Francesc, de 54 años, ha sufrido dos infartos y tres ictus desde 2020. Aunque cuenta con el aval médico y del Comité de Evaluación de la Generalitat, su padre recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido que su muerte asistida deberá ir a juicio. Este es el segundo caso en las últimas semanas. Desde la plataforma Derecho a Morir Dignamente Cataluña critican la instrumentalización de los tribunales para dilatar los plazos, lo que erosiona el derecho a la eutanasia. En marzo, una jueza de Barcelona avaló la muerte asistida de una joven de 24 años, a pesar de la negativa de su padre.
La titular del juzgado de lo contencioso número 12 de Barcelona ha avalado la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida el pasado mes de agosto, a través de un recurso en los tribunales.
En su sentencia, la jueza desestima el recurso que presentó el progenitor de la joven, representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, contra la decisión de la Generalitat de dar luz verde a su eutanasia, tras el primer juicio celebrado en España por el derecho a la muerte digna.
El padre se oponía a la eutanasia alegando que su hija sufre problemas mentales que la incapacitaban para tomar esta decisión, pero la titular argumenta que no se ha aportado ninguna prueba de que tenga disminuidas las capacidades, que además fueron analizadas por diversos profesionales durante el procedimiento.
La jueza que acordó suspender cautelarmente la eutanasia a una joven de 23 años de Barcelona la pasada semana ha decidido mantener esta paralización y eleva el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La magistrada tiene dudas sobre sus competencias, por lo que ha dejado que sea el alto órgano catalán quien decida. La Comisión de Garantía de Cataluña y Evaluación, integrada por especialistas médicos y juristas, había avalado la petición de eutanasia efectuada por esta joven de Barcelona, que sufre una lesión medular severa, motivo por el que debe estar en una silla de ruedas. El padre de la joven, representado por el colectivo católico Abogados Cristianos, se opone a la muerte asistida de su hija argumentando que sufre problemas mentales.
La justicia catalana ha paralizado la eutanasia de una joven de 23 años tras un recurso de su padre, después de que la joven solicitara la muerte asistida. Padece trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, y además carece de movilidad completa por una lesión medular desde 2022, es por ello por lo que quería acabar con su vida de forma digna.
Cristina Vallés es portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Cataluña, y en el 24 horas de RNE ha lamentado este caso, si bien desde su asociación no lo conocían hasta que se ha publicado en los medios de comunicación. Añade que la ley de eutanasia es una ley "garantista": "Esperamos que no vuelva a ocurrir".
Vallés, aunque entiende el dolor de la familia, defiende que la eutanasia sólo la puede pedir la misma persona y considera una "intromisión intolerable" este caso. "Creemos que la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña es un órgano absolutamente fiable, si han dado la aprobación es pertinente", insiste.
La portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Cataluña ha explicado que el caso será desestimado: "A nivel judicial tiene muy poco recorrido, pero supone para la persona un sufrimiento horroroso [...] Cualquier situación que alargue el proceso más de lo necesario es un sufrimiento para las personas que piden la eutanasia", sentencia.
Cuando se cumplen tres años de la ley de eutanasia, asociaciones y familiares critican las trabas que todavía existen para acceder a este derecho. Desde que entró en vigor, según los datos provisionales del Ministerio de Sanidad, 1.476 personas la han solicitado y se ha aplicado a 686.
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Casi un tercio de las personas que piden la eutanasia en España mueren mientras se tramita su solicitud. Es la denuncia que hacen desde Derecho a morir dignamente (DMD) cuando se cumplen tres años de la entrada en vigor de la ley. Hablamos con Javier Velasco, presidente de DMD: "Es enormemente difícil y tedioso recabar datos", asegura. Esta falta de transparencia "indica una falta de responsabilidad por parte de las administraciones públicas, que ni siquiera cumplen lo que la ley prescribe: la publicación de un informe anual de la aplicación de la ley". "Y los últimos datos del Ministerio de Sanidad son de 2022", añade. A esto se suma el retraso en la resolución de los casos, con una media de 75 días, más del doble de lo que deberían demorarse, y el gran número de solicitudes que son denegadas: el 20% del total. Detrás de muchas de estas denegaciones está la falta de profesionalidad médica, denuncian desde DMD.
