El Gobierno se ha amparado este jueves en un acuerdo firmado con Marruecos en 1992 para devolver a las 116 personas de origen subsahariano que cruzaron el miércoles la valla fronteriza de Ceuta. El reino alauita aceptó readmitirlos el mismo día del salto y la Policía los ha expulsado de uno en uno, con asistencia letrada y sanitaria.
Más de 150 palestinos han muerto y 4.100 han resultado heridos por balas israelíes en los últimos cuatro meses. La falta de recursos, los hospitales saturados y la gravedad de las heridas nublan el futuro en la Franja de Gaza.
El barco humanitario de las ONG SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras con 141 migrantes a bordo permanece sin rumbo entre Italia y Malta ante la negativa de estos países a permitir su desembarco. Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez permitió atracar al Aquarius en junio en Valencia al tratarse de una "situación excepcional" y Barcelona ha ofrecido su puerto, en este caso fuentes de Moncloa han indicado que España "no es el puerto más seguro" para el barco porque no es el más cercano, según establece el Derecho Internacional.
En el Día Mundial contra la Trata de Personas es necesario visibilizar y concienciar sobre la situación de las víctimas. La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo se ven obligadas a trabajos forzosos. En esa cifra se incluye también la explotación laboral y sexual. Son sueños convertidos en pesadillas, un negocio cuya mercancía son las personas. Sueñan con una vida mejor en Europa pero lo que se encuentran al llegar es la esclavitud del siglo XXI. La mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. Según el último informe de Naciones Unidas, el 70%. El otro 30, niños. Las organizaciones demandan una ley integral para la atención de las víctimas, además de acciones de lucha contra este delito. Piden que se haga de manera ordenada la prevención, la persecución y la protección de las mujeres porque la trata es una de las violaciones más grandes de derechos humanos.
El Gobierno de Donald Trump ha reunido a más de 1.800 familias que habían sido separadas como consecuencia de la política de "tolerancia cero" contra la inmigración del presidente horas antes de que finalizara el plazo dado por el juez. Los menores han estado separados entre tres y cinco meses. Sin embargo, 750 niños no han podido volver con sus padres por el estado criminal de los padres, por estar encarcelados o por haber sido deportados.
