La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reconocido ante el tribunal que la juzga por el caso Máster que no defendió su trabajo de fin de máster ante un tribunal, sino que solo "lo entregó". Describe la entrega como "un acto muy informal" y en el que expuso "las líneas generales" y dice que no sabe si las personas a las que les entregó el trabajo fin de máster formaban o no parte del tribunal.
Cristina Cifuentes pasó de delegada del Gobierno en Madrid a convertirse en la heredera de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad, tras desbancar a Ignacio González. El caso Máster, al que ahora se enfrenta en los tribunales, truncó su fulgurante carrera política dentro del Partido Popular. Está acusada de un delito de falsedad documental por el que podría enfrentarse a una pena de tres años y tres meses de prisión.
En Italia se ha llevado a cabo una nueva operación contra la mafia calabresa que en los úlitmos años se había consolidado como la más peligrosa del país y de Europa. Pero desde hace unos meses no hace más que encajar golpes. Hoy han sido detenidas casi cincuenta personas, con perfiles de todo tipo, incluso cargos políticos. Uno de ellos es Lorenzo Chesa, el número dos de la Unión de Centro, y el consejero de presupuestos del gobierno de Calabria, Francesco Talarico, del mismo partido. Habrían acordado ayudar a conseguir contratos públicos a empresas de la Ndrangheta, la mafia calabresa. A cambio los mafiosos habrían garantizado su apoyo electoral.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes llega este lunes a la Audiencia Provincial de Madrid para asistir a la primera sesión de su juicio como presunta inductora de la falsificación del acta que acredita que había defendido su máster, unos hechos por los que la Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de cárcel.
Foto: EFE/David Fernández
La Audiencia Provincial de Madrid comienza este lunes el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, quien se enfrenta a una petición del fiscal de tres años y tres meses de cárcel por el caso Máster. El Ministerio Público acusa a la exdirigente del PP de ser la inductora de la falsificación del acta que acredita que había acabado y defendido su máster, lo que no hizo.
Foto: Imagen del año 2019. EFE/Javier Lizón
El Gobierno de Países Bajos ha presentado su dimisión en bloque por acusar de defraudadores a beneficiarios de ayudas sociales, la mayoría de origen inmigrante, que se vieron obligados a devolver el dinero. Una comisión de investigación parlamentaria concluyó que esas acusaciones y sospechas no tenían ninguna base y que el Gobierno cometió una injusticia sin precedentes. El Ejecutivo seguirá en funciones hasta que se celebren las elecciones dentro de dos meses. El primer ministro, Mark Rutte, tiene la intención de volver a presentarse.
El excomisario José Manuel Villarejo ha declarado en su primer proceso como acusado que no calumnió al exdirector del CNI Félix Sanz y ha asegurado que Sanz amenazó de muerte a Corinna Larssen, la examiga del rey Juan Carlos I. Larssen ha corroborado esas afirmaciones de Villarejo en su declaración por videoconferencia desde Londres y ha relatado cómo una empresa de seguridad intervino su apartamento en la capital británica para instalar micrófonos. Larssen dice que Juan Carlos I le explicó que era una operación para protegerla de los paparazzis y que le dijo que era él quien daba las órdenes. Villarejo se enfrenta a una petición de dos años de prisión por calumnias y denuncia falsa.
El líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que la Monarquía fue uno de los principales promotores de un modelo económico que fue la base institucional de la corrupción y que la Corona encarna un modelo centralista. En una intervención por videoconferendia en el Consejo Ciudadano de Podemos, Iglesias ha defendido además la labor de su formación en el gobierno.
En la imagen, Pablo Iglesias durante un pleno en el Congreso. FOTO: EFE/Kiko Huesca
Golpe a la mafia rusa en España. La policía ha detenido, junto con Europol, a 23 personas por su presunta vinculación con una red de blanqueo de dinero tras más de siete años de investigación. Entre los detenidos hay políticos, empresarios y también agentes de la policía y de la Guardia Civil. La red tenía infiltrados en instituciones públicas para que les ayudaran a invertir grandes cantidades de dinero ilegal en negocios españoles. Los agentes han encontrado 300.000 euros, diamantes, coches de lujo y armas de todo tipo. Foto: Policía Nacional
La Policía ha detenido a 23 personas en una operación contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso. La organización planeaba infiltrarse en instituciones del Estado y para eso ser servían de abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos.
Informa Laura Alonso
