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El Tribunal Constitucional alemán dictaminó este miércoles que las disposiciones legales que imponen penas de prisión de hasta cinco años a quien ayude a morir a una persona son contrarias a la ley fundamental.

El tribunal dictaminó que el párrafo 217 del Código Penal vigente desde 2015 y que establece esa pena para quien ayude a morir a una persona que desea acabar con su vida es contrario a la Constitución alemana.

En Alemania, según esa disposición, la eutanasia activa es punible, aunque está permitido interrumpir las medidas destinadas a mantener con vida a un paciente si es eso lo que este desea.

Ya en 2019 el Tribunal Supremo alemán había declarado inocente del cargo de homicidio a dos médicos que habían ayudado al suicidio de tres pacientes, preparando dosis mortales de medicamentos a solicitud suya.

Al anunciar la sentencia el presidente del Constitucional, Andreas Vosskühle, dijo que hay un derecho del individuo a determinar la forma y el momento de su muerte.

De los cinco proyectos que se han presentado, tres han sido aprobados por la amplia y mayoritaria representación parlamentaria. El más votado ha sido el socialista, que ha contado con 127 votos a favor. Tras un largo debate de tres horas y con cientos de personas manifestándose en contra, ahora el desafío es integrar los cinco textos en uno solo, aunque la última palabra la tiene el presidente de la República.

  • Se pretende acabar con las actuales penas de hasta ocho años de cárcel que se aplican a quienes ayuden a una persona a morir
  • La votación ha estado precedida de una enorme tensión por la división que la eutanasia genera en la sociedad portuguesa

El Parlamento de Portugal ha aprobado tramitar una ley que despenaliza la eutanasia, una medida inédita en el país vecino. Fuera de la Cámara, una manifestación al grito de "sí a la vida, no a la muerte". Un estudio oficial ha desvelado que el 43 por ciento de los portugueses respaldan la eutanasia, frente al 28 por ciento que la rechaza. El resto, no opina. La eutanasia, en Europa, solo está legalizada en los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Informa Javier Álvarez.

Empieza a tramitarse este jueves gracias al apoyo de la mayoría del Parlamento, pero la despenalización de la eutanasia está lejos de ser un tema que genere consenso en la sociedad de Portugal, sumida desde hace días en uno de sus mayores debates públicos de los últimos años.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la tramitación de la ley de despenalización de la eutanasia con 203 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones. Una norma que los socialistas ha llevado por tercera vez al parlamento y que ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo PP y Vox. El Gobierno espera que la ley esté tramitada antes del verano. Informa Rosa Carreño.

Rafael es tetrapléjico desde hace 15 años por un accidente de tráfico y está a favor de la legalización de la eutanasia. "Si llega un día en el que ya no pueda aguantar más, ¿qué tengo que hacer? ¿Buscar un fármaco en clandestinidad y morir en soledad? ¿Tengo que irme a otro país?", se pregunta.

Ni pensar en la muerte quiere Jordi, un barcelonés de 35 años que padece desde hace cinco esclerosis lateral amiotrófica, ELA. "Yo no soy nadie para decir que se prohíba la eutanasia como un derecho, pero, si se legalizara como en Holanda o en Bélgica, se fomentaría la cultura de la muerte y aumentaría la desconfianza en la sanidad pública.

La regulación para ayudar a morir que este martes comienza su tramitación en el Congreso es también objeto de debate en los países de nuestro entorno. Bélgica, Luxemburgo y Paises Bajos han sido pioneros en la despenalización de la eutanasia y otros están pendientes de regularla. En Italia existe el testamento vital y los cuidados paliativos que a veces están detrás de una aceleración del final de una vida, pero, legalmente, la eutanasia y la asistencia al suicidio siguen estando prohibidas y están castigadas en el código penal con hasta 12 años de cárcel.

Rafael es tetrapléjico desde hace 15 años por un accidente de tráfico y está a favor de la legalización de la eutanasia que este martes se debate en el Congreso de los Diputados. Cuenta que al principio llegó a tener un buena vida en silla de ruedas, pero hace cinco años comenzó a sufrir un dolor cada vez más fuerte que le mantiene en la cama a pesar de la medicación. "Si llega un día en el que ya no pueda aguantar más, ¿qué tengo que hacer? ¿Buscar un fármaco en clandestinidad y morir en soledad? ¿Tengo que irme a otro país?", se pregunta. Ni pensar en la muerte quiere Jordi, un barcelonés de 35 años que padece desde hace cinco esclerosis lateral amiotrófica, ELA. "Yo no soy nadie para decir que se prohíba la eutanasia como un derecho, pero, si se legalizara como en Holanda o en Bélgica, se fomentaría la cultura de la muerte y aumentaría la desconfianza en la sanidad pública", reflexiona con la ayuda del ordenador que le permite hablar.

La eutanasia llega este martes al Congreso. Es la tercera vez que la proposición de ley del PSOE para despenalizarla inicia su camino parlamentario. Los grupos ya han explicado cuál va a ser su posición y la mayoría del Congreso está a favor de su tramitación. Por su parte, el PP ha presentado una alternativa para, según su criterio, garantizar la muerte digna. Tanto los populares como Vox creen que detrás de la propuesta socialista está la intención de recortar gasto social y han anunciado que votarán en contra. Ciudadanos, que, en principio sí apoyará esta proposición de ley, ha presentado otra de cuidados paliativos que dicen, es complementaria

La ley que llega esta tarde al Congreso concreta que podrán solicitar la prestación de ayuda para morir "toda persona mayor de edad, de nacionalidad española o residencia española, que se encuentre en los supuestos de enfermedad grave e incurable, pero capaz y consciente en el momento de la solicitud".

El enfermo debe hacer dos solicitudes por escrito para pedir la aplicación de la eutanasia. Primero la recibe y analiza el médico responsable del paciente y después otro experto de un equipo médico diferente. Por último, una comisión de control que va a depender de cada comunidad autónoma, establecerá si corresponde o no conceder la ayuda a morir.

La ley recoge la objeción de conciencia del médico y establece que el procedimiento estará incluido en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública. Informa Ainhoa Caballero