esta medida. Su legalidad la estudia estos días la Troika. Quiere comprobar si es compatible con las ayudas a la banca aprobadas por Bruselas. Si Andalucía valida la expropiación, la familia seguirá en la vivienda pagando un alquiler social.