El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investigará contratos de cinco ministerios del segundo Gobierno de Aznar. Según el auto, al que ha tenido acceso Televisión Española, se trataría de 23 contratos que fueron adjudicados a la empresa Cnstructora Hispánica, cuyo entonces presidente fue condenado en el caso Gürtel.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dado luz verde a la petición de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que se investiguen 23 contratos de obras adjudicadas entre 2002 y 2004 durante la etapa del Gobierno de José María Aznar por valor de unos 570 millones de euros, según informaciones obtenidas por RTVE. El pasado 30 de diciembre, la UDEF pedía que "con fin de concretar" los indición que tenían, se investigarán contratos de hasta coco ministerios, de ADIF, Aena y Renfe para "allegar elementos indiciarios sobre el objeto" de la investigación. Informa Ángeles Bazán
La secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez, nos ha contado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso en este Día Internacional contra la corrupción que todavía queda mucho por hacer. "Nos fallan mucho los mecanismos preventivos", dice, y esto es importante en un momento en el que vamos a recibir mucho dinero de Europa. El controlador no puede depender del controlado y en eso, según explica, hemos avanzado poco, la pandemia ha demostrado la carencia en la transparencia porque muchas veces no tenemos los perfiles adecuados
En el Día Mundial contra la Corrupción, Manuel Villoria, miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional España y catedrático de Ciencias Políticas, ha repasado algunas de las reformas que se deberían acometer en nuestro país para luchar contra esta lacra con más garantías. En Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, Villoria ha asegurado que los españoles tienen la percepción de que hay enormes casos de enchufismo, clientelismo político y politización en los nombramientos y que las reformas deberían ir encaminadas a perseguir ese tipo de prácticas. Villoria considera importante, asimismo, regular los lobbies, proteger a los denunciantes de corrupción y fortalecer la imparcialidad de las instituciones públicas. El catedrático cree este año ha sido “un test de estrés” para las instituciones españolas "en términos de cooperación, coordinación y transparencia" y ha pedido a los responsables políticos que gestionen de manera íntegra los recursos que el país va a recibir para superar la crisis económica. “Este país no puede permitirse el lujo de que el dinero que va a llegar de Europa se gestionen de forma no honesta. El golpe para nuestra imagen y nuestra economía sería terrible”, ha afirmado.
El Gobierno dice desconocer si el rey emérito está ultimando una regularización fiscal, tal y como publica el diario 'El País', que asegura que, en el foco, estarían alrededor de medio millón de euros gastados a través de tarjetas opacas sin declarar cuando ya había abdicado. Eso supone que Juan Carlos I ya había perdido la inviolabilidad que le otorga la Constitución. Se investigan los gastos durante tres años, de 2016 a 2018, efectuados supuestamente por el rey emérito a través de una tarjeta opaca vinculada a un empresario mexicano amigo suyo. Las informaciones hablan de que los abogados del rey emérito estarían intentando negociar una amnistía fiscal y por tanto, pagar lo que en su día se habría dejado de abonar en impuestos para evitar el delito. Los ministros José Luis Ábalos y Carolina Darias aseguran que no están al tanto de esa operación e insisten en que la ley es igual para todos.
Hoy ha declarado ante el juez del caso Kitchen Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas, que luego pasó a ser confidente de los policías que espiaron al ex-tesorero del PP. Lo ha hecho de forma voluntaria y como siempre, con un casco de moto para ocultarse a su llegada y salida de la Audiencia Nacional.
Ríos ha comparecido durante algo más de una hora en esta parte secreta relacionada con el registro en su domicilio hace un mes en el que se incautaron móviles y material informático.
El juez quiere saber qué papel jugo en esta trama, cuál fue el encargo exacto, cómo recibió dinero y si sustrajo material comprometedor para el PP.
Nicolás Sarkozy se ha convertido esta mañana en el primer expresidente francés en sentarse en el banquillo de los acusados. Retirado de la política, se enfrenta a diez años de prisión y una multa junto con su abogado y un juez, por corrupción, tráfico de influencias e incumplimiento del secreto profesional en el llamado caso de las escuchas.
El que fuera presidente de Francia entre 2007 y 2012 considera que todo es una injusticia, que la verdad saldrá a la luz, que el caso es grave y que le afecta a él y su familia.
El caso nace de la investigación de los jueces contra Sarkozy por presunta financiación ilegal desde Libia de la campaña presidencial que ganó en 2007. Pinchando sus teléfonos, descubrieron que se comunicaba con su abogado por una línea anónima en la que escucharon que habría que ayudar a un juez por un puesto en Mónaco. A cambio el juez dio información sobre otro proceso de presunta financiación ilegal a Sarkozy en el caso Betancourt.
El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha negado ante el juez que supiera que algunas partidas de los fondos reservados se destinaban a hacer seguimientos al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Pérez de los Cobos, que entonces dirigía el gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha asegurado que su papel se limitaba a un mero control contable de los fondos reservados, que solo comprobaba si los importes que se le reclamaban entraban dentro de las cantidades permitidas y que, por tanto, desconocía el contenido de las operaciones o si había confidentes en ellas.
En medio de enorme expectación Sarkozy llegaba, en torno a la una de la tarde, al Tribunal de París donde será juzgado por corrupción y tráfico de influencias. El que fuera Presidente de la República desde el 2007 al 2012 se enfrenta hasta a diez años de cárcel por intentar corromper a un magistrado que era abogado ante el Supremo, para que le ayudara en una investigación en su contra. Esto se supo porque el ex presidente tenía pinchado el teléfono ya que se le investigaba también por otro caso. Sarkozy llegó a tener una línea telefónica con un nombre falso para este tipo de "conversaciones conspiratorias" con su abogado, según la investigación.
Sarkozy tiene 65 años y está retirado de la política. Dice que es inocente y que está siendo víctima de un complot político. Tiene otros dos procedimientos judiciales pendientes relacionadas con la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial del 2012 y la del 2007, para la que habría recibido fondos del régimen de Gadafi.
Nunca Francia ha visto a un expresidente en el banquillo. Chirac, ya fallecido, fue juzgado y condenado por desvío ilegal de fondos pero no llegó a comparecer por su frágil estado de salud.
El expresidente francés Nicolás Sarkozy comparece este lunes ante un tribunal de París para ser juzgado por presunto soborno y tráfico de influencias, una de las causas que tiene pendientes con la Justicia. A Sarkozy se le acusa de corromper a un magistrado del Tribunal Supremo para que le ayudara en otra causa en la que está imputado.
Sarkzoy, presidente de Francia entre 2007 y 2012 y reetirado de la política desde 2016, tiene otros dos procesos abiertos por financiación ilegal de su campaña electoral.
El político conservador niega todas las acusaciones e insiste en que se trata de una campaña en su contra.
Se trata de la primera ocasión en la que un expresidente francés podrá ser visto en el banquillo de los acusados. Cuando Jacques Chirac, presidente entre 1995 y 2007, fue juzgado y condenado en 2011 por crear empleos ficticios en la alcaldía de París evitó comparecer ante el tribunal alegando problemas de salud.
El responsable de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, ha defendido ante el juez que todos los servicios contratados con la consultora Neurona para las elecciones de 2019 se desarrollaron correctamente y se ha desvinculado de los pagos que hiciese después esta mercantil a otras sociedades.
Del Olmo ha declarado este viernes como imputado ante el Juzgado de instrucción número 42 de Madrid junto al responsable de Finanzas del partido, Daniel de Frutos; la gerente, Rocío Val; y la responsable de compras, Andrea Deodato, en la causa donde se investiga un contrato de Podemos con Neurona para los comicios del 28A de 2019.
